La normativa debutó con el arresto por robo de tres jóvenes, de 14 y 17 años, que fueron sometidos a audiencias de control de detención, donde jueces les asignaron distintas sanciones.
El menor de 14 años –aprehendido por robar el radio de un vehículo– quedó con un régimen especial de vigilancia y obligado a asistir al colegio.
Los otros dos jóvenes de 17 años –sorprendido uno robando en una casa vacía y el otro bienes de uso público– quedaron detenidos en un centro especial administrado por el Servicio Nacional de Menores.
Con el anterior sistema, el joven de 14 años no hubiera recibido ninguna sanción, al no ser considerado imputable por la justicia, mientras que los de 17 años habrían sido sometidos a un juicio de discernimiento, donde con base en informes sicológicos se determinaría si eran capaces de distinguir entre el bien y el mal.
En caso de ser declarados sin discernimiento –cosa que era lo más frecuente– eran liberados sin sanciones, por lo que era usual que menores fueran utilizados por delincuentes mayores.
En cambio ahora, los menores juzgados cumplirán sus condenas en centros especiales, cuya infraestructura no estará aún lista.