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Tegucigalpa
Honduras pasa por uno de los peores momentos en décadas en lo que concierne al respeto de los derechos humanos, comparable con la 'década perdida' de los 80, de las desapariciones forzadas, aseveraron activistas de asuntos humanitarios.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh, no gubernamental), manifestó que "la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras está en momentos críticos, en los peores momentos en décadas, como en los 80".
En esa época desaparecieron 184 personas de agrupaciones allegadas al Gobierno de Cuba y al Frente Sandinista de Nicaragua y muchas otras fueron ejecutadas por escuadrones de la muerte, en una política de seguridad nacional emprendida por el Estado.
Oliva indicó que en la actualidad "desde el Estado se persigue, para atemorizar, a los defensores de la tierra, del ambiente, cuando debe ser un asunto de la humanidad defender la tierra". Recordó que desde el 2010 han sido asesinados en Honduras 120 activistas.
Añadió: "El riesgo que corremos los defensores de los derechos humanos" se puso en evidencia la semana pasada cuando fue "agredido un miembro de la organización británica Global Witness", Billy Kyte.
Después de participar en un foro en televisión, Kyte fue agredido verbalmente por simpatizantes del Partido Nacional (PN, derecha gobernante), y no sufrió agresiones físicas gracias a que intervino la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Tegucigalpa, Silvia Lavagnoli.
Lavagnoli llegó a Honduras en diciembre para abrir la oficina a petición del presidente Juan Orlando Hernández, porque desde 2010 el país no ha podido aprobar el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
Informe acusador. Kyte presentó la semana pasada un informe de Global Witness que denuncia cómo las élites políticas y empresariales consiguen apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se oponen a sus proyectos, por considerar que amenazan el medio ambiente.
El informe citó a la presidenta del PN y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López, como propietaria de proyectos hidroeléctricos en el oeste del país.
López reaccionó molesta por el informe y alegó que obedece al interés de "algunos hondureños" de poner en riesgo la inversión en el país con denuncias falsas y dijo que los denunciaría en la Fiscalía.
Un portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, informó de que López acudió al Ministerio Público, pero que no interpuso la denuncia.
Luego del incidente, Kyte manifestó en una declaración que Global Witness está "exigiendo una investigación de los abusos y delitos citados en el informe y el Gobierno hondureño debe garantizar la seguridad de los defensores que salen en nuestro informe".
"Sí sentimos amenazas, el Estado actuó de una manera que totalmente deslegitimó el trabajo de los defensores y negó la evidencia contundente en nuestro informe, basado en una investigación seria y rigurosa con más de 250 fuentes que incluyen documentos del propio Estado", añadió.
Kyte indicó que "el hecho de que la ONU me tuviera que rescatar después de haber sido atacado por el sector privado y el gobierno durante dos horas de debate en la televisión, quiere decir que el gobierno tiene miedo de los hallazgos".
Tomás Gómez, quien reemplazó a la asesinada coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, resaltó que la agresión contra Kyte "muestra la cara de la represión que estamos sufriendo".
"A Berta le dijeron que la iban a asesinar miembros del Ejército y eso fue la que pasó", recordó el dirigente indígena lenca.
Cáceres, citada en el informe de Global Witness como ejemplo del riesgo de los defensores del ambiente, fue asesinada el 3 de marzo del 2016 por pistoleros en la comunidad de La Esperanza (oeste).
Están presos por ese hecho siete personas, incluyendo un empleado de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una empresa que había amenazado a la coordinadora del Copinh por oponerse a la construcción de una represa en un río en territorio lenca.
