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El precandidato libertario Otto Guevara logró frenar el eventual cierre del caso judicial contra su contendor liberacionista, Rodrigo Arias, sobre las consultorías pagadas con recursos del BCIE durante el gobierno anterior.
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José confirmó que, a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada por Guevara, no puede confirmar o rechazar la resolución judicial que libera de todo cargo a Arias.
Dicha decisión seguirá suspendida hasta que la Sala IV resuelva la acción del exdiputado libertario, con lo que el desenlace del caso contra el exministro de la Presidencia queda pendiente.
Así lo confirmó ayer el Tribunal Penal mediante la oficina de prensa del Poder Judicial.
Ayer, Guevara se mostró esperanzado en que su acción de inconstitucionalidad permita recabar la prueba que falta para replantear la investigación sobre las consultorías del BCIE.
Por su parte, Francisco Castillo, abogado de Rodrigo Arias, dijo anoche que su cliente queda sobreseído, pero que este sobreseimiento no puede ser confirmado o revocado sino hasta que la Sala Constitucional resuelva.
El caso. El 22 de agosto, el Juzgado Penal del II Circuito dictó sobreseimiento definitivo en favor de Arias y otras personas en la investigación sobre las consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El caso gira en torno a un fondo de $2 millones, del cual se ejecutaron $1,6 millones al margen de los controles del dinero público para contratar 84 asesorías en temas legales y de imagen, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero.
El Juzgado sobreseyó al precandidato de Liberación Nacional (PLN) de los supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y fraude de ley.
Guevara apeló esa resolución ante el Tribunal Penal el 27 de agosto y la Procuraduría de la Ética también lo hizo el 28 de agosto.
Pero, adicionalmente, el 24 de agosto la Sala IV admitió la acción presentada por Guevara contra el artículo 30 del Convenio Constitutivo del BCIE y contra el “Convenio de Cooperación Financiera No Reembolsable”, firmado entre esa entidad financiera y el Gobierno de Costa Rica.
Ese artículo establece que los archivos del Banco son inviolables y gozan de inmunidad.
El exdiputado libertario alegó que con base en esa inmunidad las autoridades del BCIE y del gobierno anterior se negaron a suministrar a la Fiscalía la totalidad de los documentos sobre las consultorías pagadas entre los años 2006 y 2007.
Al aceptar la acción de inconstitucionalidad, la Sala ordenó no dictar resolución final en los procesos donde se discuta la aplicación del artículo cuestionado, mientras se resuelve el asunto.
Es por ello que el Tribunal no puede resolver las apelaciones contra el sobreseimiento.
“Si la Sala Constitucional me da la razón, se conocería esa información que los gobiernos del PLN han querido mantener en secreto y muy probablemente con esa información la Fiscalía tendría que replantear el caso”, dijo Guevara, para quien los recursos que giró el BCIE son de origen público.
