El proyecto que reforma la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) incluye tres cambios con los cuales se podrían desatar los nudos que existen para prestar cerca de $536 millones a pequeños productores y empresarios.
La banca para el desarrollo es un sistema para financiar pequeños proyectos que pretende atacar la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza.
El sistema tiene tres fondos, de los cuales el que más dinero posee es el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD). Al 30 de junio tenía ¢289.927 millones, cerca de $536 millones, que no se han podido prestar debido a múltiples problemas.
Este fondo se alimenta del 17% de las captaciones a 30 días o menos de los bancos privados, los cuales se trasladan a la banca estatal, según el artículo 59, opción “i” de la Ley del Sistema Bancario Nacional.
Los bancos privados también pueden prestar el 10% de sus captaciones a 30 días o menos directamente y abrir cuatro sucursales fuera de la región central. Esta es la opción “ii” de la citada ley, pero hasta ahora ninguna entidad utiliza esta modalidad.
Primer nudo: la tasa Libor. Welmer Ramos, presidente del Consejo Rector del SBD, explicó que una de las dificultades es que la mayor parte de esos recursos están en dólares (el 63%) y si los bancos privados los quieren prestar deben cobrar a los clientes la tasa Libor (de referencia internacional) a un mes.
Cuando la ley se aprobó, dicha tasa era de 6%, pero luego cayó hasta 0,15%, con lo cual no se cubrían ni los costos administrativos.
Para desenredar este nudo, el proyecto cambia la tasa Libor por una tasa de interés neta promedio de captaciones a seis meses plazo de la banca privada calculada por el Banco Central.
Segundo nudo: el riesgo. Gerardo Corrales, gerente del BAC San José (que es el que tiene más captaciones a menos de 30 días) comentó que otra dificultad es que si tienen los recursos en dólares y los quieren prestar directamente, deben asumir el riesgo cambiario de dar crédito en esa moneda a quienes no poseen ingresos en ella.
“En el nuevo proyecto de ley se está permitiendo que, si no hay demanda en dólares, la entidad estatal o privada pueda suplir la cuota que le corresponde en moneda local. Con eso me quito la restricción de prestar en dólares a quien no genera dólares”, explicó.
Si bien los bancos tendrían que conseguir los colones por otro lado y prestarlos a tasa básica, compensarían ese costo con la posibilidad de prestar en condiciones normales los dólares captados.
También, si los bancos privados quieren trasladar los fondos a la banca estatal el proyecto les da la posibilidad de que en lugar de un 17% del dinero captado a 30 días, pasen un 15% si lo hacen en colones.
Otra posibilidad que permite el proyecto es que si al final los recursos se quedan en el FCD, este puede hacer préstamos al Finade (Fondo Nacional para el Desarrollo) para que este los coloque.
Tercer nudo: el castigo. Otra traba muy grande, explicaron Ramos y Corrales, es que si los bancos privados prestan directamente los recursos e incumplen los planes aprobados, la ley actual les cierra por 15 años las cuentas corrientes.
“Definitivamente ningún banco privado con esa guillotina, se iba a pasar al inciso ii”, dijo Corrales.
En el proyecto el castigo se cambia por una multa equivalente a entre un 0,5% y un 1% del patrimonio, según la gravedad de la falta.
Con estos cambios, tanto el BAC como Scotiabank, dijeron que tienen interés en prestar directamente los recursos, confirmaron Corrales y Jean-Luc Rich, gerente general de Scotiabank.
Otro nudo que señaló Ramos, pero que ya se deshizo, es que Bancrédito era el administrador del FCD, pero no contaba con suficiente capital para prestar.
Eso se resolvió con el traslado del Fondo al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional.
Para el diputado del Partido Ación Ciudadana, Ottón Solís, padre de este sistema, el principal obstáculo para prestar los recursos es la voluntad política.
Al preguntarle por qué los recursos del FCD no se han prestado, contestó: “Porque no se ha querido, y los políticos no han exigido, (...) ha prevalecido el argumento de que da pérdidas y el argumento ideológico de que eso de dar a tasas de interés subsidiadas es dañino para alguien”.