Liberacionista señala que viaje nunca ocurrió y que pretendía visitar los cantones que representa para verificar impacto del ciclón

Por: Gerardo Ruiz R., Aarón Sequeira 20 octubre
El diputado Rolando González, del PLN, compareció ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios.
El diputado Rolando González, del PLN, compareció ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios.

El diputado Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), admitió haber llamado al polémico empresario Juan Carlos Bolaños para pedirle su helicóptero, el 25 de noviembre del 2016, para volar hacia Upala en medio de la emergencia por el huracán Otto.

El congresista hizo dicha declaración, la mañana de este viernes, ante los miembros de la comisión legislativa que investiga los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR).

González alegó que, en su "desesperación" por acudir lo más pronto posible a los cantones que representa, en particular Upala y Guatuso, llamó al importador de cemento, porque sabía que él tenía un helicóptero y ya le habían dicho, sin precisar quién, que en el aeropuerto Tobías Bolaños había un centro de operaciones por la emergencia.

"Sabiendo que, entre las empresas había una de Juan Carlos Bolaños, lo llamé y me dijo que no me lo podía asegurar. Pero me dijo que, si me parecía, me desplazara hacia el aeropuerto, pues me dijo que el piloto estaba ahí y, que si podía llevarme, me llevaría", explicó el legislador.

El diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó al verdiblanco si su intención era pagar por ese vuelo (el cual nunca ocurrió) o si lo haría de gratis.

Esa pregunta generó bastante tensión entre ambos parlamentarios, quienes entraron en una discusión fuerte hasta que González adujo que, cuando hay una emergencia de ese tipo, los empresarios ponen sus vehículos aéreos a disposición de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y esta institución paga por la gasolina.

"Estuve ahí varias horas en un claro estado de desesperación, porque la gente que sufría en Upala no me son desconocidas", señaló el congresista verdiblanco.

"No sabía si tenía que pagar o no tenía que pagar. No tenía idea de cuánto cuesta un vuelo de esos, era un servicio a la CNE que estaban dando", añadió.

Ante esa respuesta, Solís criticó fuertemente al liberacionista y le recalcó que él no es un funcionario de la Comisión de Emergencias. Molesto, el liberacionista señaló que él sí asistía, en ese tipo de emergencias, para estar con la gente que representa.

El pasado 28 de setiembre, el aviador Roberto Arguedas, quien labora para la empresa Veasa, mencionó a González entre los conocidos políticos que transportó, el último año, en helicóptero, por orden de Juan Carlos Bolaños.

También mencionó al expresidente de la República, José María Figueres; al diputado libertario, Otto Guevara; al diputado socialcristiano, Johnny Leiva; así como a la directiva del BCR, Paola Mora.

Las dudas que Solís lanzó sobre ese viaje, también se centraron en que González era precandidato presidencial del PLN en esa época.

No obstante, el verdiblanco adujo que no hubo una sola publicación en sus redes sociales, ni fotografías de su visita a Upala que se pudieran considerar como publicaciones para su precampaña.

Además de la llamada para tener acceso al helicóptero, Rolando González dijo que conoció a Juan Carlos Bolaños en el segundo semestre del 2016.

Detalló que se reunió dos veces, en restaurantes, con el importador de cemento; en una de ellas acudió acompañado de su esposa. Alegó que él pagó lo que consumieron él y su cónyuge durante esas reuniones.

En las reuniones, el cementero le expuso al diputado sus problemas con los reglamentos para la importación del cemento, sus razones para importarlo y la situación del mercado cementero nacional, pero negó que le pidiera gestiones específicas sobre esa situación.

El verdiblanco añadió que se ha reunido incontables veces con empresarios, en su oficina, en restaurantes, en carros, en la calle, en la costa, pues adujo que a nadie le niega atención: "me escogieron para atender a toda la gente, no para escoger a quién si y a quién no".

Las consultas hechas por los compañeros de fracción de González, Sandra Piszk y Julio Rojas, se centraron en establecer que el diputado alajuelense no tuvo relación con el otorgamiento de los créditos bancarios para la importación del cemento ni con los cambios reglamentarios para facilitar la entrada al país de ese producto.

" Está claro que el tráfico de influencias sale de la Casa Presidencial y de ahí, hay tráfico de influencias en el Ministerio de Economía. A yer quedó claro que la primera modificación se hizo con un reglamento al que estaban opuesto el Colegio de Ingenieros. E stá claro que hay tráfico de influencias en el nombramiento de Barrenechea y en Aduanas; este gobierno es el que hizo el tráfico de influencias", alegó Rojas.

Investigación legislativa

La comisión investigadora del Congreso intenta determinar si Bolaños recurrió al tráfico de influencias para que altos funcionarios públicos gestionaran la eliminación de trabas legales el ingreso de cemento al país, así como préstamos para financiar dicha operación.

Entre los temas que se están revisando figuran dos líneas de crédito, por un tope de $30 millones, que el Banco de Costa Rica (BCR) le concedió en el 2015 a la empresa Sinocem Costa Rica, propiedad del empresario, para la compra, importación y nacionalización de cemento chino.

Dicha operación también es investigada por el Ministerio Público y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Por otra parte, los diputados también investigan un crédito por $32,7 millones otorgado por el BCR, en el 2014, a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para que le comprara la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la empresa cementera Holcim.

Dicha represa, cuya producción de energía cayó a partir del 2016, estaba valorada en $12 millones por el propietario al momento de la venta. Sin embargo, el Comité de Crédito del banco admitió en el Congreso que no revisó el valor de la planta cuando aprobó el préstamo.

La Fiscalía General indaga una denuncia sobre un posible tráfico de influencias con respecto a este préstamo. La operación se avaló en momentos en que Alberto Raven, director del BCR, fungía también como fiscal de la cementera Holcim.