Madrid
El gobierno español de Mariano Rajoy tendió este miércoles un puente al presidente independentista catalán Carles Puigdemont, al sugerir que renunciará a suspender la autonomía si convoca elecciones regionales.
Una fuente del gobierno español confirmó a la AFP que no invocarían el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de un gobierno autonómico si este desobedece la ley, si Puigdemont toma ese paso.
"La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones", dijo por su parte el líder del primer partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta a la ofensiva independentista catalana.
Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: "Sin duda".
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El jueves a las 10 a. m. (hora local) vence el plazo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán.
En el primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, le lanzo un aviso este miércoles en el Congreso: No atender el requerimiento del gobierno español, "hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155" de la Constitución.
La amenaza se produce en un clima más tenso aún por el encarcelamiento a la espera de un eventual juicio por sedición de dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que pasaron su segunda noche en la cárcel, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes.
"Lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio", le instó Mariano Rajoy en la misma sesión parlamentaria.
El responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar elecciones "no está sobre la mesa".
Sin embargo, una fuente bajo anonimato del gobierno catalán dijo que la convocatoria "no está en nuestras prioridades, pero no vamos a tomar una decisión" en un sentido u otro, hasta conocer los pasos que da el gobierno español el jueves.
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El gobierno español podría solicitar la aplicación de la medida constitucional al Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta, pero donde harían falta varios días para tramitarla y votarla.
El diputado Jordi Xuclá, de Junts pel Sí, la coalición que gobierna Cataluña, le respondió a Rajoy que la aplicación del 155 constituiría "un grave error (...) de aplicación efectiva más que dudosa y difícil".
La respuesta de Puigdemont debería satisfacer también a sus aliados de la CUP –la extrema izquierda independentista–, que exigen la proclamación inmediata de la independencia. Los diez diputados de esta formación son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.
Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon que medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Sin embargo, incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.
En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referendo de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1.° de octubre fue inconstitucional.
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Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos y una participación del 43% y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.
En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
El artículo no especifica cuáles son esas "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.
Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.