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Tegucigalpa. AFP y EFE. Honduras vive un clima de gran agitación política a medida que se acerca la celebración de una encuesta promovida por el presidente Manuel Zelaya, este domingo, en la que se consultará a la población si quiere que se convoque a una Constituyente con miras a permitir la reelección presidencial.
Con excepción de grupos populares de izquierda, todos los sectores políticos hondureños se oponen a la idea e incluso el Parlamento aprobó en la madrugada de ayer una ley que regula las consultas populares.
Los legisladores aprobaron de forma unánime un reglamento que impide en Honduras realizar referendos o plebiscitos 180 días antes o 180 días después de las elecciones generales o municipales, lo que debería impedir a Zelaya celebrar la encuesta popular para reformar la Constitución a partir del año 2010.
Ayer, Eduardo Enrique Reina, secretario privado del presidente, declaró que pese a la decisión del Congreso la consulta “se mantiene porque no es vinculante” y se enmarca en una “ley de participación ciudadana aprobada desde el 27 de enero de 2006”, cuando asumió el actual gobernante.
Además, Reina agregó que, como la encuesta no simula ni un referéndum, ni un plebiscito, queda sin efecto la legislación que aprobó el Congreso que regula esas figuras ratificadas en el 2004, pero que permanecían sin reglamento interno.
Cuarta urna. Según el plan del presidente, el domingo se planteará a los hondureños si aprueban o no que en la elección del 29 de noviembre próximo se instale una cuarta urna para decidir si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Carta Magna.
La Constitución actual entró en vigencia en 1982 y tiene 374 artículos. Siete de ellos son por ahora irreformables, entre ellos, los vinculados a la reelección presidencial y la forma de gobierno.
Si en las elecciones se aprueba convocar a una Constituyente, esta abrirá la puerta a la reelección presidencial lo que, según varios sectores, busca Zelaya, quien ha reiterado su negativa a seguir en el poder luego del 27 de enero de 2010, cuando concluye su actual mandato.
No obstante, sí ha dejado entrever que, una vez cambiada la Constitución y si la voluntad popular lo pide, él podría volver al poder.
El proceder del presidente ha desafiado así al Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia que han resuelto que la consulta es ilegal y viola la Constitución.
El único organismo que puede hacer ese tipo de consultas es el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, Zelaya empezó a gestar en febrero su proyecto mediante el Instituto Nacional de Estadísticas, que realizará la encuesta con apoyo de otras instituciones.
Pese al rechazo legal a su iniciativa, Zelaya se ha dedicado de lleno a buscar el respaldo popular y, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, pidió a los militares apoyo logístico para la consulta, tema sobre el que los militares siguen sin definir su posición; al menos públicamente.
Esa situación hizo que diversos sectores, incluso del Gobierno, recordaran a los militares que no pueden obedecer una orden de Zelaya que violente la Constitución.
