Economía

El 67% del dinero sin reclamar pasaría a fondo de jubilación de Poder Judicial

Corte plantea que depósitos judiciales financien las pensiones de sus empleados

Actualizado el 25 de agosto de 2014 a las 12:00 am

Entidad custodia ¢174.000 millones y desconoce cuánta plata podría utilizar

Supén argumenta que propuesta sigue sin resolver finanzas del régimen especial

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Corte plantea que depósitos judiciales financien las pensiones de sus empleados

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La Corte Suprema de Justicia propuso utilizar parte de los recursos de los depósitos judiciales para financiar el régimen de pensiones del Poder Judicial.

En un plan de reforma al fondo de jubilaciones de la entidad, presentado el mes pasado al Congreso, los magistrados plantearon que, cada año, el 67% del dinero e intereses de los procesos judiciales sin reclamar, por más de 10 años, pague las pensiones .

El restante 33% se girará, sin carácter devolutivo, a favor del Régimen No Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El fondo del Poder Judicial paga cada mes más de ¢3.700 millones a 3.299 pensionados. El último estudio actuarial al régimen determinó que sería insolvente en el 2027. En la imagen empleados judiciales laborando en  un juicio de abril anterior en San José (  Foto con fines ilustrativos ). | ARCHIVO
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El fondo del Poder Judicial paga cada mes más de ¢3.700 millones a 3.299 pensionados. El último estudio actuarial al régimen determinó que sería insolvente en el 2027. En la imagen empleados judiciales laborando en un juicio de abril anterior en San José ( Foto con fines ilustrativos ). | ARCHIVO

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del sistema de jubilaciones del Poder Judicial, reconoció que desconocen a cuánto ascienden los recursos que podrían usar. Sin embargo, en las cuentas judiciales había ¢174.183 millones de depósitos de juicios tramitados en la entidad, según los estados financieros a junio anterior.

“Al autorizarse con la correspondiente reforma legal que los recursos pasen al patrimonio del Fondo de Jubilaciones y del Régimen No Contributivo, estamos fortaleciendo ambos regímenes”, argumentó Romero.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) cuestionó la reforma porque no elimina beneficios de retiro que han afectado al régimen.

“A pesar de que cualquier inyección de fondos frescos es bueno para cualquier fondo de pensiones, esta medida por sí sola no solucionaría el problema de sostenibilidad que presenta el régimen”, argumentó la entidad supervisora.

No es la primera vez que la Corte recurre a los depósitos judiciales para financiar sus pensiones. Enuna reforma de 1993, se permitió que los intereses generados de los juicios activos pasaran al régimen. Empero, la Sala IV declaró ilegal la medida en 1999.

En agosto del año pasado, la Corte Plena aprobó una reforma para aumentar los ingresos del fondo de jubilaciones y enfrentar el déficit actuarial de ¢4 billones y la insolvencia del sistema al 2027, revelada en un estudio de la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.

El régimen del Poder Judicial tiene garantía estatal y, hasta junio pasado, tenía 3.299 pensionados y casi 12.000 empleados aportantes.

Fundamento. Cada vez que una persona o empresa acude a los Tribunales de Justicia, depositan dinero que forma parte de la disputa.

Los recursos quedan en las cuentas corrientes del Poder Judicial, hasta que el proceso finalice o un juez determine su futuro.

Romero explicó que la plata sin reclamar o adjudicar prescribe tras 10 años de permanecer en las cuentas de la entidad.

Por tal razón, la Corte propuso que se trasladen a favor del sistema y el Régimen No Contributivo.

“El hecho de recibir esos recursos no hace al Fondo de Jubilaciones especial. Es una forma de fortalecer su patrimonio, así como el del Régimen No Contributivo, con recursos que actualmente no pueden ser objeto de reclamo por la prescripción decenal”, detalló la directora ejecutiva del sistema judicial.

La Supén cuestionó la propuesta de la Corte, pues claramente busca beneficiar a los empleados judiciales sobre el resto del Estado.

El Partido Unidad Social Cristiana presentó otro proyecto de reforma alternativo, pero recibió el rechazo del Poder Judicial.

La medida obligaría a los trabajadores a jubilarse a los 65 años, en vez de los 55 años con 30 años de servicio que seguiría vigente.

Adicionalmente, el monto de la pensión sería el promedio de los últimos 240 salarios, en vez de los 120 que propuso la Corte.

Esta nota se actualizó a las 10:00 a.m. del 26 de agosto.

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Óscar Rodríguez A.

oscar.rodriguez@nacion.com

Periodista de Economía

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur.

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