El país debe dejar de “comer cuento” y entender la necesidad de mantener mecanismos de control para evitar la corrupción y el derroche de fondos públicos. El cuento viene acompañado de quejas sobre la lentitud de la fiscalización y la urgencia de ejecutar obras, pero cada vez que nos apartamos de las reglas ordinarias de la contratación administrativa, terminamos lamentándolo.
La actual administración ha ensayado diversas fórmulas para “agilizar” sus iniciativas. Recibió la Ciudad Gobierno a un paso de concretarse mediante concesión de obra pública y tiró los avances por la ventana para constituir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en desarrollador del proyecto, con el encargo de celebrar las licitaciones, arrendar el inmueble al Estado y, pasadas un par de décadas, transferírselo.
La inversión de $450 millones se concretaría sin los “estorbos” impuestos por la ley costarricense y sin el necesario escrutinio de la opinión pública. Una y otra vez, el BCIE ha invocado los privilegios y excepciones propios de su naturaleza jurídica internacional para retener datos de interés público. Es el mismo banco donde se “agilizó” la contratación de la empresa de Christian Bulgarelli según los términos de referencia que él mismo redactó.
La administración también ensayó la ruta de Radiográfica Costarricense para adquirir escáneres en forma expedita, sin someterse a los enojosos controles vigentes. El artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública solo permite contratos entre entes de derecho público “cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar” y exige acreditar la idoneidad del proveedor, la conveniencia de no adjudicar el negocio a otros participantes en el mercado y su capacidad de ejecutar por lo menos el 70 % del objeto de la contratación. Para superar esos requisitos, Racsa hizo una “alianza estratégica” con una empresa privada elegida sin concurso y se declararon secretos los términos del acuerdo, pero la Contraloría malogró la maniobra, tan poco transparente como las demás.
El intento más reciente es la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, mediante su inclusión en la emergencia decretada para mitigar los efectos de la tormenta Bonnie, ocurrida un año antes, sin efectos sobre la pista. Es la única maniobra, junto con la del caso Bulgarelli, culminada con un contrato. Ambas terminaron, también, en la Fiscalía. Las otras dos, ni siquiera eso.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.