El Estado se niega a revelar cuántas y qué tipo de armas posee.
La Nación ha solicitado en varias ocasiones esta información y le ha sido negada.
Para rechazar esta gestión, las autoridades se apoyan en la Ley de Armas y Explosivos, que señala en su artículo 11: “El registro de armas será confidencial y solo tendrán acceso a él las autoridades administrativas y judiciales competentes”.
El asesor legal de la Dirección General de Armamento, Raúl Carvajal, alega que se trata de un asunto de “seguridad nacional”.
El único registro de armas propiedad del Estado que fue posible obtener es el de la compra de 42 subametralladoras adquiridas entre el 2010 y el 2011, que el Ministerio de Seguridad Pública incluyó en un reporte que pidió este medio.
La ley no permite que los ciudadanos o empresas posean subametralladoras, por lo que se deduce que esta compra la hizo el Estado.
En el 2009, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la adquisición de 30 subametralladoras para equipar la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público, aunque no fue posible saber si estas armas son las incluidas en el reporte del Ministerio.
La Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Privada (ACES) se opone a que la información de las armas estatales sea confidencial pues considera que afecta sus intereses, explicó su representante, Allan Guillén.
La Ley de Armas y Explosivos prohíbe a las empresas de seguridad tener una cantidad de armas de fuego superior al 1% del arsenal que posee la Fuerza Pública.
Guillén aseguró que ese tope actualmente está en 264 unidades. Esto significaría que la Fuerza Pública posee 26.400 armas.
Consultado por este diario, el Ministerio de Seguridad se negó a confirmar esa cifra, alegando la confidencialidad de los datos. “Yo tengo muy claro que ese es un dato erróneo. Yo estoy seguro de que el Estado tiene más que 26.000 armas, así que estamos sujetos a una prohibición sobre datos que no conocemos”, dijo Guillén.
El representante de las firmas privadas dijo que consideran acudir a la vía contenciosa-administrativa o a la Sala IV para reclamar por la confidencialidad de esta información. “Lo estamos peleando porque nos genera un perjuicio real”, declaró Guillén.