El incendio que dejó dos muertos el 22 de diciembre pasado en el Hotel Gran París, en el centro de la capital, se investiga como un acto intencional, no obstante el sospechoso quedó libre. Lo mismo ocurrió en otro que dejó siete muertos, ocurrido en abril del 2019 en La Carpio, La Uruca, y pese a que se tenía un sospechoso, el caso sigue impune.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, el 4 de febrero recibió la causa seguida contra un sujeto de apellidos Noguera Vanegas, de 41 años, a quien se le investiga inicialmente por el delito de homicidio en el hotel Gran París, debido a la muerte de dos inquilinos, cuyos restos aparecieron en el segundo y el tercer piso de la estructura quemada.
“La Fiscalía solicitó medidas cautelares en contra de Noguera; sin embargo, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento”, dice el Ministerio Público. Aunque apelaron esa resolución, el Tribunal Penal negó de nuevo la petición y ordenó la libertad de Noguera. Ante esa última instancia, el Ministerio Público no tiene posibilidad de gestionar otra apelación y por eso Noguera, de origen nicaragüense, quedó libre. Mientras tanto, el caso sigue en la etapa de recolección y análisis de prueba dentro del expediente 21-001482-0053-PE.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los fallecidos en ese incendio aún no han sido identificados, pues se está a la espera de resultados de ADN que se realizan en el laboratorio forense, para compararlo con el de familiares y así confirmar o descartar dos nombres que preliminarmente tienen.
La llamada de alerta por ese incendio ingresó a las 00:46 a. m. al sistema de Emergencias 9-1-1 y pese a la rápida movilización de 14 unidades de Bomberos, el fuego devoró el hotel de tres pisos y se tardaron casi dos horas en controlarlo.
Como el recinto solo tenía una puerta de acceso y salida, fue muy difícil la evacuación de los inquilinos que estaban esa madrugada en las 73 habitaciones, de modo que cuatro de ellos resultaron heridos por quemaduras y tuvieron que ser hospitalizados, lo mismo que el sospechoso de prender el fuego en el segundo piso, quien intentó darse a la fuga, pero fue seguido por uno de los empleados del hotel hasta el parque La Merced, donde con la ayuda de la Fuerza Pública se logró detenerlo.
Un conflicto entre huéspedes se investiga como hipótesis del fuego, ya que así fue expresado por algunos testigos cuando llegaron los bomberos, pero aún se buscan pruebas.
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Sin referirse específicamente al siniestro del Gran París, Allen Moya Solano, jefe de Ingeniería de Bomberos, afirmó que suelen ser muy variadas las causas que llevan a una persona a incendiar un inmueble. El estado emocional no les permite medir las consecuencias que dicha acción puede tener sobre personas inocentes. Las estadísticas reflejan muchas muertes colaterales luego de los fuegos provocados.
Explicó que si al llegar a una escena hallan dos o más focos que originan el fuego, ahí tienen el primer indicio de un incendio intencional, porque los que ocurren accidentalmente, suelen tener un único punto de origen. Otra evidencia surge cuando se hayan restos de prendas acumuladas sobre una cama o en un punto inusual, pues denota que fueron usadas como material combustible para iniciar fuego.
Otra marca que queda después del incendio es la de los acelerantes, por lo general gasolina, que los canes adiestrados pueden detectar, lo mismo que las pruebas de laboratorio.
“Cada caso es diferente, pero la mayoría de veces no se piensa en la magnitud. Tal vez la motivación es pasional y las emociones son tan intensas que no se reflexiona sobre todo el daño que se puede ocasionar”, dijo Moya. Por ejemplo en La Carpio, el sospechoso de un incendio que dejó siete muertos el 13 de abril del 2019, era pareja de Inesilia del Socorro Lara Carmona, de 31 años, una de las víctimas.
Luego de mantener una discusión con ella, habría rociado un líquido acelerante en la cuartería, donde la mujer alquilaba una habitación para vivir con una hija de tres años, que también murió. Al año siguiente, la Policía reconoció que no había podido dar con el paradero del principal sospechoso. En enero del año pasado el Ministerio Público confirmó que, pese a que el OIJ lo identificó, la causa aún se tramita contra ignorado; es decir, no hay nadie imputado formalmente por esa mortal conflagración.
“El incendio comenzó en la parte frontal de la vivienda y lamentablemente ahí estaba la única opción de salida. Los que lograron salir tuvieron que despedazar unas latas y salir por detrás. Recuerdo que a esa casa se le cambió la estructura, pues se comenzó a ampliar y se convirtió en cuartería”, dijo Miguel Araya, investigador de incendios que atendió ese caso.
Por líos pasionales quemó 72 ranchos
Otro incendio provocado fue el que cobró la vida de seis personas, a las 11:40 p. m. del sábado 26 de noviembre del 2016. Quedaron en cenizas un total de 72 estructuras donde vivían 142 adultos y 94 menores del precario “El trillizos”, en una ladera colmada de viviendas muy humildes que colindan con el cauce del río Virilla en la ciudadela León XIII, Tibás.
La policía detuvo a Didier Jiménez Peraza, que en ese entonces tenía 30 años, pues habría usado una bomba casera que consumió esa parte de la ciudadela, en la que dejó a 236 damnificados.
Según indicó el OIJ, Jiménez quiso incendiar la casa de su expareja y vengarse de ella por conflictos pasionales. Al momento del fuego, no había electricidad en la zona, por lo cual se descartó que un cortocircuito hubiese levantado las llamas.
El 12 de febrero del 2018, Jiménez Peraza, fue condenado a 13 años de prisión al quedar el firme el fallo mediante el cual aceptó los hechos acusados y se sometió a un procedimiento abreviado, sin necesidad de ir a juicio.
Escolares muertos
Otra que descuenta pena por un incendio es Danna Tamika Batista Milian, de 31 años, quien fue sentenciada a 60 años de cárcel el 26 de noviembre del 2019. Se le atribuyó provocar un incendio e ignorar el llamado de auxilio de sus dos hijos, de 10 y 8 años, quienes fallecieron el 26 de abril del 2018 en San Francisco de Dos Ríos, San José. La pena quedó en 50 años, que es el máximo en nuestra legislación.
Aunque la mujer alegó que la noche del incendio estaba bajo efectos de la marihuana, la Fiscalía presentó una serie de pruebas y testimonios que la involucraron con la muerte intencional de sus hijos, que fueron encerrados en el cuarto donde, por razones desconocidas, roció con gasolina cuatro puntos para acelerar el incendio en el que la pareja de escolares perdió la vida.
Aunque Batista negó los cargos y dijo que sufría adicción a la droga, así como amenazas de una expareja, los indicios de perros adiestrados en la escena, unidos al informe de Ingeniería de Bomberos y del OIJ, la tienen tras barrotes.
Incendiario del Calderón Guardia ya está libre
Uno de los incendios más graves de las últimas décadas fue el del Hospital Calderón Guardia en el 2005. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estableció que Juan Carlos Ledezma Sánchez incendió un depósito de materiales para tratar de sobresalir, pero el resultado fue tan grave que dejó tres enfermeras y 18 pacientes sin vida.
A Ledezma, que en ese entonces tenía 26 años y actualmente tiene 40, le habían dado cinco meses antes un reconocimiento, porque ayudó a apagar un principio de incendio en la biblioteca de ese centro médico. Posiblemente quiso buscar nuevos méritos, porque generó el devastador fuego del 12 de junio del 2005 en la bodega de materiales del tercer piso del hospital, en el que colaboró con las labores de rescate.
Ledezma era asistente de pacientes y aunque dos años después del incendio se le dictó la pena de 50 años, luego le fue reducida a 20, pues se cambió el delito de homicidio que originalmente se le atribuyó, por el de incendio. Actualmente está libre, debido a que como estudió y trabajó en prisión, se le aplicó el descuento carcelario y en marzo del año pasado cumplió su pena.
Novio es el sospechoso
El 17 de noviembre del 2020, los Bomberos atendieron un incendio en ciudadela La Capri, San Miguel de Desamparados, donde después de extinguir las llamas fue hallado el cuerpo de María José Calvo Valverde, de 26 años.
Los exámenes forenses determinaron que a la veinteañera la habían fulminado de un balazo en el cabeza el día antes y que el incendio en la vivienda donde residía fue provocado con el fin de ocultar ese homicidio. Los bomberos encontraron restos de acelerante en tres puntos de la vivienda. Esa vez las llamas afectaron de manera parcial otras tres casas vecinas.
La Policía detuvo dos días después en Tibás al novio de la joven como presunto responsable del homicidio, el incendio y la sustracción del carro de la víctima. Se trata de un muchacho que en ese entonces tenía 21 años, de apellidos Taracena Echeverría.
La localización de acelerantes en el cuerpo de Calvo, quien yacía en la segunda planta del inmueble, el hecho de que las puertas no tuvieran forzaduras, así como la desaparición del carro, hicieron a las autoridades entrar en dudas que fueron aclaradas al detectarse en la autopsia que la mujer tenía un disparo en la cabeza.
La Fiscalía Adjunta de Desamparados solicitó esa vez seis meses de prisión preventiva contra el imputado por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, el Juzgado Penal de la zona rechazó la petición y en su lugar ordenó arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Sobre la situación actual de ese asunto, la Fiscalía ya finalizó la investigación y actualmente se encuentra a la espera de que se realice una audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado Penal para, posteriormente, remitir su requerimiento conclusivo. El caso se investiga dentro de la causa 20-001038-0053-PE.
Inquilinos aferrados
Un caso reciente, que por suerte no dejó víctimas pero dejó una vivienda destruida y otras tres afectadas, fue el provocado al parecer por dos inquilinos de una casa de alquiler, quienes se oponían a un desalojo administrativo aplicado el 8 de diciembre del año pasado en Purral de Goicoechea.
Los sujetos de apellidos Alvarez Varela y Obregón Varela quedaron detenidos y fueron trasladados a la Fiscalía donde e confirmó que ambos se encuentran en investigación dentro del expediente 21-000556-0275-PE. Son sospechosos por el delito de incendio o explosión, tipificado en el artículo 253 del Código Penal que dice: “Será reprimido con prisión de cinco a diez años el que, mediante incendio o explosión, creare un peligro común para las personas o los bienes.
Esa normativa también establece que la pena puede alcanzar un máximo de 15 años de cárcel cuando se pone en riesgo la vida de otras personas, y de 20 años si el hecho causa la muerte o lesiones gravísimas a alguien, como ocurrió en el incendio del Hospital Calderón Guardia.
Otros que descontaron 20 años fueron Geovanny Mora Cruz, de 41 años, y Roy Calvo Barquero, de 22, quienes en octubre del 2001 fueron hallados culpables de quemar la Casona de Santa Rosa en Guanacaste. Se les aplicó esa pena por tratarse de bienes de valor histórico, como ese monumento de la gesta nacional de 1856, que tuvo que ser reconstruido años después.
La causa de ese incendio, ocurrido el 9 de mayo del 2001, sería una venganza contra los guardaparques por parte de cazadores ilegales a quienes se les había impedido desarrollar esa actividad en el bosque tropical seco de Liberia.
En agosto del 2019, Calvo Barquero, uno de los que ya había cumplido la pena, volvió a ser detenido por caza ilegal en las inmediaciones de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, en Bagaces de Guanacaste.