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Suponiendo

Actualizado el 09 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Sin entrar en la intimidad técnica del asunto, la noticia de que se avecina un cambio en el cálculo del costo del servicio de internet para los usuarios del sistema prepago nos mueve a practicar por unos minutos ese imposible ejercicio de la profecía que casi siempre acaba en recomendaciones inútiles. Pero, ejercicio gratuito al fin, aquí va por si acaso. Algunas reacciones iniciales apuntan a la posibilidad de se trate de una expresión embrionaria de las tendencias represivas que el poder político y económico ya manifiesta en todo el mundo en relación con lo que considera una excesiva libertad en el uso de la red. Podría ser, pero tomando en cuenta que el cambio que comentamos afectaría a un conjunto limitado de usuarios, ese parece ser un argumento por ahora soslayable.

Sí parece evidente, a juzgar por los cálculos hechos por amigos conocedores del tema, que provocaría un aumento considerable en el costo de uso de la red por parte de los usuarios prepago, lo que iría en contra del autoproclamado interés gubernamental en democratizar ese uso. Y, por nuestra parte, pensamos que las empresas proveedoras se podrían encontrar muy pronto con una disminución sustancial en el “consumo” de sus servicios por uso de la red y, obviamente, buscarían recuperar sus beneficios mediante el arbitrio de elevar los costos para todos los usuarios, incluidos aquellos que utilizan la telefonía terrestre para el acceso a la red.

En nuestra condición de adivinos aficionados nos arriesgamos a pronosticar que eso es precisamente lo que ocurrirá y que ese encarecimiento universal del servicio será grave, tanto por sus efectos sobre la circulación libre y fluida del pensamiento como por los límites que podría significar para el empleo de la red con fines educativos. Esto último sería un palo en las ruedas de la multitud de proyectos que se perfilan en ese ámbito en todos los niveles de la educación pública y privada. Cabría, entonces, preguntarse si los sectores políticos y gremiales estudiantiles que pugnaron por lograr una ley que habría significado la ruina y el funeral de las empresas editoriales nacionales y un mezquino despojo a los autores de libros -actividades ambas en vías de extinción- tendrían la voluntad y los medios para enfrentarse a este genuino atentado contra el derecho a la educación. Ahí te quiero ver, Petra, porque esta vez la “lucha” sería, no contra un puñado de editores y autores sin capacidad alguna de movilización y sin ningún poder político, sino contra poderosos monstruos empresariales en vías de expansión y bien protegidos por la SUTEL.

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Fernando Durán Ayanegui

Doctor en Química de la Universidad de Lovaina. Realizó otros estudios en Holanda en la universidad de Lovaina, Bélgica y Harvard. En Costa Rica se dedicó a trabajar en la política académica y llegó a ocupar el cargo de rector (1981).

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