Los planes del nuevo Gobierno en materia de seguridad ciudadana están en la etapa de diagnóstico y diseño. Las autoridades prometen tenerlos listos en cien días. Todo indica que la tarea se ejecuta con seriedad. No es momento para la crítica, pero sí para señalar una omisión, cuando menos aparente: nada se ha dicho del papel de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
La DIS es la policía política particular de la Presidencia, y doña Laura Chinchilla debe explicar al país si desea mantenerla pese al evidente conflicto entre sus actividades, las libertades públicas y el Estado de derecho. Otras naciones democráticas tienen servicios de inteligencia, pero, como ocurre en los EE. UU., restringen sus operaciones en el territorio nacional y las someten a supervisión legislativa. Son para espiar hacia fuera, en resguardo de intereses que Costa Rica no posee.
La DIS vigila fronteras adentro, con menoscabo de los derechos ciudadanos. Una larga cadena de incidentes acredita lo dicho. En 1995, la agencia encaró el escándalo de la empresa Astur, que puso sobre el tapete el tema de las intervenciones telefónicas ilegales. El año antepasado, cuando el Ministerio de Seguridad intentó probar la penetración de la guerrilla colombiana, mostró al Congreso fotos y documentos de nacionales contra quienes no se ha formulado cargo alguno.
En el 2008, un periodista brasileño con treinta años de residencia en Costa Rica fracasó en su intento de naturalizarse porque la DIS informó al Registro Civil la existencia de un expediente o “anotación” cuyo contenido no se pudo conocer por ser “secreto de Estado”. El TSE intervino para subsanar la arbitrariedad y concedió la ciudadanía al solicitante. Semanas antes, el país se había estremecido con la denuncia de una estafa con recursos de la DIS. El incidente causó la renuncia de la cúpula institucional.
La DIS está integrada por agentes sin dedicación exclusiva, que ofrecen servicios de seguridad a particulares para redondearse el salario. No puede ejecutar allanamientos ni arrestos, pero vigila en secreto a ciudadanos que, en su libérrimo criterio, emprenden actividades de riesgo.
Decir que se trata de una policía política, peligrosa para las libertades ciudadanas e injustificable en un Estado de derecho es coincidir con el fiscal general, Francisco Dall´Anese. Mario Soto, exdirector del organismo, admitió el calificativo, pero añadió que hubo cambios a partir de 1991, con el fin de la Guerra Fría. Los incidentes posteriores obligan a dudarlo y es difícil imaginar una transformación que haría de la DIS una institución aceptable.