EscucharUna reforma legal promueve ampliar los negocios financieros de las cooperativas de ahorro y crédito, pero con una menor supervisión de las autoridades.
El proyecto de ley, impulsado por el sector cooperativista y el diputado Víctor Morales Zapata, recibió un dictamen afirmativo unánime, el pasado 19 de julio, en la Comisión Especial de Economía Social Solidaria, presidida por este legislador.
La iniciativa propone la modificación de la Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, para permitirles captar recursos y prestar a quienes no estén asociados a la entidad.
Asimismo, incorpora nuevas actividades que hasta hoy están prohibidas por la legislación, como la oferta pública de emisiones de valores, la administración de fideicomisos, factoraje y arrendamientos financieros.
También, plantea que se suprima el requisito de aprobación previa del Banco Central de Costa Rica (BCCR), necesaria para la obtención créditos internacionales o que deba realizarse una reserva de liquidez sobre el capital social de cada cooperativa.
Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cuestionó la eliminación de dicha reserva, pues constituye un 'colchón' de liquidez para ser usado en casos extremos, se detalla en el oficio SGF-2246-2017, del pasado 18 de agosto.
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El documento, enviado a la comisión especial, cuestionó la capacidad de las cooperativas de realizar nuevas actividades hasta hoy ajenas a su quehacer, así como la posibilidad de captar con terceros no asociados a las cooperativas.
Además de que no incorpora la posibilidad de la Superintendencia para solicitar medidas prudenciales y sancionatorias.
"El proyecto de ley (...) implicaría para estas entidades asumir riesgos adicionales para los cuales no necesariamente podrían estar preparadas", destacó el jerarca en el oficio.
El proyecto actualmente está en los últimos días de incorporación de cambios, antes de pasar al plenario legislativo a primer debate.
Refuerzo sectorial.
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac) y Morales Zapata argumentaron que la iniciativa busca favorecer la reactivación económica y el fomento productivo.
Además manifestaron que las observaciones de Sugef fueron subsanadas, pues se ordena a cada cooperativa contar con una administración de riesgos y un gobierno corporativo tal como lo ordena el supervisor.
"No es cualquier cooperativa la que podrá hacer los nuevos negocios, sino las que sean autorizadas (...) Como actividad financiera las cooperativas cumplen con lo que establece el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero), no habrá ningún tipo de tratamiento especial", afirmó Morales.
Grace Badilla, presidenta de Fedeac, insistió –pese al argumento de Sugef– que los nuevos servicios financieros se mantendrán a sus asociados y a empresas relacionadas con ellos.
"El proyecto nos permitirá lograr como sector un impacto mayor al actual, en empleo, en la producción y en la bancarización de este importante segmento de la población", afirmó Badilla.
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Por su parte, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) criticó que en la reforma se dé a las cooperativas atribuciones similares a la banca, pero en diferentes condiciones.
"Si existe interés de fortalecer la actividad de las cooperativas, otorgándoles la oportunidad de incursionar en nuevos negocios, lo correcto es someterlas a los mismos requerimientos regulatorios que al resto de competidores y aplicarles el mismo régimen contributivo", dijo María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.
Las cooperativas por ley están exentas del pago del impuesto sobre la renta.
La reforma legal inició el proceso legislativo en marzo anterior. Sin embargo, Morales Zapata dijo que comenzó a gestarse en el sector cooperativo desde el año pasado y cuenta con el respaldo de la mayoría de fracciones legislativas.
