EscucharLa Casa Hogar de la Tía Tere, la flota pesquera, obras municipales, la Cruz Roja, centros de ayuda y vehículos para ser rifados son parte de la lista de 340 leyes aprobadas entre 1950 y el 2013 en la cuales se aprobó una exoneración de impuestos.
De esta forma, una de cada 25 leyes promulgadas en esos 63 años eximió a alguien de pagar algún tributo, según el primer inventario de este tipo realizado por los investigadores del Estado de la Nación y divulgado en su reciente Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
“El uso de exoneraciones fiscales como herramienta de política pública ha sido una práctica frecuente en la historia económica de Costa Rica, independientemente del estilo de desarrollo imperante en los años considerados”, señala el citado informe.
El estudio también encontró que dicha práctica se ha reducido en décadas recientes y aumentó el tiempo que se tarda en la Asamblea Legislativa para aprobar las exenciones.
La investigación también detectó que el 53% de las leyes registradas no contiene ningún tipo de control o regulación, es decir, se limita a indicar qué se exonera. En varios casos incluso se concluyó que la redacción es general y no definió en forma explícita el plazo de vigencia del beneficio.
Cuestan millones. Las exoneraciones tienen un enorme costo para el Estado.
En agosto del 2011 el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y la Dirección General de Hacienda publicaron una primera estimación de ese valor, al cual denominaron “gasto tributario”.
Según el estudio, dicho costo alcanzó un equivalente al 5,8% de la producción interna (este año son unos ¢1,4 billones), un número que supera el déficit de 5% previsto para el 2013.
La exención de la canasta básica cuesta aproximadamente 1,7% del producto interno bruto (PIB) y con ella se benefician tanto los consumidores pobres como los de mayores recursos.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/LYITOLPOTZBNLAO7XWVLTBLA7I.jpg)
Jessica Castillo ordena mercadería en la Pulperia Geráneo, en Cartago. La exoneración a la canasta básica cuesta 1,7% del PIB. | MELISSA FERNáNDEZ
La investigación advierte de que el gasto tributario no significa que si se elimina la exoneración el Estado pasa a recoger ese monto, pues también existe la evasión.
¿Qué dice Hacienda? “El Ministerio de Hacienda ha expuesto en muchas ocasiones que existe un número elevado de regímenes exoneratorios, los cuales no necesariamente han pasado por un filtro de costo-beneficio”, comentó Álvaro Ramos, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
Añadió que el informe del Estado de la Nación es acertado en apuntar que muchos de ellos carecen de plazos de vigencia, aunque es posible que algunas de las 340 leyes fueron derogadas por otras más recientes.
Ramos comentó que la existencia de tantos regímenes exoneratorios y de “no sujeción” dificultan el control de las exoneraciones y la administración de los tributos.
Para el exministro de Hacienda, Federico Carrillo, desde el punto de vista práctico, sería conveniente buscar simplemente una reversión global.
“Por ejemplo, al pasar de un impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado (IVA) se dejan sin efecto todas aquellas leyes emitidas previamente que contradigan la nueva norma”, explicó Carrillo.
No obstante, eso implicaría que todos los productos de la canasta básica estarían gravados, lo cual provoca polémica.
El documento de consolidación fiscal que presentó recientemente el Ministerio de Hacienda con un inventario de ideas para reducir el déficit fiscal incluye opciones como eliminar la exoneración a la canasta básica y compensar a los hogares más necesitados por otra vía. Además plantea revisar los beneficios fiscales a las zonas francas, entre otros.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gruponacion/8867d934-0fb4-471d-89dc-ed336b8ba98a.jpg)