Proteccionismo a las pymes

En primer término, sí hay proteccionismo a las pymes y mipymes, como lo vamos a demostrar. Pero, antes, debemos clarificar qué se entiende por proteccionismo industrial y productivo, cómo se origina, y cuáles son los efectos económicos que genera.

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger a las empresas de un país y sus respectivos productos (bienes o servicios), imponiendo limitaciones arancelarias, impuestos, cuotas o prohibiciones a la importación de bienes que compiten con ellos, así como el otorgamiento de subsidios, exenciones exoneraciones o tratamientos fiscales privilegiados y discriminatorios para provocar una rentabilidad artificialmente mayor que la generada bajo un ambiente de libre competencia y en igualdad de condiciones. Son, en suma, distorsiones introducidas por el Estado para redirigir los recursos productivos a las áreas protegidas.

Las distorsiones provienen de forzar una asignación de recursos distinta de la que resultaría de las fuerzas del mercado en libre competencia. La consecuencia principal del proteccionismo, ampliamente establecida en la literatura económica, es provocar una combinación menos eficiente de recursos y, por tanto, menor crecimiento de la producción, empleo y salarios. El proteccionismo ocasiona, además, graves efectos directos e indirectos en los recursos del Estado, en detrimento de la inversión en infraestructura –con sus efectos negativos en el crecimiento de la producción y el empleo– y también de los programas sociales, por lo que se afecta la desigualdad.

¿Están ubicadas las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses bajo algún alero proteccionista? Indudablemente. Están, en primer lugar, bajo la protección general arancelaria que afecta a todas las empresas costarricenses, en el tanto prevalecen altos aranceles a la importación de bienes del exterior, incluyendo los aranceles, prohibiciones, exclusiones y cuotas que aún no se han terminado de reducir (proteccionismo mondo y lirondo) bajo las cláusulas especiales insertas en los tratados de libre comercio. Y, en segundo lugar, tienen tratos fiscales y tributarios preferenciales en ciertos gravámenes internos, como el impuesto sobre la renta que les concede un tratamiento preferencial a los contribuyentes físicos o jurídicos con ciertos ingresos brutos. También reciben tratamiento especial en relación con otros impuestos, incluyendo los aplicables a productos agrícolas de la canasta básica, que castigan al consumidor para proteger al productor, todo lo cual es ignorado por doña Mayi Antillón.

En el área financiera también se extiende el proteccionismo a empresas y personas, en el tanto se les conceden créditos a tasas preferenciales y se les otorga un tratamiento favorable en relación con requisitos formales, incluyendo garantías o ausencia de ellas. El impuesto a las entidades bancarias (peaje) para permitirles operar cuentas corrientes, con el propósito de fondear la banca de desarrollo, es otra distorsión que asciende a muchos miles de millones de colones y encarece las tasas de interés para otras actividades productivas. A doña Mayi parece no preocuparle en absoluto el impacto fiscal y financiero del proteccionismo a las pymes. Más bien cita la supuesta complacencia de don Édgar Ayales, ministro de Hacienda, con el tratamiento fiscal a las pymes, en cuyo caso deberíamos también discrepar de él y recomendarle cuidar con más ahínco los cinquitos de su propia tienda. Subir la carga tributaria, como él pretende, sin tocar las pymes ni mipymes, implica incrementar los gravámenes que pagan las demás unidades productivas y aumentar las distorsiones del aparato productivo. Y exonerar a las pymes del impuesto a las sociedades para que paguen otros impuestos, con lo cual está de acuerdo doña Mayi, no tiene mucho sentido. Equivale a desvestir un santo para vestir otro.

La conclusión a la que nosotros llegamos es muy clara: dar tratamiento preferencial en renta y ventas, reducir el impuesto territorial a la agricultura como se hizo recientemente, eximir del pago de impuestos sobre las sociedades mercantiles inscritas, y dar tratamientos financieros especiales a todo un sector de la economía nacional que se ha venido incrementando hasta significar el 30% del producto interno bruto (PIB) y absorber el 27% del empleo total, es muy peligroso, pues drena la base tributaria y la efectividad de la estructura impositiva, y exige incrementar las tasas de interés para todos los demás.

Dicho lo anterior, a doña Mayi debemos reconocerle un punto: los programas de acompañamiento a las pymes y mipymes gracias a la coordinación con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) para tratar de internacionalizar su producción, con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para capacitarlas mejor y brindar asistencia técnica requerida para ser más competitivas, y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), para apoyar sus incursiones en innovación, entre otros, son positivos. Esa acción del Estado puede contribuir a mejorar la situación de esas empresas, caracterizada por su baja productividad. Pero a todo el país le iría mejor si se eliminaran las distorsiones fiscales y financieras existentes y se ubicara su producción en un plano de igualdad.