El exdiputado Luis Román Trigo, esposo de la legisladora liberacionista María Ocampo, recibió una carta del Gobierno de Daniel Ortega el viernes 24 de febrero del 2012.
Membretada con el eslogan “El pueblo, presidente!”, la misiva contenía un aviso sobre una finca de 500 hectáreas que la familia Román Ocampo poseía en Nicaragua, junto a la frontera con Costa Rica.
La carta decía: “En virtud de lo estatuido en la Ley 749 (Ley de Régimen Jurídico de Fronteras), la cual es de orden público y de interés supremo de la nación, las referidas propiedades por estar ubicadas en las zonas denominadas de seguridad fronteriza, han pasado a la tutela del Estado y en Administración del Ejército de Nicaragua. Fraternalmente, Hernán Estrada, procurador general de la República”.
Dicho y hecho, la finca conocida como El Naranjo, comprada en 1992 por esta familia de políticos y empresarios guanacastecos, pasó a la custodia del Ejército nicaraguense. Los empleados debieron salir de la hacienda y al exdiputado (1994-1998) le dieron chance para vender las reses que allí tenía.
Los Román Ocampo, figuras cercanas al Gobierno de Laura Chinchilla, reclaman que no existió un trámite previo de expropiación y que, más de un año después, tampoco se les ha indemnizado.
Hárold Rivas, embajador de Nicaragua en San José, aceptó el jueves una entrevista sobre el tema, pero luego una asistente llamó para cancelarla. Dijo que el diplomático no se referiría al asunto.
La finca El Naranjo mide siete veces el tamaño del Parque Metropolitano La Sabana. Limita al oeste con el océano Pacífico y al sur, a lo largo de 2,5 kilómetros, con la frontera con Costa Rica.
La Cancillería costarricense intervino el 30 de abril del 2012 con con una “enérgica protesta” a la Cancillería nicaraguense.
El vicecanciller, Carlos Roverssi, alegó que Nicaragua no respetó su Ley de Expropiaciones ni el derecho a la propiedad privada establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. La nota de protesta no tuvo respuesta alguna.
Ocampo dijo que trataron de no involucrar su condición de diputada en el lío, pero admitió que en diciembre se “coló” en la delegación diplomática que viajó a una cumbre en Managua para entregar una carta a la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo.
Zona de seguridad. En diciembre del 2010, al calor del conflicto por isla Calero, Nicaragua aprobó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, la cual prohíbe a los extranjeros comprar tierras en una franja de cinco kilómetros de ancho paralela a las fronteras. El Naranjo está dentro de esa “zona de seguridad”.
Román alega que la ley protege los derechos de quienes compraron antes: “Yo simplemente creo que el Gobierno está en todo su derecho de expropiarme, pero yo en el derecho de que me indemnicen”.
El liberiano dijo que verbalmente la Procuraduría le ofreció terrenos en Chontales (noreste del lago de Nicaragua), pero él los rechazó.
En una nota publicada en el medio digital El 19, de Nicaragua, el procurador dijo que Román tenía un título de reforma agraria falso.
Según el exdiputado, Estrada nunca citó ese argumento cuando habló con él sobre los rumores de que el Gobierno quería la finca.
Román relató que la finca fue comprada por el Gobierno sandinista en 1979 para entregarla a cooperativistas, los cuales luego le vendieron a un nicaraguense que, años más tarde, le vendió a él.
Añadió que, en el 2010, él donó un lote de 1.842 metros cuadrados al Ejército para que instalara un puesto fronterizo y que, en el 2011, la Policía local le ayudó a sacar unos invasores que dijeron ser incitados por la Procuraduría.
Los Román Ocampo planean pelear el caso al amparo del TLC entre el Istmo y Estados Unidos.
