Carlos Calderón se queda todas las noches unos segundos junto a su potente pistola Sig Sauer calibre 40, esperando a que se acabe de cerrar el portón eléctrico de su casa, en San Sebastián, San José.
Luego entra a su casa con el arma de fuego que compró rápido después de que le fue decomisada para investigación la Walther Smith &Wesson que, dice, le salvó la vida en la noche de Halloween del 2012, en el kilómetro 63 de la ruta 27, volviendo de la playa de Caldera.
La pistola nueva es más potente, a tono con la tendencia nacional . Así lo quiso después de que la anterior apenas alcanzó para herir a los dos hombres que quisieron asaltarlo a él y a su novia, con un revólver calibre 38 en apariencia robado.
Fue ese un encuentro entre delincuentes y un ingeniero que siempre ha confiado en el poder defensivo de las armas de fuego. Ambos son parte de la realidad de este país, que no tiene ejército, pero sí un arsenal mayor de lo que reflejan su discurso pacifista y sus estadísticas de homicidios.
Entre armas de fuego legales e ilegales, en manos de buenos o malos, hay más de 450.000 unidades. Alcanza un arma para cada diez habitantes, una tasa mayor a la de El Salvador y a la de Colombia (1 por cada 17 habitantes), según la tabla comparativa del proyecto internacional especializado Small Arms Survey, basado en Suiza.
Solo los datos oficiales ya llegan a los 228.500 registros de armas en manos de personas o empresas, incluidas las de seguridad, pero sin contar las que tienen los 15.000 policías de Fuerza Pública, pues el dato lo oculta el Gobierno .
Cálculos de Naciones Unidas para América Latina indican que por cada arma legal hay otra ilícita. “Más bien la cifra de 450.000 es conservadora”, estimó Max Loría, ex viceministro de Justicia, activista antiarmas y actual director del Programa de Prevención de Violencia de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem).
El ingreso de nuevas armas al registro es constante, a un ritmo de unas 9.000 anuales desde el 2009. Así crece después del pico de 14.677 inscritas en el 2008, año que coincide con la subida de la percepción de inseguridad y también con el auge de empresas de seguridad privada, cuyas datos de armas no están especificados, según William Hidalgo, director de Armamento del Ministerio de Seguridad.
Entre pólvora. Armas hay debajo de los colchones, entre la alfombra del carro o en la cartuchera de un ciudadano entrenado, como Calderón. Hay otras en poder de personas que no delinquen, pero que tampoco quieren someterse a la burocracia de los permisos de ley, ahora con plataforma en Internet.
Y las hay también en manos de delincuentes, en un mercado negro que en parte se nutre de armas que algunas vez fueron legales. Entre el 2010 y el 2012, se reportó el robo de 4.340, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Una de estas pistolas robadas es la que el 11 de setiembre del 2013, a las 6:30 a. m., le quitaron a un policía judicial en un asalto en una parada de autobús, en Curridabat. Fue uno de los 17.300 delitos en Costa Rica en el último año, vinculados a armas de fuego, incluyendo asaltos, robos, amenazas o violaciones.
El promedio nacional fue de 47 delitos con arma de fuego cada día en el 2013. La cifra absoluta casi duplica la del 2010, cuando se registraron 9.000 delitos con arma de fuego, según cifras del OIJ.
La pistola robada en Curridabat al oficial del OIJ apareció al anochecer de este miércoles 20 de agosto. La Policía detuvo a un mexicano que la llevaba dentro de un saco junto con ametralladoras prohibidas; ya pertenecía a una banda criminal de Cañada Sur de San Sebastián, ubicada a pocos kilómetros de la casa de Carlos Calderón.
Parece una casualidad, pero es que en Costa Rica, a pesar de su discurso pro desarme, cunden las armas de fuego, como admitió Giovanni Rodríguez, jefe de Investigaciones Criminales del OIJ.
Se podría decir que hay armas hasta debajo de las piedras y no sería mentira. Esto es lo que alegó Wilson, un niño de 12 años después de verse en un embrollo cuando su maestra en la escuela Suerre, en Jiménez de Pococí, lo vio sacar de su mochila una pistola nueve milímetros con municiones y un tiro en cañón, este 5 de agosto.
Primero había contado que la pistola era de unos familiares de Nicaragua que la dejaron en su casa para que se defendiera “de los tigres”, pero la versión posterior decía que la halló de camino a su escuela tirada entre unas piedras.
Atacar o defender. El 68% de los asesinatos del 2013 en Costa Rica se cometieron a balazos . Tal porcentaje supera en 20 puntos al promedio mundial y en 10 puntos la cifra de hace 10 años en el país, con el agravante de que los homicidios con arma de fuego tienden a ser más complejos de resolver para la Justicia, en relación con los causados con contacto físico, señala la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.
El ingeniero Calderón pudo haber sido parte de esas víctimas letales, pero aquella noche él llevaba su pistola en el carro, como siempre. Cuando detuvo su Mitsubishi 4x4 para fotografiar la luna, en una bahía para autobuses, vio llegar un carro del cual bajaron dos hombres y uno lo apuntaba con un revólver. El Hyundai Excel llevaba de adorno una calcomanía como de un balazo en su carrocería.
“Tranquilo o lo quemo”, escuchó Carlos, que llevaba el arma en la cintura y sabía que si la sacaba era para disparar. Eso hizo. Lo pegó cinco veces y recibió un balazo en el brazo que le llegó a la quinta costilla y le quedó en el bazo.
“Me sentí mojado y me vi sangrando, pero igual pude disparar al otro que iba corriendo a más de 20 metros. También lo pegó y lo vio caer, antes de subir al carro y pedir a su novia que lo llevara al hospital de Puntarenas.
La herida no fue grave y todos sobrevivieron, él y sus atacantes, pero después dio aún más valor a su arma. Si antes se devolvía a casa para recoger el arma, ahora ni la olvida. La lleva como un teléfono celular, pero oculta. Sabe de memoria cuándo se vence su permiso de portación y para cuidar su vida prefiere ir a practicar en alguno de los 32 polígonos legales del país que ir a sudar a un gimnasio.
Es amigo de los miembros de la asociación Pro Defensa Civil, que promueve el uso de armas como “un derecho” para protegerse.
Dicha organización no cree que baste una sola por persona (la ley actual permite tres), considera una “utopía” prohibirlas y estima que los controles actuales más bien incentivan la ilegalidad. “Se gastan casi $1.000 y tres meses para estar en regla”, se quejó Mauricio Alvarado, su vocero.
Ahora, hay dos proyectos de ley para reformar el marco legal de las armas, uno restrictivo (heredado del gobierno de Laura Chinchilla) y otro más permisivo, pero el debate político parece aún crudo.
“Hay muchos mitos. No ven que en Suiza el Estado arma a sus ciudadanos y que en Caracas es totalmente prohibido portar armas, y vea dónde hay más violencia”, apunta Alvarado, que intenta separarse del modelo abierto característico de Estados Unidos (9 armas por cada 10 habitantes), donde los menores de edad pueden disparar en los campos de tiro. En ese país, precisamente, hace dos semanas una niña de nueve años mató por accidente a su instructor mientras practicaba en Arizona.
Esta es Costa Rica Otras autoridades igual sueñan con prohibirlas del todo, como en Japón o Australia. “Para mí sería lo ideal. Yo sé del poder ofensivo que tiene esto. Es terrible, y más en este país sin cultura de armas”, comentó el jefe de investigadores criminales del OIJ, mostrando orgulloso su pistola de trabajo.
Él es minoría en el país, pues en el 2006 ya el 55% de la población creía en el poder defensivo de las armas de fuego contra el crimen, según la Encuesta Nacional de Seguridad de ese año.
Carlos Calderón también cree que un revólver sirve para proteger su vida. “Si la ley no los mete a la cárcel, yo estoy preparado”. Igual piensan los amigos que lo acompañaron en el 2013 a una audiencia judicial en la que coincidiría con los supuestos asaltantes de aquella noche de Halloween.
Todos ellos iban armados. Nunca se sabe cuándo la pueden necesitar, aunque puede ser en un momento de rabia o susto, como el del chofer que el 19 de setiembre del 2013 mató, a plena luz del día, a otro conductor con quien casi choca unos metros atrás, en Calle Blancos de Goicoechea.
Al ahora sospechoso de homicidio González Salas, un exagente de seguridad privada, decidió disparar a José Alonso Romero, un miembro del servicio de seguridad de la Presidencia de la República, quien antes lo había golpeado con el puño, sin sospechar que el otro andaba arma de fuego.
El caso no ha llegado a juicio y hay una posibilidad de que se le considere un caso de “legítima defensa”, el argumento de más de 200 homicidios desde 1997 hasta 2013, según el Poder Judicial.
Tampoco se ha sentenciado el homicidio del joven Sergio González, vecino de un abogado de apellido Heinrich Quirós, a quien reclamó por los desechos de su perro en el jardín propio, en un barrio de San Rafael Abajo de Desamparados. Resultó que este andaba armado y disparó.
“Es gente que no está preparada para tener arma, pero la tiene”, decía Carlos, un instructor de armas en su academia en Heredia.
Ahí fui el 18 de julio para entender mejor el mundo de las armas de fuego. Cuenta que las mujeres se asustan más, pero tienen mejor puntería; que la mayoría de gente quiere protegerse de asaltos o robos; que no siempre disparar a un asaltante es “legítima defensa”.
Al final me llevó a disparar al polígono. Me decía: “Tírele a la cabeza, al pecho y después a las vísceras”. En frente, la víctima era un muñeco de cartón.