La Fiscalía General decidió abrir una investigación por los aparentes delitos de fraude de simulación, contra el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, quien descuenta tres meses de prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián.
La causa se tramita bajo el expediente N°. 17-000081-0033-PE y es el resultado de una petición de pesquisas que hizo la Procuraduría de la Ética Pública.
La solicitud fue presentada este jueves y pretende esclarecer si Bolaños simuló la venta de de algunos de los bienes que están a nombre de sus empresas semanas antes de que el Ministerio Público lo imputara por cuatro posibles delitos: peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
"Se encontró indicios de posible fraude de simulación en el traspaso de ocho propiedades y nueve vehículos", informó la oficina de prensa de la Procuraduría este viernes, sin ahondar en más detalles.
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Por ejemplo, el medio digital CRHoy dio a conocer, el 5 de diciembre, que Juan Carlos Bolaños vendió una finca en Tempate, en Santa Cruz de Guanacaste, un mes antes de que el Ministerio Público lo imputara por este caso.
El terreno se lo traspasó a Alexánder Sánchez Porras, abogado que figuraba como agente residente de la importadora de cemento chino Sinocem Costa Rica, propiedad de Bolaños.
Posteriormente, el Ministerio Público envió un comunicado anunciando la apertura de la investigación. "El expediente se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas. No se descarta que, conforme avance el proceso, varíe la calificación legal de los supuestos delitos cometidos", precisa a la nota.
Segundo caso bajo investigación
Esta es la segunda vez que la Procuraduría sospecha que alguno de los siete imputados por el caso del cemento chino realizó maniobras para esconder sus bienes, a sabiendas de que eventualmente iban a ser embargados junto con sus cuentas bancarias.
La primera vez sí presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Eso ocurrió el 14 de diciembre anterior. Se actuó en contra del subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, Leonardo Acuña Alvarado, por haberle donado a su esposa una propiedad y dos vehículos 17 días antes de que el Juzgado Penal de Hacienda embargara sus bienes y cuentas bancarias.
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Al mimos tiempo, Acuña puso otro bien inmueble en patrimonio familiar, lo cual constituye un escudo contra los embargos.
Por esos hechos, además del subgerente, la Procuraduría acusó por un presunto delito de fraude de simulación, a su cónyuge Sara Herrera Marcos y al notario Juan Antonio Mainieri Acuña, quien hizo las escrituras de los traspasos.
Acuña forma parte del los miembros de la alta gerencia del Banco de Costa Rica (BCR) que fueron acusados por la Fiscalía General por un posible delito de peculado, bajo la tesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el otorgamiento de financiamientos a Juan Carlos Bolaños.
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En específico, investigan dos líneas de crédito, con un tope de $30 millones, facilitadas a la firma Sinocem Costa Rica para importar cemento desde China. Por este mismo caso, el Ministerio Público le atribuye cuatro delitos a Bolaños.
Los otros cinco miembros de la cúpula bancaria son: Mario Barrenechea Coto, gerente general; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
La nota fue actualizada a las 5:52 p. m. con información de la Fiscalía General.