“Gobierno da a constructora china ilusa orden de inicio de vía a Limón” decía el titular de La Nación el 16 de noviembre del 2017. Acto seguido, aclaraba: “Ni una sola expropiación está lista; faltan estudios, permisos y $60 millones para obras extras pedidas por las comunidades”.
Pasados seis años y medio, la titulación se mantiene fiel a la realidad, con algunos ajustes. La obra debería estar lista en diciembre, pero hay razones para dudarlo. En cualquier caso, no será como fue planeada porque, para reducir costos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) eliminó pasos a desnivel y los sustituyó por rotondas para desvelo de los gobiernos locales de la región.
La imprevisión y el desorden llegaron al punto de obligar al Ministerio de Hacienda a hacer apresuradas gestiones para lograr una prórroga del EximBank de China con el objeto de aprovechar los $28,3 millones restantes del financiamiento, aprobado para ejecutar la obra encargada a la constructora estatal china CHEC.
A la fecha, hay un 84 % de avance, según el MOPT, pero antes de respirar aliviados por la relativa modestia de la fracción restante, convendría saber cómo la calculan y recordar que el año pasado apenas hubo un avance del 8 %. A ese ritmo, harían falta dos años más para completar el 16 % restante.
Si se tratara de un camino vecinal, comprenderíamos el enojo de la comunidad y haríamos votos por su conclusión expedita, pero hablamos de una carretera destinada a unir el Valle Central con el principal puerto del Atlántico, por donde transita el 80 % del comercio internacional de bienes.
Si alguna vez hubo una vía estratégica, es esta, pero nada en la ejecución del proyecto lo revela, comenzando por la rocambolesca aprobación legislativa del financiamiento, a la postre basada en “el honor, tan asentado en la cultura china” y la garantía personal del entonces jerarca del MOPT. No obstante, las obligaciones de las partes han sido fuente de interminables disputas. CHEC mantiene 19 reclamos por más de $180 millones y ya ganó uno de ellos, por $25 millones.
Las diferencias se centran en costos de materiales, alcance de las obras y retrasos imputados por la constructora al gobierno nacional. En suma, la imprevisión pasa la cuenta al país como ha sucedido tantas otras veces. Ojalá, en lugar de la ilusión creada con la orden de inicio, se nos hubiera ofrecido una obra estimada con los pies en la tierra y los requisitos mínimos satisfechos, pero pudo más el deseo de quedar bien.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.