En un lapso de 11 meses, comprendido entre abril del 2016 y marzo del 2017, las funcionarias del BCR Adriana Castro y Bettina Rivero enviaron a sus superiores correos electrónicos alertando sobre incongruencias entre el dinero que el Banco le había girado a la compañía Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños, y la cantidad de cemento que ingresaba al país procedente de China.
Si no traía el producto y no lo vendían, ¿para qué querían más dinero?, cuestionaron.
Ambas alertaron sobre las dificultades que tenía la firma de Bolaños para comercializar el cemento chino en el país y sobre el estado de su flujo de caja, "altamente ajustado", lo que ponía en riesgo el pago de las dos líneas de crédito que el Banco de Costa Rica (BCR) le concedió con un tope de endudamiento de $30 millones. En resumen, la operación se tornó "sumamente riesgosa".
Así se lo hicieron ver, entre otros, a los entonces subgerente general, Leonardo Acuña, y subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez, quienes actualmente descuentan tres meses de prisión preventiva por el supuesto delito de peculado, bajo la hipótesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos.
Ellas, desde abril del 2016, recomendaron que se detuvieran los giros de dinero a Bolaños. No obstante, sus superiores ignoraron al menos cinco sugerencias en ese sentido y, al cierre del 2016, el BCR le había girado casi $39 millones a Sinocem aunque la compañía solo importó $9,7 millones en cemento.
Para junio de este año, la empresa Sinocem adeuda $25 millones al Banco, y Bolaños, así como otros cuatro jerarcas del banco, descuentan prisión preventiva.
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Además, pese a las advertencias, en noviembre del 2016, la Auditoría del BCR le informó a la Fiscalía General que las líneas de créditos se tramitaron de manera regular y que no había detectado ningún riesgo en la estabilidad financiera de la entidad bancaria a causa de este financiamiento.
La primera alerta: importaciones insuficientes
La primera advertencia la emitió la ejecutiva comercial Adriana Castro, el 26 de abril del 2016, en un correo enviado a Andrés Víquez. Allí ella alertó de que Sinocem solo estaba importando 15.000 toneladas (t) de cemento al mes, a pesar de que el dinero girado alcanzaba para que trajera el doble de producto.
Castro, quien debía atender las peticiones de Juan Carlos Bolaños, hizo tal revelación 82 días después del primer desembolso de $9 millones y ante la solicitud de un segundo giro de $10,5 millones.
La ejecutiva dijo que, antes de hacer el segundo depósito, Sinocem debía cancelar el costo de las 30.000 toneladas que tenía que traer durante el primer mes. Alegó que así se estableció en el contrato de crédito, en un acuerdo de la Comisión de Crédito y en una carta a la compañía del 23 de febrero de ese año.
Y así se lo recordó cuatro días al propio Bolaños, quien lo calificó como "inaceptable" y pidió una reunión urgente.
Un día después, el 28 de abril del 2016, Víquez autorizó el giro, según un correo que Castro envió a Bolaños.
"Buenos días, de conformidad a la información suministrada el día de hoy por don Andrés Víquez, se realizará un informe con el objetivo que se autorice el segundo desembolso según su solicitud", redactó Adriana Castro.
El 3 de mayo de ese año, el BCR le desembolsó otros $9,5 millones a Sinocem.
La segunda alerta: ventas por debajo de las expectativas
Adriana Castro emitió la segunda alerta cuatro meses después. En esa oportunidad, le escribió al gerente regional, Pedro Vásquez, que "se evidencia que las ventas (de cemento de Sinocem) no están teniendo las expectativas esperadas".
Ella preguntó si esa información se le debía comunicar a la aseguradora Oceánica, compañía que suministró a Sinocem el seguro de caución que funge como garantía principal de las líneas de crédito.
"Me preocupa el hecho de qué información se le debe suministrar a Oceánica, en el sentido que entiendo que, si hay situaciones que podrían afectar el pago de la operación, se debe informar a Oceánica, no quiero pensar que ante una eventualidad (esperemos que no pase) y el cliente no pueda pagar, que Oceánica se agarre de esto y que indique que nunca se le informó de algunas situaciones que podrían afectar el pago —por ejemplo bajas ventas—, y que después lo agarren de pretexto para no pagarle al banco", consignó Castro.
Vásquez le respondió que Víquez estaba al tanto: "Correcto, ya se le entregó a Víquez la información referente a lo que indicas".
La tercera alerta: cemento sin vender
El 26 de octubre del 2016, ante una nueva solicitud de desembolso por parte del Grupo JCB; la ejecutiva Castro recomendó al gerente regional Pedro Vásquez que no se hiciera ningún nuevo giro de recursos hasta que se tuviesen pruebas de que las ventas de cemento sean consistentes con lo proyectado: 30.000 toneladas mensuales.
"Hay una gran cantidad de cemento que aún no ha ingresado ni se ha vendido, ¿cuál sería la justificación de comprar más cemento?".
"A este cliente semanas pasadas se le desembolsó para comprar más cemento pese a que las ventas no han sido las esperadas y, ahora, nuevamente desean volver a desembolsar. Nos preocupa que se esté tomando en cuenta solamente si hay sobrantes en el seguro de caución sin considerar otros aspectos como las ventas que son fundamentales para el desarrollo del negocio y pago de la operación", expresó Castro en ese correo.
Pese a ello, el 28 de octubre el BCR le giró a Sinocem $3,4 millones y, 14 días después, desembolsó otros $5,4 millones.
La cuarta alerta: giros para comprar 360.000 toneladas, solo se importaron 91.000 toneladas
El 16 de noviembre del 2016, la ejecutiva adjunta corporativa, Bettina Rivero, también remitió un advertencia al gerente Vásquez. En el correo electrónico, afirma que Adriana Castro y ella no están "de acuerdo con que se sigan realizando desembolsos para la importación de cemento a este cliente".
Rivero adujo que el BCR le depositó en el exterior $37 millones a Sinocem, el equivalente de unas 360.000 toneladas de cemento, pero que al país solo habían ingresado 91.000 toneladas, tomando en cuenta una importación pendiente.
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"Y como hemos hecho saber en varias oportunidades, el cliente ha tenido dificultades para vender el cemento, lo cual se evidencia en los informes de Novatecnia (empresa fiscalizadora) y en el movimiento de cuentas de la comisión de confianza. Esta operación se ha tornado sumamente riesgosa y consideramos oportuno que se tomen medidas con el fin de proteger los intereses del BCR y de nosotros", redactó Bettina Rivero.
En ese mismo correo, ella también alerta de que el proveedor del cemento, Sinobuilding Materials Hong Kong, hizo dos devoluciones por $4,5 millones y que no se sabe a qué responde el retorno de ese dinero.
"Si bien es cierto, el cliente ha venido pagando las deudas, esto ha sido en gran parte por las órdenes de pago que ha estado recibiendo del exterior —el proveedor ha realizado dos devoluciones por aproximadamente $4,5 millones—, lo cual nos preocupa también, ya que no tenemos el respaldo contractual de que esas devoluciones que ha recibido el cliente se puedan realizar, a pesar de que ya se le solicitó al cliente copia del contrato con su proveedor en China", agregó la ejecutiva.
El 30 de noviembre de ese año, el Banco le giró $1,3 millones a Sinocem, el sétimo. Para ese entonces, ya le había girado casi $39 millones.
La quinta alerta: hay que mantener la estabilidad del Grupo JCB
El 3 de marzo del 2017, Bettina Rivero volvió a emitir un criterio en el cual recomienda solicitar más documentación sobre las importaciones de cemento a la empresa de Bolaños, antes emitir un nuevo giro de recursos. La observación se la hizo al entonces subgerente general, Leonardo Acuña.
Ante los nuevos requerimientos, Acuña envió un primer correo a Rivero cuestionando la solicitud de más documentación y las razones por las cuales se estaban ampliando los requisitos, al tiempo que la interpeló por pedirle asesoría al Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Posteriormente, Acuña recomendó el desembolso de más recursos bajo el alegato de que se debe "mantener la estabilidad" del negocio de Sinocem, pues de lo contrario, el BCR podría enfrentar el no pago de la deuda.
Ese correo fue remitido a Marvin Corrales, Mario Barrenechea, Andrés Víquez y Rodrigo Ramírez, cuatro de las siete personas detenidas por el supuesto delito de peculado en el otorgamiento de estas dos líneas de crédito, y que hoy se encuentran descontando tres meses de prisión preventiva.
