Los planes del nuevo Gobierno en materia de seguridad ciudadana están en la etapa de diagnóstico y diseño. Las autoridades prometen tenerlos listos en cien días. Todo indica que la tarea se ejecuta con seriedad. No es momento para la crítica, pero sí para señalar una omisión, cuando menos aparente: nada se ha dicho del papel de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
La DIS es la policía política particular de la Presidencia, y doña Laura Chinchilla debe explicar al país si desea mantenerla pese al evidente conflicto entre sus actividades, las libertades públicas y el Estado de derecho. Otras naciones democráticas tienen servicios de inteligencia, pero, como ocurre en los EE. UU., restringen sus operaciones en el territorio nacional y las someten a supervisión legislativa. Son para espiar hacia fuera, en resguardo de intereses que Costa Rica no posee.
La DIS vigila fronteras adentro, con menoscabo de los derechos ciudadanos. Una larga cadena de incidentes acredita lo dicho. En 1995, la agencia encaró el escándalo de la empresa Astur, que puso sobre el tapete el tema de las intervenciones telefónicas ilegales. El año antepasado, cuando el Ministerio de Seguridad intentó probar la penetración de la guerrilla colombiana, mostró al Congreso fotos y documentos de nacionales contra quienes no se ha formulado cargo alguno.