Entre el 2014 y el 2017, el presupuesto para seguridad no solo pierde terreno, sino que también cae en montos absolutos.
El plan de gasto para este ministerio, que en el 2014 representó un 3,4% de toda la intención de erogaciones del Ejecutivo, baja a un 2,5% para el 2017. Es la participación más baja entre el período 2010-2017.
En números absolutos (traídos a valor de julio de 2016), Seguridad registra, primero, un presupuesto de ¢219.767 millones en el 2017, menor a los planes presentados en el 2014 y el 2015. Segundo, es una cifra también menor a los planes autorizados por la Asamblea Legislativa en el 2014, 2015 y 2016.
A pesar de la creación de unas 135 plazas y un aumento en el gasto en instalaciones para el próximo año, la entidad ha rebajado en más de la mitad el gasto para comprar activos como maquinaria y equipo.
“Si uno compara los crecimientos de los años antes del 2014 para acá (2016), se ha venido viendo esa reducción y todavía se ve más la reducción si uno divide entre gasto operativo y remuneraciones. El gasto operativo cada vez se ha reducido más pese a que no se ha crecido en plazas policiales” señala Bernardita Marín, viceministra administrativa del Ministerio de Seguridad Pública.
Para Marín, la declaración de inconstitucionalidad de la Sala IV al impuesto a la ley de sociedades anónimas afectó significativamente los recursos del Ministerio de Seguridad.
“Lo que estamos cubriendo son los gastos básicos operativos porque no vamos a dejar de funcionar; continuaremos dando el servicio con los recursos que tengamos”, aseguró.
Esta es una situación que viven también otros ministerios y poderes para dar espacio al pago de deudas e intereses, así como el traslado de recursos al Ministerio de Educación.
Los datos se derivan de un análisis de La Nación a los planes presupuestarios del Gobierno Central del 2010 al 2017.
En el proyecto del presupuesto del Gobierno Central para el 2017, presentado la semana pasada al Congreso, el servicio de la deuda (pago de créditos e intereses) representa un 33% del total y el Ministerio de Educación un 29%.
En el caso de Educación, todavía se requiere darle más recursos pues todavía no llega al 8% de la producción que exige la Constitución Política. Para el 2017, se le otorgará un 7,63%.
El estrujamiento a los otros ministerios, explicó el viceministro de Hacienda encargado del gasto, José Francisco Pacheco, deja necesidades importantes sin cubrir, como policías de tránsito, policías de seguridad, personal en aduanas para mejorar la recaudación o personal para los parques nacionales.
“Yo creo que sí existe algún efecto de estrujamiento que está afectando al resto de instituciones, entonces, de una u otra manera, lo que se ha venido buscando es minimizar el impacto negativo de congelar cosas en los demás ministerios, pero sabiendo que se queda en un punto intermedio, no se le congela todo, pero tampoco se la da todo lo que está solicitando”, comentó Pacheco.
Por ejemplo, aunque el Ministerio de Hacienda aumenta su presupuesto en ¢3.395 millones con respecto al 2017, tendrá apenas una participación de un 1,3% del total. Se trata de uno de las participaciones más bajas, pues en el 2010 era 2,4%.
A pesar del estrujamiento sufrido por algunas entidades, en el 2017 sí hay dos que recuperan un poco el terreno perdido.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) alcanza una participación en el presupuesto de casi un 5,2%, la más alta registrada en el período 2010-2017.
El aumento en el gasto de un 31,5% en el 2017, con respecto al año anterior, está relacionado un incremento de casi 56,2% en los montos destinados a maquinaria y equipo, y del 47% en las transferencias al sector público (especialmente a municipalidades).
El Ministerio de Economía también aumenta su presupuesto en un 197,5% y duplica su participación porcentual histórica, de 0,1% a 0,25% en ese periodo.
La variación se justifica por una transferencia que debe hacer al Sistema de Banca para el Desarrollo.
Criminalidad sí invierte. En el caso del Ministerio de Seguridad, el problema es que su presupuesto no crece al mismo ritmo que la criminalidad, según expuso el exministro de esta cartera, Mario Zamora.
“La criminalidad emplea cada vez métodos más avanzados, es decir, definitivamente, para poder ponerse a tono las exigencias del combate a la criminalidad, el Ministerio tiene que ir avanzando año a año”, dijo.
“En nuestro caso, eso no sucede, entonces se crea un déficit entre la capacidad policial y la capacidad de los grupos criminales”, comentó Zamora.
Ese déficit, explicó el exministro, le resulta caro a la población, la cual tendrá que gastar en mejorar la seguridad de sus propias casas y en contratar cámaras, y tomar otras medidas.
A pesar de registrar aumentos consecutivos en el presupuesto, el Poder Judicial también pierde peso en el presupuesto.
El peso de la Corte baja a un 4,9% cuando el año pasado superaba un 5,3%. El grupo de entidades ligadas a este Poder, que en el 2015 planteó aumentos de hasta un 15%, acortó sus previsiones para crecer solo un 2,5% durante el 2017.
Róger Mata Brenes, director del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, explicó que los ajustes presupuestarios afectan a la judicatura, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a la Defensa Pública y al programa de Protección a Víctimas y Testigos a cargo de la institución.
Para enfrentar la situación, la entidad apuesta por implementar proyectos que maximicen los recursos, explicó Brenes.