En relación con las modificaciones a la legislación tributaria actualmente en trámite es conveniente desoír las opiniones de aquellos políticos-empresarios cuyos intereses los inhiben lógicamente de hablar con la verdad; pero no podemos dudar de la buena fe de algunos abogados y economistas capaces e íntegros a quienes no nos imaginamos llevando agua a sus molinos, de quienes hemos leído argumentaciones tan autorizadas y convincentes como contradictorias entre sí y ante las cuales quedan demostradas nuestra ignorancia sobre lo simple y nuestra falta de entendederas para lo complicado. Así pues, está de Dios –decían nuestros abuelos– o está del jefe –como seguramente piensan los usuales genuflexos de la política– que la decisiones definitivas las tomen, no los que saben del asunto sino los que tienen el poder de tomarlas, aun cuando sepan poco.
Por eso, tal y como funciona nuestro sistema deberíamos simplemente prepararnos para recibir los efectos del acuerdo Chinchilla-Solís, que hasta donde hablan los números y dice la creencia en que la Presidenta y Ottón dirigen, cuenta con sobrada mayoría parlamentaria. Democracia obliga y, por lo demás, no nos queda más remedio que observar la maniobra y persignarnos como harían los pasajeros católicos de un barco en acostaje cuando el capitán de puerto toma el mando y hace lo posible por no arremeter contra el muelle. Por tanto, no se vale –no debería valerse– estallar en alaridos porque tal o cual diputado del PAC o del PLN se tira por la borda: allá él si no tuvo la precaución de ponerse el salvavidas. Que los diputados son, por lo menos en principio, independientes del Poder Ejecutivo, es algo que recordamos de nuestras ya polvorientas lecciones de Cívica del colegio.
Sí amerita un zafarrancho de protesta el que todo un equipo ministerial, subalterno de la Presidenta, se dedique a torpedear un importante acuerdo respaldado públicamente por ella. De acuerdo con nuestra Constitución –también lo aprendimos en Cívica–, un ministro o una ministra debe adaptar, con lealtad, sus actos oficiales a las intenciones de quien ocupa la presidencia por voluntad popular y es la fuente única de su nombramiento. Es difícil, si no imposible, explicarse cómo la capitana Presidenta permite, sin apuntarles con el dedo de los despidos, que subalternos suyos se atrevan a “travesiar” con el timón mientras ella intenta ejecutar sus delicadas maniobras al borde del muelle. Sí, claro, puede que de toda forma muelle y barco terminen dándose tremendísimo guaspirolazo, pero muchos creyentes ya están cansados de tanto persignarse en vano.
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