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La Municipalidad de Pococí desechó una propuesta de plan regulador que imponía restricciones de uso de suelo en la zona de recarga de los acuíferos Suerre y Santa Clara, ubicados al sur de la ruta 32, que lleva a Limón.
Esto, a pesar de los criterios técnicos emitidos por expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quienes aseguran que construir en esa área pondría en riesgo las reservas de agua potable de los cantones de Pococí y Guácimo.
Precisamente, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la UCR, fue el encargado de elaborar el plan tras ser contratado en el 2004 por el municipio, que luego lo descartó en el 2011 por prohibir la explotación de una franja de 500 metros a lo largo de la carretera Braulio Carrillo.
El gobierno local tampoco estuvo de acuerdo con las restricciones planteadas por Produs para segregar propiedades y construir en ese sector.
Jorge Espinoza, alcalde de Pococí, afirmó que el planteamiento de Produs era una “camisa de fuerza” para el cantón.
“Simplemente a nosotros nos dieron una camisa de fuerza que no nos gustó y toda camisa de fuerza, yo creo, que debe negociarse. Se pagó una plata para que nos hicieran un diseño y no me gustó ese diseño”, comentó Espinoza, al admitir que el Ayuntamiento no cuenta con ningún estudio para refutar las recomendaciones de Produs.
Los trabajos realizados por la entidad universitaria costaron ¢57 millones, los cuales fueron financiados por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
De acuerdo con el AyA, solamente del acuífero Suerre dependen 23.000 conexiones de agua, lo cual equivale a unas 92.000 personas.
“El tema de si se quiere proteger o no, no está en discusión, es una responsabilidad. Ahora, con Produs, quizá, donde no había una coincidencia era en el hecho de tolerancia cero en algunos desarrollos”, manifestó a La Nación el ingeniero municipal Francisco Fallas.
Defensa. Luis Zamora, director de Produs, desmintió el argumento del municipio y enfatizó que durante el diseño del plan tomaron en cuenta a las comunidades y al gobierno local.
“Nosotros hacemos un proceso participativo que va en toda la extensión del proyecto; ese proceso incluye reuniones con la gente de todas las comunidades; vamos a las comunidades y hablamos con ellos”, dijo Zamora.
El plan de ordenamiento territorial elaborado por Produs establecía dos grandes zonas de manejo al sur de la carretera, las cuales suman una extensión de 2.543 hectáreas.
Produs incluso cedió y calificó una franja de 500 metros a lo largo de la carretera como zona de amortiguamiento de centro urbano; esto, con el fin de permitir actividades comerciales, industriales y residenciales.
“No es cierto que hacia el sur de la carretera no permitamos hacer nada”, aseguró Jorge Solano, investigador de Produs.
Otras de las diferencias entre la UCR y la Municipalidad giran alrededor de los anchos de vía y la altura de los edificios.
Respaldo. Moisés Bermúdez, director de Cuencas del AyA, respaldó el estudio de Produs y recalcó que estos acuíferos son la única reserva de agua en esa región.
“No es solamente el agua para consumo, eso es muy importante subrayarlo; todo el sistema hidrológico (de esa zona) está sustentado en esos territorios.
”Nos parece primordial que se haga un esfuerzo para garantizar la protección de esos territorios”, aseveró Bermúdez.
Hace dos años, el AyA envió a la Municipalidad de Pococí la ubicación de los puntos de captación de agua potable, con la idea de que no se permitan construcciones cercanas a las fuentes.
Sin embargo, la única regulación existente en la zona de recarga acuífera es que los interesados en construir no hagan, “en la medida de lo posible”, tanques sépticos, sino otros sistemas para la captación de las aguas negras.
