EscucharAhogada por la crisis económica, Venezuela entró en “default” parcial tras el impago de $200 millones en sus bonos globales, según la calificación de la agencia Standard & Poors (S&P), lo que amenaza con desencadenar el incumplimiento de su abultada deuda externa.
La agencia S&P, la primera en declarar el “default” parcial de Venezuela, dijo actuar luego de que se cumplieran 30 días de gracia para pagar el cupón de bonos 2019 y 2024.
“Hemos bajado dos calificaciones a ‘D’ (default) y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a ‘SD’ (default parcial)”, indicó S&P.
La rebaja de la calificación ocurrió horas después de una reunión este lunes entre el gobierno y acreedores, a quienes no ofreció --como se esperaba-- un plan concreto para renegociar la deuda soberana y de la petrolera PDVSA, de unos $150.000 millones en total.
Aunque los acreedores salieron decepcionados de la cita, que duró 25 minutos, el gobierno consideró que “inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa”.
El vicepresidente Tareck El Aissami, principal negociador, prometió la creación de mesas técnicas para “evaluar propuestas” en próximas citas, sin dar fechas, dijeron a AFP participantes.
En declaraciones a la televisora gubernamental, El Aissami acusó al gobierno de Donald Trump de “cerrar vías” al país con las sanciones financieras impuestas en agosto.
El presidente Nicolás Maduro anunció el 2 de noviembre que buscaría “refinanciar y reestructurar” la deuda, debido a una “persecución financiera” comandada por Washington. “El ‘default’ nunca llegará”, había expresado el domingo el mandatario.
“El anuncio de reestructuración generó más incertidumbre que certeza en los mercados y la reunión más preguntas que respuestas, así que Venezuela se acerca a un ‘default’ formal a medida que se deciden técnicamente los retrasos en los pagos”, dijo a AFP el analista Diego Moya Ocampos, del IHS Markit.
Sanciones
Según el gobierno, acudieron a la cita inversionistas locales y de países de América y Europa, pero otras fuentes dijeron que varios extranjeros no fueron pues Estados Unidos sancionó a El Aissami, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con él.
“Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela y funcionarios del gobierno probablemente resulten en una larga y difícil negociación con los tenedores de bonos”, opinó S&P.
Un incumplimiento puede declararse por el gobierno, los grandes acreedores o las agencias calificadoras.
En Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, se reunió el lunes para determinar “si ha ocurrido un cese de pagos” de un bono de PDVSA, por $1.161 millones.
El gobierno asegura que transfirió esos recursos, pero los acreedores no los habían recibido. La evaluación de ISDA seguirá este martes y si es negativa accionaría el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).
Caracas no ha aclarado si pagó otra cuota vencida el viernes, de $81 millones de intereses de un bono de PDVSA.
Con reservas internacionales de $9.700 millones, Venezuela debe pagar en lo que resta del año al menos $1.470 millones y en el 2018 más de $8.000 millones.
“Muy probablemente podríamos considerar cualquier reestructuración venezolana como un intercambio de deuda en apuros y equivalente al ‘default ’dada la liquidez externa altamente restringida”, indicó S&P.
Maduro anunció avances en negociaciones con sus aliados China --al que adeuda unos 28.000 millones-- y Rusia, que firmará posiblemente el miércoles un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe Venezuela.
El portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, dijo que “la cooperación chino-venezolana en materia de financiamiento se desarrolla normalmente”.
“El gobierno y el pueblo venezolano tienen la capacidad de resolver el problema de la deuda”, agregó.
China y Rusia boicotearon junto con Bolivia y Egipto una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, en la cual Estados Unidos calificó al país como “una amenaza”.
Sumándose a las sanciones de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea adoptó el lunes medidas que impiden a empresas europeas entregar a Venezuela armas o equipos para “represión interna”.
La UE creó también un marco jurídico de sanciones contra autoridades y entidades venezolanas acusadas de violar derechos humanos. Caracas calificó las medidas de “hostiles” y citó al cuerpo diplomático europeo para este martes.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente importaciones para pagar deuda, provocando severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group, Maduro busca “liberar recursos” para importaciones de cara a las presidenciales del 2018, pero luego empeorará la crisis y Venezuela enfrentaría litigios y posibles embargos de activos de PDVSA, como CITGO, su filial en Estados Unidos.
