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El exceso de trámites por medidas y decisiones políticas en el país hacen casi imposible el acceso de los empresarios a los beneficios para el manejo sostenible del bosque y el desarrollo de plantaciones forestales.
Así lo determinaron 50 expertos, investigadores, académicos y empresarios del sector que participaron en un taller, cuyas conclusiones se divulgaron ayer.
El taller fue organizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y la Organización para Estudios Tropicales (OET), con el patrocinio de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (Crusa).
El viceministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Jorge Rodríguez, reconoció el exceso de requisitos y llamó a que el país se defina urgentemente sobre la manera de combinar la conservación con el desarrollo.
Incentivo. El país mantiene el sistema de beneficios denominado “pago por servicios ambientales”. Se financia con sumas de la factura petrolera (alrededor del 3,5% del total), empréstitos internacionales, donaciones y aportes voluntarios de empresas.
Para obtener los beneficios se requiere cumplir una serie de requisitos. Además, en el 2002 la Administración acordó dejar de otorgarlos para el manejo sostenido del bosque y los mantuvo para las plantaciones.
La situación causa una merma en la actividad forestal que obliga al país a importar ya un poco más del 50% de la madera que requiere, por lo cual debe desembolsar unos $95 millones anuales.
Las compras en el exterior se hacen pese a que Costa Rica cuenta con todas las condiciones y competitividad para abastecer todo el volumen que necesita.
Ronnie de Camino, subdirector general y director de la cátedra latinoamericana de gestión forestal territorial en el Catie, advirtió que el país también tiene leyes y programas adecuados.
Sin embargo, la aplicación de esa legislación en las instituciones prácticamente impide el desarrollo de las plantaciones y del manejo controlado del bosque.
Esta situación tiene al país en una “veda administrativa” o prohibición institucional y no legal para explotar la madera del bosque y que desestimuló totalmente el desarrollo de plantaciones, advirtieron De Camino y el informe.
“Si los productores de arroz, azúcar, frijoles y demás alimentos tuvieran que enfrentar una tramitología igual a la del sector forestal, Costa Rica estaría obligado a importar toda la comida”, sentenció el especialista del Catie.
Empeorará. De acuerdo con las proyecciones presentadas en el documento, Costa Rica deberá importar más del 60% de las necesidades de madera para el 2010, con una inversión de $126 millones.
Las cifras preliminares (las oficiales todavía no se publican) indican que durante el año anterior el país tuvo que importar 637.826 metros cúbicos de madera, de los 1.154.697 metros cúbicos utilizados. Al 2010, las necesidades de importación llegarán a 738.425 metros cúbicos, con una demanda total de 1.225.374 metros cúbicos, según la proyección.
El viceministro Rodríguez explicó que importar el producto no es totalmente negativo. Habrá que definir, detalló, para qué se trae esa madera y a qué precios. Muchas de las importaciones se destinan, dijo, a madera para construcción y mientras el país trae a $250 el metro cúbico hay algunas empresas que exportan producto terminado hasta a $3.000 el metro cúbico.
Rodríguez reconoció un excesivo recelo de quienes dan permisos. “Cortar un árbol es casi un pecado mortal”, reconoció.
