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Un reglamento que facilitaría la atención de precarios topó con pared en la oficina del ministro de Vivienda, Rosendo Pujol.
El jerarca frenó el plan de Reglamento de Renovación Urbana por considerar que este le daba mucho poder a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La normativa sería de aplicación de aquellas municipalidades que no cuenten con un plan regulador.
Además, flexibilizaría las regulaciones urbanísticas con el fin de facilitar la intervención de entidades autorizadas para erradicar precarios, convirtiéndolos en proyectos de vivienda social que garanticen calidad de vida a sus habitantes.
Para Pujol, el procedimiento que siguió el reglamento estuvo mal pues, en lugar de empoderar a los municipios en renovación urbana, le otorgaba más potestades a la Dirección de Urbanismo.
“Se necesita que ese reglamento sea administrado por las municipalidades y no por el INVU (...). Hay que volver a redactarlo (el borrador)”, señaló.
Las objeciones de Pujol sucedieron mucho después de que la Junta Directiva del INVU aprobó el reglamento, el 11 de diciembre del 2014, y de que el texto saliera a consulta pública, el 8 de enero pasado, tal como consta en el diario oficial La Gaceta , de esa fecha.
El ministro reconoció que otro elemento que afectó el avance del reglamento fue la polémica en torno al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que recibió la objeción del sector privado de la construcción.
‘Mal, no estaba’. La presidenta ejecutiva del INVU, Sonia Montero evadió profundizar sobre las circunstancias en que Vivienda frenó los avances de la normativa de renovación urbana.
Sin embargo, dijo que la necesidad de redactar de nuevo el reglamento no radica en errores de fondo cometidos por el INVU.
“Mal, no estaba nada de ese reglamento. Pero, a veces, los procedimientos son cuestionados por algunas partes internas y externas, y hay que escuchar”, afirmó, sin especificar a los críticos.
Montero también respondió con un sí cuando La Nación le consultó si el Ministerio participó en todo el proceso de redacción de la norma que ahora objeta.
Hoy, el trabajo que vetó Vivienda sirve base a una comisión que revisa el reglamento, en conjunto con otras reglas, como las de fraccionamiento urbano, dijo Montero.
Retraso injustificado. Mientras el Ministerio y el INVU intentan solventar sus diferencias en reglamentos urbanísticos, el sector privado pide que se agilice el de Renovación Urbana, pues de él depende la rapidez con que se puedan erradicar los 191 precarios que hay en la Gran Área Metropolitana (GAM) y 193 rurales.
Eloísa Ulibarri, directora de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), que ha atendido 19 precarios, dijo que al país le urge el reglamento para acometer pronto la labor de dotar de casa a los pobres. “Es una gran herramienta para flexibilizar regulaciones urbanísticas que muchos precarios no pueden cumplir y no se puedan mejorar”, estimó.
Empero, Rosendo Pujol discrepó del criterio de Fuprovi, pues afirmó que el reglamento no es esencial para trasladar familias de un terreno a otro, labor que, dijo, hace Fuprovi en el cantón de La Unión actualmente.
Pujol garantizó que la norma se promulgará antes de que acabe su gestión y dijo su cartera trabaja en agilizar la aprobación de 19 planes reguladores que cubrirán la renovación urbana para ese número de cantones.
