EscucharMadrid. AFP La senadora Rita Barberá, histórica dirigente de la derecha española que llegó a ser muy cercana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, falleció este miércoles en Madrid justo cuando era investigada por presunto blanqueo de capitales de su partido.
Protagonista de uno de los muchos escándalos de corrupción que han lastrado al gobierno de Rajoy desde que llegó al poder en el 2011, Barberá murió a los 68 años tras un paro cardíaco en un hotel donde se hospedaba cerca del Congreso de los Diputados.
Su muerte ocurrió apenas dos días después de que el lunes compareciera ante el Tribunal Supremo en Madrid, en el marco de la investigación sobre un presunto blanqueo de capitales destinados a financiar el Partido Popular (PP, conservador) en Valencia, ciudad del este español que dirigió durante 24 años.
Barberá comenzó a ser investigada en setiembre y cayó en desgracia incluso entre compañeros de su formación, que la forzaron a renunciar a pertenecer al PP.
“En el Partido Popular estamos enormemente afectados" por la muerte de una persona que dedicó “su vida” a la formación, señaló Rajoy a periodistas, mostrándose “enormemente apenado”.
Periodista de formación, Barberá ganó hasta seis elecciones en Valencia (1991 al 2015), cinco de ellas con mayoría absoluta, cimentando su estatura política y popularidad dentro del PP.
Muestra de que fue una figura polémica, el Congreso de los Diputados guardó un minuto de silencio por su deceso, pero del homenaje se ausentaron los diputados de Unidos Podemos (izquierda radical), tercera fuerza política del país.
“Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano”, pero la formación no participa en “un homenaje a un personaje cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción”, dijo su líder, Pablo Iglesias.
El ayuntamiento de Valencia, tercera ciudad del país ahora dirigida por la izquierda, puso sus banderas a media asta y decretó tres días de duelo.
Al conocerse en setiembre que era investigada, Barberá se vio forzada a abandonar el PP, que no podía permitirse nuevos escándalos cuando negociaba la formación de gobierno tras un prolongado bloqueo institucional.
No obstante, Barberá permaneció como senadora, manteniendo su privilegio de aforamiento, lo que significa que en caso de imputación tendría que haber sido juzgada por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano de a pie.
La investigación en su contra emanó de una imputación judicial por blanqueo lanzada en abril contra el PP en Valencia, antiguo feudo del partido.
La alcaldesa era la más alta responsable del partido a nivel local, por lo que resultaba “imprescindible continuar la investigación (sobre los hechos) y sobre la participación en ellos” de Barberá , estimó el tribunal.
El caso Imelsa, por el nombre de una empresa implicada, investiga presuntas adjudicaciones públicas trucadas, gracias a las cuales algunos cargos locales habrían cobrado comisiones ilegales que podrían haber transferido a la sección local del partido para financiarlo.
La justicia detectó aportaciones de 1.000 euros realizados por medio centenar de personas ligadas al partido entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas la propia Rita Barberá .
En su comparecencia el lunes Barberá admitió haber donado los 1.000 euros, pero dijo desconocer el manejo del dinero del partido. “Yo me dedicaba a sacar votos”, afirmó.
“Soy una persona honrada, no soy corrupta ni desde el punta de vista económico ni moral”, había afirmado Barberá en febrero, cuando dijo sentir un “inenarrable dolor” por las sospechas sobre ella.
El PP de Rajoy se ha visto salpicado por muchos escándalos de corrupción, pero los casos también han afectado tanto a la derecha como a la izquierda en España, e incluso a los sindicatos.
