Son mercenarios porque reciben paga. Alguien les pasa dinero para que repartan información falsa, basureen y, obviamente, pesquen ingenuos en las redes sociales. Ese es el sistemático engaño de los troles, quienes, ocultos tras identidades falsas, atacan por encargo de un “cliente”.
La gran incógnita es quiénes son los autores intelectuales y financistas de este siniestro plan para azuzar la confrontación social, distraer al común de la gente de la falta de soluciones a problemas nacionales y calumniar a quien defienda una posición contraria. Pero también les pagan para encumbrar. Los troles amanecen, brocha en mano, listos para ensalzar a alguien.
No hay que ir muy lejos para caer en la cuenta de que la trama es un copy-paste. Nayib Bukele la emprendió contra la prensa en El Salvador. Su gobierno “ataca a periodistas e individuos con una vasta red de troles”, denunció en octubre del 2020 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
También, “desacredita a otros medios, vinculándolos con partidos políticos y refiriéndose de manera peyorativa a periodistas que lo cuestionan”.
Una vez desacreditados los periodistas no oficiales, dice la SIP, “arremetió contra la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa”. Todos sabemos cómo terminó la historia después del basureo: Bukele logró nombrar magistrados, dominar el Congreso y es señor absoluto.
Daniel Ortega, igual. Facebook descubrió su granja de troles usados para poner como vendepatria a quien ose contradecirlo. Así, se manipula el debate político y la oposición, y se exalta al gobernante, advirtió Meta.
En Costa Rica ya tenemos un grave antecedente. Un “cliente” pagó en campaña electoral a una empresa de relaciones públicas $128.000 (¢85 millones) para administrar troles y páginas que se hacían “pasar por medios de noticias”. Facebook también destapó el caso.
Sin duda, la responsabilidad para combatir a los troles es compartida. Los ciudadanos debemos abrir los ojos y evitar la trampa de los “clientes”, pero la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también tienen la obligación de descubrir la cara de quienes están en guerra mediante el uso del odio como arma.