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Ante el más de medio centenar de planes reguladores que permanecen atascados, las autoridades del sector Vivienda preparan tres "curitas" para los problemas de ordenamiento territorial que aquejan a los cantones.
La primera es la creación de un Reglamento de Renovación Urbana, a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con el cual el Gobierno espera facilitarle a las municipalidades el intervenir en espacios específicos; para conservarlos, rehabilitarlos o remodelarlos.
Las otras dos son actualizaciones al reglamentos de Construcción, el cual data de 1983, y el de Fraccionamiento y Urbanizaciones.
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La intervención por la vía reglamentaria es la alternativa a la que apuesta el Gobierno, pues una acción de inconstitucionalidad interpuesta en diciembre de 2015 mantiene congelado un decreto ejecutivo aprobado en setiembre del mismo año. Ese documento agilizaba y abarataba los trámites para la creación de los planes reguladores, instrumentos que le indican a los municipios dónde y cómo construir.
"En la Sala está tan paralizado, que usted no solo no puede hacer un nuevo plan, sino que para cambiarlo debe hacer índices de fragilidad ambiental y entonces prácticamente no se puede hacer nueva regulación, ni cambiar la existente. Dentro de esa parálisis, la alternativa es que las municipalidades se acojan a los reglamentos que genera el INVU, como ente rector, y con en base a eso puedan acomodarse", explicó Rosendo Pujol, ministro de Vivienda.
No obstante, ese camino tiene limitaciones. De acuerdo con Pujol, con los reglamentos no se puede hacer zonificación del terreno, ya que esa competencia es exclusiva de los planes reguladores.
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"Pero al menos se tiene eso", se resignó el jerarca.
Sonia Montero, jerarca del INVU, también reconoce que la alternativa no es una solución completa o permanente, pero cree que ayudará a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
"Estas herramientas no son ni serán nunca sustitutos de los planes reguladores. Estos reglamentos pueden complementar y facilitar mientras tengan el plan regulador, es algo que les permitirá organizarse desde el punto de vista del desarrollo urbano", aseguró Montero.
Poner orden. El trabajo en los tres reglamentos es un nuevo capítulo en la historia de los intentos estatales para ordenar las ciudades.
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En 2004 se inició la gestión del Proyecto de Planificación Regional Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), en el cual se invirtieron unos 15 millones de euros, pero que al final el INVU rechazó. Esa misma entidad inició en 2010 el trabajo para el Plan de Ordenamiento Territorial (Potgam), pero la falta de acuerdo entre los sectores involucrados lo frenó.
En enero del 2014 se aprobó el PLan GAM 2013-2030, pero en diciembre de ese mismo año una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ambientalistas también lo detuvo.
Montero aseguró que se están tomando las previsiones necesarias para que la historia no se repita otra vez.
"Lo hemos hecho de una manera consultiva muy rigurosa, para minimizar el riesgo de que vayan a haber objeciones que se traigan abajo el proceso. La idea es que no haya objeciones ni se interpongan recursos. ¿Que haya aportaciones? Sí, muchas, y las tomamos en cuenta, pero que le permitan a la sociedad contar con una herramienta práctica", dijo Montero.
La jerarca recordó que esta es el segundo intento de sacar adelante el Reglamento de Renovación Urbana, ya que en la primera ocasión "una orden superior" obligó a detener el proceso.
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"Algunas organizaciones consideraron que no habían sido consultadas debidamente. Sí fueron consultadas, pero el procedimiento no fue satisfactorio, y hubo una decisión superior para que se detuviera".
Aquella orden provino del propio ministro de Vivienda, por considerar que no empoderaba a los municipios.
Intervención en espacios. El Reglamento de Renovación Urbana sería una herramienta no vinculante de la que podrían echar mano todos los gobiernos locales del país, tengan o no plan regulador.
"El presente reglamento tiene por objetivo (...) fijar las normas que deberán adoptarse para rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas urbanas disfuncionales, o conservar áreas urbanas, cuya intervención sea considerada estratégica, por parte de la Municipalidad o del Estado", explica el borrador del documento.
El sector municipal ya lo conoce, pues participaron en talleres en los cuales se les presentó la propuesta. Luis Araya, asesor legal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) señaló que pese a que la agrupación aún no toma un criterio formal sobre la propuesta de reglamento, sí tiene dudas que aclarar.
Entre ellas está si el INVU apoyará a los municipios con fondos para ejecutar y fiscalizar los proyectos.
"Puede que existan municipalidades que lo vean muy viable y trabajen algunos proyectos. Los 81 municipios son totalmente distintos, cada uno sabrá si puede o no comprometer recursos. Por eso es importante saber si habrá ayuda con recursos o no", explicó Araya.
La Cámara Costarricense de la Construcción, por su parte, es crítica de la propuesta. La agrupación informó de que el lunes 30 de enero envió una carta formal al INVU con 45 observaciones puntuales, por considerar que el texto necesita ser mejorado sustancialmente.
"Es ambiguo en su aplicación, no ofrece los detalles que un reglamento debe tener, ni es específico sobre los temas que regula. Adicionalmente, creemos que el documento carece de una visión sostenible, en donde las regulaciones tomen en cuenta también como objetivo el mejorar y propiciar el bienestar y calidad de vida de la sociedad", señaló la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Cámara.
La organización calificó los reglamentos como una "medida paliativa", ya que lo óptimo sería que cada cantón tuviera reglamentos específicos dentro de sus planes reguladores.
De acuerdo con Montero, la actualización al Reglamento de Construcciones está próximo a iniciar la fase de consulta previa, mientras que el de Fraccionamiento y Urbanizaciones se está empezando a sistematizar. Las tres herramientas se tendrían listas antes de octubre de este año.
Plan Nacional en camino. Rosendo Pujol anunció que en unos dos meses, y por primera vez desde la creación de la Ley de Planificación Urbana, de 1968, el Gobierno sacará a consulta un Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
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"Este plan nacional de desarrollo urbano guiaría el desarrollo urbano del país. Le daría indicaciones a las municipalidades de cómo deberían crecer, hasta dónde deberían crecer, cuáles son los elementos centrales de la competitividad urbana, cuáles son los elementos centrales que tienen que tener en áreas verdes, recreación y vialidad", aseguró Pujol.
Las autoridades aún deben definir qué tan obligatorio será el Plan, aunque la idea es que no sea una regla que haya que acatar, sino más bien una guía. Hasta el momento, el trabajo se ha hecho entre 15 instituciones, explicó el ministro.
"El sector privado teme mucho que se pongan regulaciones excesivas, los ambientalistas creen que deben ponerse muchas regulaciones. Nosotros estamos buscando un punto medio en eso, porque no podemos violar la autonomía municipal", manifestó Pujol.
