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La firma proveedora de datos Equifax (antes Datum) presentó, en setiempre pasado, dos acciones legales contra su competidor TransUnion Costa Rica por el supuesto uso de datos confidenciales, los cuales habrían sido conseguidos de manera ilegítima.
Los reclamos, una denuncia y una demanda civil, fueron presentados ante la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) y en el Juzgado Civil del I Circuito Judicial de San José, respectivamente.
Los documentos de la denuncia, de los cuales este diario obtuvo copia, alegan que TransUnion viola la Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), pues dentro de sus servicios comercializa datos con la información del salario y lugar de trabajo de las personas, lo cual quedó prohibido con dicha legislación.
Equifax y TransUnion se dedican a crear bases de datos con información ciudadana, que son usadas para labores de inteligencia de crédito para consumidores y negocios, consultas civiles, prevención del fraude y mercadeo.
Acciones. Para sustentar las acusaciones, la parte denunciante (Equifax) incluyó entre sus pruebas la copia de dos consultas realizadas por medio del sistema de TransUnion, en julio pasado, en las que se revelan estos datos.
Los documentos de la demanda y la denuncia ante la Coprocom señalan que los datos de salarios y lugar de trabajo son privados y no se puede acceder a ellos,a no ser porque los revele la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o las mismas personas.
“La única manera de obtenerla (la información) es a través de medios ilegales”, señala el argumento de los denunciantes.
Pese a que no se refirió al fondo de la demanda, Equifax confirmó el reclamo. “Hemos interpuesto una demanda ante un juzgado civil en contra de uno de nuestros competidores por prácticas ilegales. Por el momento no podemos ampliar la información para no entorpecer el proceso que ya se inició”, aseguró Italo Machuca, director Legal de Equifax Centroamérica.
Ante la consulta de este diario en relación con dicha demanda, TransUnion también evitó referirse directamente a ella. Empero la firma dijo que actúa con “total cumplimiento” de las leyes.
“En muchos casos, TransUnion establece códigos de autorregulación y procedimientos aún más estrictos que las propias leyes de algunos países. Nada es más importante para TransUnion que el manejo seguro y confiable de la información de nuestros clientes”, señaló por escrito Clifton O’Neal, director de Comunicaciones de la firma.
Datos son privados. La provisión de los datos personales quedó restringida con la promulgación de la Ley 8968. Así lo confirmó Adrián Castro, asesor jurídico de la Agencia Protectora de Datos de los Habitantes (Prodhab), ente adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
No obstante, el funcionario explicó que algunas empresas podrían estar amparándose en que dicha ley dio un plazo de gracia para ajustarse, y que este periodo vence en marzo del 2013.
Pese a esto, las compañías que ofrezcan esta información estarían en disonancia con varias sentencias de los Tribunales.
“(Al publicar la información) no estarían incumpliendo con la ley de tratamiento de datos, pero sí la normativa jurisprudencial”, dijo Castro, y agregó que la Sala IV ya se pronunció en favor de proteger la información de los ciudadanos.
Mientras tanto, en la CCSS afirman que la información es confidencial y no existe autorización para que se publique. “La única base de datos que contiene esa información es la del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) y no es pública”, manifestó Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja.
