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El Ministerio de Hacienda recuperó solo ¢60 de cada ¢1.000 mediante procesos de cobros judiciales, el año anterior.
La Contraloría General de la República criticó, en el informe DFOE-SAF-IF-15-2014, del pasado 12 de enero, la poca eficacia de Hacienda para reponer el dinero adeudado al fisco, mediante herramientas legales.
Al 30 de setiembre pasado, el saldo de la cartera en cobro judicial ascendía a ¢64.900 millones, según la información del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio.
Mientras que los recursos recuperados fueron ¢3.855 millones, detalla una auditoría del ente contralor.
Federico Castro, gerente del Área de Servicios de Administración Financiera de la Contraloría, dijo que uno de los problemas de la baja recuperación de dinero, es la falta de personal.
Hacienda solo tiene 11 abogados para atender 24.500 casos en cobro judicial.
“(En el Ministerio) no se cuenta con notificadores. Esto ha obligado a que los abogados y personal administrativo tengan que realizar esa labor, retrasándose la gestión de cobro”, expresó.
El funcionario comentó que la deficiencia en los procesos de ingreso y asignación de certificados de deudas con el Estado, necesarios para realizar los cobros judiciales, impidieron iniciar 886 casos para recuperar un total de ¢10.300 millones.
El Ministerio de Hacienda cuenta con la Oficina de Cobros Judiciales, que se encarga de recolectar los impuestos, tasas, contribuciones y derechos fiscales. Además, se dedica a gestionar los procesos judiciales y arreglos extrajudiciales.
Obstáculo. Carole Quesada, subdirectora de la Dirección General de Hacienda, explicó que los casos remitidos a cobro judicial son de difícil o imposible recuperación en la vía administrativa.
“Son deudas de procesos de fiscalización que han durado varios años, lo que le ha permitido a los contribuyentes realizar maniobras para distraer los bienes. Esto dificulta la gestión coactiva del cobro”, argumentó Quesada.
Una propuesta de Hacienda para revertir la poca recuperación de recursos es la implementación de planes masivos de notificación a los deudores, con el apoyo de funcionarios de otras dependencias de Hacienda.
Quesada comentó que también iniciaron un proceso de coordinación con la Dirección General de Tributación para imponer medidas cautelares, como embargos a los contribuyentes, cuando se determina la deuda.
La Contraloría instó a Hacienda a revisar la legislación de 1953, que ordena a los funcionarios de la Oficina de Cobros Judiciales a notificar, ellos mismos, a los morosos con el fisco, en vez de utilizar mecanismos más ágiles de comunicación de deudas.
Según el Ministerio, muchos de los problemas señalados en la CGR se subsanan con el Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal, actualmente en el Congreso.
