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Buenos Aires. Un juez pidió este jueves prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández, acusada de “traición a la patria” por montar un plan para encubrir a iraníes en el atentado a un centro judío en 1994, que dejó 85 muertos.
Como Fernández es senadora, el magistrado federal Claudio Bonadio pidió su desafuero para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos del Senado.
Bonadio, un declarado enemigo político de Fernández, la acusó de impulsar “un plan criminal orquestado” con Irán para dotar de impunidad a los iraníes imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos, 300 heridos y no tiene ningún detenido.
La orden judicial incluye además a su excanciller, Héctor Timerman y a otros exfuncionarios de su gobierno.
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La expresidenta argentina afirmó este jueves que el pedido de desafuero y detención ordenada por un juez en su contra es “un verdadero exceso” que “viola el estado de derecho”.
El presidente Mauricio Macri “es el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir (a) la oposición”, declaró la exmandataria en una rueda de prensa, en la que consideró que la acusación de “traición a la Patria” en su contra es “un insulto a la inteligencia de los argentinos”.
La causa fue impulsada por una denuncia del exfiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún bajo investigación y días después de haberla presentado, tras una investigación de diez años.
El plan, respaldado por el Congreso en el 2012, nunca llegó a ponerse en práctica ante la falta de aprobación del Parlamento iraní.
Fernández fue citada en octubre por Bonadio ante el cual presentó un escrito donde rechazó todas las acusaciones que inscribió en una campaña de “persecusión política”.
La expresidenta había denunciado a Bonadio por mal desempeño cuando era mandataria (2007-2015).
“Es un gran disparate jurídico. El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento. Quieren a un Parlamento sumiso”, había dicho la senadora a la salida de los tribunales cuando se presentó ante el juez.
El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) es objeto de una maraña de investigaciones judiciales paralelas.
En una de ellas, el exmandatario y senador Carlos Menem (1989-1999) está siendo juzgado por el desvío de la investigación del atentado a la AMIA en un proceso que está en etapa de alegatos y no tiene ningún detenido.
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Junto a Menem, son juzgados un exjuez federal, dos exfiscales, un excomisario, un exjefe de Inteligencia y un exalto dirigente de la comunidad judía.
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Cristina Fernández en la ceremonia de toma de posesión como senadora, el 29 de noviembre, en el Congreso, en Buenos Aires. (AFP)
Kirchner acaba de jurar como senadora, electa en las legislativas de octubre, y asumirá el 10 de diciembre.
Los fueros parlamentarios solo impiden una eventual detención pero no restringen el avance de causas judiciales ni procesamientos.
“Ante el pedido de desafuero por causa AMIA corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino isntitucional”, dijo a través de Twitter el presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo.
El pedido deberá ser tratado por la Cámara Alta, donde requerirá para ser aprobado el apoyo de dos tercios de los presentes.
A partir del 10 de diciembre la alianza oficialista Cambiemos tendrá 25 bancas de un total de 72, mientras que el peronismo tendrá 32, pero solo una decena de éstos responden directamente a Fernández.
Alberto Fernández, exjefe de gabinete de la expresidenta y actualmente crítico de ella, consideró que el pacto “fue una decisión política absolutamente desafortunada, pero no sé cómo puede ser delito”.
“Si el pacto buscaba una comisión de la verdad y buscaba indagar a los acusados, no puedo entender cómo se estaba encubriendo. Además fue ratificado por el Congreso Nacional, todos los que votaron deben ser llamados como traidores a la patria. Es todo un disparate, esto no es un delito es una decisión política”, dijo Fernández a Radio Del Plata.
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El pedido del juez incluyó al excanciller Timerman, a quien se le dictó prisión igual que a Fernández, pero en este caso y por su delicado estado de salud la cumplirá en su domicilio.
Este jueves por la mañana también fue arrestado en su casa de Río Gallegos, en la provincia austral de Santa Cruz, el exsecretario de Legal y Técnica de la expresidenta, Carlos Zannini, mano derecha de Fernández.
El magistrado Bonadio encausó además, sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli y al dirigente social kirchnerista Luis D’Elía, entre otros.
