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La Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución impulsada por Alemania y Brasil en contra del espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad en la era digital.
“Reafirmamos el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”, dice la resolución aprobada hoy por unanimidad en el pleno de la Asamblea General.
El texto se lleva negociando desde hace meses al calor del escándalo generado por las denuncias de espionaje a gran escala de los servicios de inteligencia de Estados Unidos a partir de las revelaciones del extécnico de la CIA Edward Snowden.
La resolución hace mención al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recogen el derecho de los ciudadanos a protegerse de esas prácticas.
El texto exhorta a los países a respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales, tras recordar que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, incluida la privacidad.
También insta a los Estados a adoptar medidas para acabar con esas violaciones y a crear las condiciones necesarias para impedirlas, cerciorándose de que la legislación nacional se ajusta a sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
La resolución pide a los países examinar sus procedimientos, prácticas y legislación sobre vigilancia e interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala.
El texto expresa “profunda preocupación” por los efectos negativos que pueden tener para el ejercicio y goce de los derechos humanos la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones, incluidas la vigilancia y la interceptación extraterritoriales.
Durante las negociaciones se hicieron “algunas concesiones” para acomodar las “preocupaciones” expresadas por varios países, entre otros de Estados Unidos o Reino Unido, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas durante las negociaciones.
Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas no son legalmente vinculantes, pero no pueden ser vetadas por ningún país y representan el sentir mayoritario de la comunidad internacional.
