El Ministerio de Hacienda reclama a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) el pago de ¢17.267 millones en tributos.
Tributación notificó a la empresa, el 13 de octubre anterior, el traslado de cargos por las fiscalizaciones de la declaración del impuesto sobre la renta de los años 2013 y 2014.
Recope reveló, en sus estados financieros, que el monto de tributo por declarar asciende a ¢9.845 millones y la multa a ¢4.922 millones por ambos años. Además, Tributación les cobró un monto de ¢2.500 millones correspondiente a intereses.
El fisco hizo el traslado de cargos después de que la Sala IV eliminara, en agosto anterior , la potestad de cobrar deudas por adelantado. La fiscalización contra Recope se inició en febrero.
Édgar Gutiérrez, gerente de Administración y Finanzas de Recope, confirmó ayer que la institución apelará el cobro tributario hasta las últimas instancias, en la vía administrativa y hasta en los Tribunales de Justicia.
“Se seguirán todos los recursos legales que correspondan en contra del cobro”, dijo Gutiérrez.
No es la primera vez que Recope es auditada por el fisco. Entre 2010 y 2014, la empresa canceló ¢96.600 millones . El pago fue por los periodos fiscales comprendidos entre 2004-2008 y 2010-2011.
En esos años , la institución sacrificó inversiones para cancelar sus deudas con Hacienda, confirmó Gutiérrez y Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope.
Legalmente, la Refinadora no puede trasladar a tarifas el pago del impuesto sobre la renta. Incluso así lo argumentó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el 2008.
Conflicto legal. Las diferencias entre Recope y Tributación se fundamentan en el trato impositivo de las reservas para inversión de la Refinadora.
La empresa pública argumenta que no genera excedentes por la venta de hidrocarburos, si no que el resultado entre ingresos y gastos es el dinero utilizado para financiar obras y garantizar el abastecimiento de combustible, detalló Gutiérrez.
Incluso los recurso de la reserva son revisados y autorizados por la Aresep, enfatizó Solera.
La Nación consultó a Hacienda, el pasado 9 de noviembre, sobre los argumentos que justifican el nuevo cobro fiscal a Recope. Sin embargo, al cierre de edición no respondió las consultas.
Gutiérrez y Solera explicaron que, en el traslado de cargos, Tributación catalogó parte de las reservas de inversión del 2013 y 2014 como excedente y por eso hizo el cobro de impuestos y multas.
“El conflicto deviene en que las reservas se aprueban con un principio tarifario; pero se juzgan por un criterio tributario. Esa dicotomía produce que Recope se vea obligada a pagar impuestos y esta (2013-2014) es la última en proceso”, afirmó Solera.
El funcionario recalcó que, en años anteriores, la empresa pasó apuros financieros debido al cobro de impuestos.
Hasta setiembre anterior, la Refinadora reportó un déficit de ¢6.000 millones, pero en este caso atribuido a atrasos en ajustes tarifarios.
El año pasado la compañía estatal tuvo una pérdida de ¢6.000 millones y en el 2013 tuvo un resultado negativo por monto similar, según los estados financieros de la Refinadora.