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Los diputados y el Gobierno negocian dos proyectos para reformar el empleo público.
Uno es el de la diputada liberacionista Sandra Piszk, denominado Proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público.
El plan se empezó a analizar el 24 de febrero pasado en la Subcomisión de Asuntos Sociales.
El otro, presentado por el Gobierno, se llama Proyecto sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión de Calidad, el cual todavía no se ha asignado a ninguna comisión.
Ambos planes tienen en común que limitan el porcentaje de pago por anualidades a un máximo de 2,54% del salario base para todo el sector público. Actualmente, dichos beneficios difieren por entidad y en algunos casos llegan hasta el 7%.
El plan impulsado por Piszk abarca también otros incentivos.
El primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, informó de que han conversado con los diputados sobre la posibilidad de integrar las dos iniciativas e impulsar una sola.
El tema del empleo público es uno de los que se discute para enfrentar el fuerte déficit fiscal (exceso de gastos sobre ingresos).
De acuerdo con la Contraloría General de la República, para este año, el sector público presupuestó ¢2,1 millones de millones en remuneraciones básicas y ¢2,4 millones de millones en incentivos salariales.
Mejora en gestión. Los estímulos salariales difieren entre instituciones, lo cual genera que trabajadores que realizan una misma labor pero en distinta entidad, reciban un pago diferente.
Por eso, el objetivo de la iniciativa presentada por el Gobierno es mejorar la gestión pública, tal como se plantea en uno de los tres ejes del Plan Nacional del Desarrollo, explicó la ministra de Planificación , Olga Marta Sánchez.
Con ese fin, el plan liga la evaluación del desempeño de los servidores con el cumplimiento de metas de la institución.
“Para que un trabajador tenga derecho al incentivo por la evaluación del desempeño, no solo tiene que haber cumplido con su función como individuo, sino también la organización, como tal, tiene que haber cumplido con los objetivos que se estaban planteando”, explicó la jerarca.
De esta forma, primero se evalúa la organización, si esta alcanzó sus metas. Entonces, solo así, sus funcionarios tendrán derecho al beneficio; si no, no.
Luego, cada departamento es evaluado para determinar si logró sus metas y, si lo hizo, se revisa a cada trabajador. Entonces, solo aquellos con calificación mayor a “muy bueno” obtendrían la bonificación.
Actualmente, lo que se evalúa son los resultados del individuo.
Tres principios. El objetivo del plan de Piszk es unificar los criterios generales para la creación o el pago de estos beneficios.
La diputada explicó que el proyecto se basa en tres principios.
El primero es que el Estado es un patrono único y no debe haber diferencia en la fijación de la política salarial.
El segundo establece que las autonomías de las instituciones públicas son relativas, o sea, son autónomas en la materia que manejan, pero no la salarial.
Este es un tema polémico que, según Piszk, implicó mucha discusión porque, basado en este principio, el plan abarca las universidades estatales, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las municipalidades, entidades a las cuales la Constitución Política les otorga autonomía.
El tercer principio es que existen derechos adquiridos y expectativas de derecho, y que las anualidades y la cesantía son expectativas de derecho y, por lo tanto, se pueden variar.
“Esa es la parte importante de este proyecto, para mí, porque cambia la filosofía de la forma cómo se han venido manejando las instituciones del sector público”, manifestó Piszk.
Esperanza política. En el Congreso los planes suman apoyo.
Consultados este martes, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Julio Antonio Rojas, y el jefe de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, dijeron respaldar las iniciativas.
Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, alegó que este es un tema que debe trabajar la Asamblea Legislativa y que ellos también presentaron un plan para regular las remuneraciones de los altos jerarcas.
Empleo público a debate
Actualmente hay dos proyectos de empleo público presentados a la Asamblea Legislativa: uno es el de la diputada liberacionista Sandra Piszk y el otro fue enviado por el Poder Ejecutivo. En el recuadro, algunos de los principales contenidos.
-Proyecto de Sandra Piszk
Anualidades: Establece un porcentaje máximo de anualidad de 2,54% del salario base para todas las instituciones públicas, excepto las que están en competencia, que son los bancos del Estado, el Grupo ICE y el Grupo INS. Se incluyen las universidades públicas, las municipalidades y también la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dedicación exclusiva: Se aplica a servidores que tengan puestos cuyas funciones lo ameritan (actualmente la tienen casi todos los profesionales) y tienen un plazo máximo de vigencia de cinco años (en la actualidad son perpetuas). Al finalizar el contrato la Administración debe justificar su aprobación o rechazo.
Convenciones colectivas: El plan establece que es obligatorio denunciarlas y renegociarlas (actualmente es optativo). Además, define un plazo máximo de 30 días para empezar la negociación del instrumento y otro plazo máximo de nueve meses para negociar. Si estos plazos se incumplen, la convención cesa.
Cesantía: Se establece una cesantía de ocho años para todos los trabajadores. Para los servidores nuevos o los que tienen menos de ocho años de laborar, se mantiene en ese periodo. No obstante, si una entidad tenía una cesantía de 20 años y el trabajador tiene 15 laborados, se le reconocerían los 15 años.
-Proyecto del Gobierno
Anualidades: También se define en un máximo de 2,54% para todo el sector público. Para que un trabajador tenga derecho al incentivo por la evaluación del desempeño, no solo tiene que haber cumplido con su función como individuo, sino también la organización como tal tiene que haber cumplido con los objetivos que se habían planteado.
Ascensos: Se establece un mínimo de dos calificaciones mínimas de "muy bueno" para ser sujeto de ascensos en la Administración Pública. Actualmente no hay requisitos para esta decisión. Las disposiciones se aplican a todas las entidades del Estado, excepto las que están en competencia.
Instrumentos de evaluación: Dispone que los procedimientos y criterios técnicos para formular los instrumentos de evaluación por parte de las instituciones particulares serán determinados por estas, según sus características particulares, en coordinación con la Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Planificación.
Convención colectiva: Establece, mediante un transitorio, que si el porcentaje de la anualidad está dado por convención colectiva, entonces los jerarcas de las entidades públicas deben denunciar esas cláusulas para renegociarlas y ajustarse al tope máximo de 2,54% que deberá regir para todas las entidades.
