El Poder Judicial estudia si es procedente subir la cotización estatal en su Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
En febrero del 2013, la Corte Plena aprobó subir en dos puntos porcentuales el aporte patronal y de los trabajadores a este fondo, con el fin de mejorar la recaudación y atender el pago de pensiones. Para reducir el impacto de la decisión, el alza fue de manera progresiva, de medio punto por semestre.
En el caso de los empleados, pasó de 9% a 11%, y el patronal, de 11,75% a 13,75%. El aporte del Estado se mantuvo en 0,41%.
Sin embargo, el documento de la Auditoría N°. 701-71-SAFJP-2015, expone que el aumento en el aporte no se calculó como lo dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dicha legislación establece, en el artículo 236 , que el incremento en la cotización patronal y estatal debe ser proporcional al alza aplicada a los trabajadores.
Wálter Jiménez, auditor general de la Corte, detalla en el informe que alertó desde hace dos años al Consejo Superior, como administrador del fondo de pensiones, del desfase en el aporte.
Según el análisis, la cotización del Poder Judicial como patrono debe subir en 0,61 puntos, y la estatal, en 0,09 puntos.
El informe de la Auditoría no cuantificó cuántos recursos habría dejado de percibir el régimen de jubilaciones en estos años.
En el 2014, la cotización patronal y estatal ascendió a ¢31.000 millones. Estos recursos se financian con la transferencia de dinero que hace el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial
Entre tanto, los trabajadores y jubilados aportaron ¢24.500 millones y ¢5.200 millones, respectivamente, según los estados financieros del régimen de pensiones.
En marzo del 2014, la Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso cerrar el régimen de jubilaciones judicial por considerarlo insostenible, debido al alto costo y los beneficios otorgados.
La Corte está en proceso de hacer un nuevo estudio actuarial al fondo para conocer su estado financiero.
Aclaración. La Auditoría Judicial remitió el informe sobre la cotización patronal y estatal a la Supén, con el fin de obtener una interpretación de cómo debe aplicarse el ajuste en las cuotas.
“En este momento, la Superintendencia no puede referirse al criterio que la Auditoría Interna del Poder Judicial le solicitó, ya que aún está en análisis”, dijo Álvaro Ramos, jerarca de Supén.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, confirmó que sí conocen la nota enviada a la entidad supervisora. “Será hasta cuando la Auditoría remita al Consejo Superior un estudio definitivo, que se tomarán las decisiones pertinentes”, aseguró Romero.
Jiménez también pidió a la Procuraduría General de la República, el 14 de agosto anterior, una interpretación legal sobre la forma en que debe aplicarse el alza. Allí confirmaron que aún analizan el caso.