El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) arrastra un historial de cuestionamientos por la atención de casos de violencia contra menores de edad. En el último remezón se conoció que en el 2019 la entidad desatendió al menos a 2.045 niños víctimas de agresión cuyos casos requerían intervención en un lapso de 48 horas posterior a la entrada de la denuncia. Eran casos “prioridad uno”.
Dichos señalamientos se conocieron el 18 de enero del 2020, dos días después de que la entonces presidenta ejecutiva, Patricia Vega Herrera, se viera obligada a renunciar, por responsabilidad política, luego del homicidio, el 15 de enero de ese año, de una niña de cuatro años, en Tuetal Sur de Alajuela, víctima de agresiones de su madre y padrastro.
Vega fue crítica con lo sucedido. “Es una nueva desgracia que le ocurre a una niña en nuestro país. Lo más grave es que el PANI tuvo conocimiento de que esta menor estaba en riesgo, tuvo conocimiento y no actuó, no respondió para lo que está llamado a hacer. Ya no es posible tolerar este tipo de incompetencia. Cuando el Patronato se equivoca, los niños indefensos pueden morir y esto es insostenible”, afirmó Vega.
Ahora, el PANI vuelve a estar en entredicho por el caso de una colegial de 13 años que dio a luz a una niña el 10 de julio del 2022, en el Hospital Max Peralta, en Cartago. El rapto de la bebé, ocurrido el domingo, desató dudas sobre qué hizo el Patronato ante este caso para proteger de un entorno de abusos tanto a la madre como a su hija.
El Hospital Max Peralta se sacudió, este miércoles, al informar que sí reportó el caso al PANI desde que entró la niña hasta que dio a luz en julio, pero, se ignora qué proceso siguió.
Horas antes, en una conferencia realizada tras el Consejo de Gobierno, la prensa le preguntó a la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo, si el Patronato recibió la denuncia. Contestó que no se referiría al tema porque está en investigación interna.
Cuando Patricia Vega dimitió al cargo en 2020 por el asesinato de la niña en Tuetal, la situación era insostenible porque el Patronato arrastraba críticas por otras tres muertes de menores en las que se cuestionó la labor de la entidad.
En el caso de la niña de Tuetal, el reporte que manejaba el PANI “decía que había un tema de violencia intrafamiliar y que la niña estaba en riesgo. Era una alerta, no había mucho que interpretar. Esa es la frustración que uno siente, no la atendieron, no le vieron la gravedad al reporte; esa niña podría estar viva”, narró Vega.
Y agregó: “El reporte de agosto del año pasado (2019) es claro en que había que actuar inmediatamente”, pero nada ocurrió”.
El 19 de noviembre del 2021, un tribunal dictó pena máxima contra la madre y el padrastro de la menor. La fiscal Edith Morera Rodríguez dijo que Yuseth María Mejías Vargas, de 36 años, madre de la niña, y el padrastro, Brayan Jacobo Herrera Ayala, de 21 años, ejecutaron el homicidio luego de golpizas durante 15 horas.
Otros casos
Pero hay más casos en los cuales el PANI ha sido protagonista por su inacción. Un editorial de La Nación, del 20 de febrero del 2010 y titulado “¿Para qué sirve el PANI?”, recuerda otros lamentables hechos.
“En Paquera, Puntarenas, el PANI recibió una denuncia anónima, el 30 de setiembre del 2009, sobre los abusos sexuales contra una niña de parte de un agresor. La madre enviaba a la niña a trabajar en la casa del victimario. Funcionarios del PANI interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público.
“La Fiscalía le solicitó a un equipo interdisciplinario del Poder Judicial una valoración de la menor, que se programó precisamente para el 24 de febrero. El PANI elaboró un plan integral para la niña, pero se la atendió una sola vez. No se dictaron a tiempo las medidas de protección respectiva, como trasladarla a un techo alternativo. La niña fue asesinada”.
Un segundo caso mencionado en el editorial es este:
“El PANI recibió una denuncia anónima por negligencia de los padres el 16 de setiembre del 2008 en Goicoechea. Una funcionaria intentó hacer una visita a la casa de los niños, pero alegó que la dirección no era la correcta y no volvió por cuanto falleció. El PANI, entonces, abandonó el caso.
“Según un funcionario del PANI, la dirección era correcta y era posible llegar a la casa. Los funcionarios del PANI tenían la potestad de dictar las medidas de protección y separar a los niños de su hogar. Tres de los cuatro menores en peligro fueron envenenados por su madre, junto con su esposo, el 6 de febrero pasado.
“Ella se suicidó. Téngase en cuenta que la denuncia anónima se había efectuado hacía un año y cinco meses. Si esto no es negligencia personal e institucional, las palabras y los valores humanos han perdido, entonces, todo su sentido”.
En mayo del 2019 ocurrió lo mismo. El personal de la oficina regional del PANI, en Alajuela, recibió una denuncia por maltrato, pero no encontró la casa donde vivía el niño salvadoreño de cinco años que, finalmente, murió asesinado por sus padres en el distrito Sabanilla.
Unos días antes del homicidio, representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el PANI. El Patronato, sin embargo, nunca logró dar con la familia para investigar el caso, según explicaciones que dio la entonces presidenta ejecutiva, Patricia Vega.
El 3 de agosto del 2020, un informe de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos advirtió de graves deficiencias en el control y atención de menores de edad por parte del PANI.
Entre los hallazgos de la investigación, firmada por tres congresistas, se determinó que existían denuncias de alto riesgo no atendidas, una ineficiente gestión de los recursos, falta de controles internos y externos, así como una carencia de informes que reflejen las anomalías detectadas.
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