EscucharMadrid. EFE. La Casa Real española adoptó ayer la decisión sin precedentes desde la entronización del rey Juan Carlos I en 1975, de apartar de los actos oficiales a uno de sus miembros, el duque de Palma, yerno del monarca, así como de hacer más transparentes sus cuentas.
Ambas decisiones, anunciadas ayer por el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, responden al escándalo que crece como una bola de nieve desde que hace más de un mes se conociera que Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, está siendo investigado con respecto a un gran caso de corrupción.
La polémica arrancó cuando el fiscal anticorrupción de la región de Baleares ordenó el registro en Barcelona de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos, fundación sin ánimo de lucro que Urdangarín creó y presidió entre el 2004 y el 2007.
A partir de ahí, la prensa española ha venido desgranando un goteo continuo de datos del sumario secreto de este caso, ilustrando cómo el duque, junto con su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, ya imputado, presuntamente se enriquecieron con millones de euros provenientes de fondos públicos.
Si hasta ahora la Casa Real se había limitado a declarar su respeto por la investigación judicial, la dimensión del escándalo y la erosión que provoca en la propia institución de la Corona, llevó ayer a dar los nuevos pasos.
Realeza se desmarca. Spottorno apuntó, por primera vez, que el comportamiento del esposo de la infanta Cristina sobre sus negocios “no parece ejemplar” ante las “confusas y reiterativas”, pero “suficientemente ilustrativas”, filtraciones del sumario, pero pidió respeto a su presunción de inocencia.
El jefe de la Casa del Rey anunció que Urdangarín dejará de participar en actividades oficiales de la familia real, pero lamentó el “juicio paralelo” abierto en la opinión pública contra alguien que no está aún imputado, aunque se da por hecho que lo será próximamente.
Spottorno también dijo que “ya se verá” si la infanta Cristina, hija menor del rey, dejará de asistir a actos oficiales.
Según se ha divulgado, la infanta Cristina es dueña, con su esposo, de la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas de la presunta red tejida por Urdangarín.
Otra consecuencia del caso es la promesa de que la Casa del Rey publicará en su web oficial, antes de fin de año, un desglose de cuentas en capítulos y subcapítulos como el resto de Administraciones Públicas. La transparencia en el empleo por parte del rey de la asignación anual de casi 9 millones de euros ($11,8 millones) era reclamada hacía tiempo por algunas fuerzas políticas, así como por amplios sectores de la sociedad, especialmente en el contexto de la grave crisis económica que vive España.
