Expropietarios reclaman $49 millones, más de lo que el país les otorgó

Por: Sofía Chinchilla C. 28 octubre, 2016
Las fincas cuestionadas son hoy parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, en Santa Cruz de Guanacaste.
Las fincas cuestionadas son hoy parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, en Santa Cruz de Guanacaste.

El Estado costarricense ganó parcialmente, esta semana, la demanda que le plantearon los expropietarios de lo que hoy es el Parque Nacional Marino Las Baulas, quienes se ampararon en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) para reclamar un mayor pago por la expropiación de sus terrenos.

Mediante un laudo parcial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ubicado en Washington, EE. UU., resolvió el martes que carece de jurisdicción para resolver esta demanda contra Costa Rica, en el caso de 18 de los 26 los terrenos en disputa en la costa de Santa Cruz, Guanacaste. Esa era la resolución que esperaba el Estado costarricense.

Mapa de ubicación.
Mapa de ubicación.

Sobre los otros ocho lotes, el Ciadi pidió más información a Costa Rica sobre el proceso seguido y el trato dado a los dueños en el proceso de expropiación. Esas propiedades suman unas dos hectáreas, aproximadamente una cuarta parte de los terrenos que motivaron el arbitraje internacional.

Las 26 propiedades expropiadas suman 88.000 metros cuadrados (8,8 hectáreas).

Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior (Comex), explicó que los demandantes no impugnan la expropiación en sí misma, sino con la compensación que se les entregó a cambio de sus propiedades. Ellos pedían $49 millones, una cifra mayor a la que pagaría el Estado, cuya suma Mora no precisó.

Costa Rica sostuvo que los reclamos por las expropiaciones deben conocerlos las autoridades de justicia nacionales.

Los terrenos pertenecían a personas físicas y jurídicas que fueron expropiados en 1995 con el fin de consolidar el área protegida Marino Las Baulas.

El arbitraje se inició en 2013, según la posibilidad que abrió el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta), para que disputas entre personas o sociedades y Estados sean resueltas por instancias internacionales.

Según el ministro Mora, los litigantes podrían solicitar ahora la anulación del laudo en el caso de los 18 terrenos. No obstante, el Gobierno considera que no hay argumentos suficientes para solicitar esa medida. Como resultado, la vía internacional ya estaría agotada, en su criterio

"Costa Rica tiene leyes y procesos claros que garantizan el interés de los privados cuando son expropiados. Las leyes nacionales son exhaustivas y suficientes para tratar ese tipo de casos", aseguró Mora.