El Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, que se celebra hoy, fue promovido con gran entusiasmo por el Dr. Álvaro Burgos Mata, lamentablemente, recién fallecido.
El Dr. Burgos Mata deseaba que por lo menos un día al año se reflexionara, pensara y revisaran las políticas públicas, la legislación y las estrategias para enfrentar la violencia y el delito en general, pero particularmente el juvenil.
El decreto fue aprobado el año pasado, durante la conmemoración de los 25 años de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establece deberes, responsabilidades y consecuencias para los adolescentes con edades entre los 12 y menos de los 18 años, por hechos delictivos.
Comprende, entre otras, sanciones privativas de libertad de hasta 15 años, que se pueden imponer a un adolescente por delitos graves.
En paralelo a lo anterior, la legislación busca cumplir principios rectores de reinserción, reintegración y restauración individual y social de los menores en sus familias y sociedad. Todo lo cual debe materializarse a través de políticas públicas preventivas de la violencia.
Impone al Estado, en asocio con organizaciones no gubernamentales y comunidades, promover programas orientados al cumplimiento de estos fines, lo mismo que la protección de los derechos e intereses de las víctimas de la violencia y el delito.
Manifestaciones de violencia
Decretos ejecutivos como este resultan sumamente necesarios en la actualidad. Estamos siendo testigos de serias manifestaciones de violencia pospandémica.
Luego de un poco más de dos años de clases virtuales, el regreso a las aulas se ha visto empañado —no solo en nuestro país, sino también en otros de la región— por un estallido de violencia que sorprende a nuestra sociedad, pues no es un fenómeno frecuente en el ámbito escolar.
La Fiscalía Penal Juvenil tramitaba 213 procesos contra alumnos el 29 de marzo de este año, cifra que debe ser mucho mayor en estos momentos.
Las causas son variadas: riñas, lesiones, amenazas, agresiones con arma y portación de armas en diferentes lugares del país, liceos o colegios de Cartago, Escazú, San José y Alajuela.
Se han visto involucrados en hechos graves de violencia, incluso trasladados a hospitales, múltiples estudiantes. Sobresale como un hecho relevante lo denunciado recientemente: un exestudiante aseguró que mataría a varias personas y publicó en las redes sociales que su objetivo es matar por el supuesto acoso que sufrió cuando estuvo en la escuela.
Amenazas como estas obligaron a activar los protocolos en tres colegios de la zona sur del país, la suspensión de lecciones y la intervención de la Fuerza Pública.
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Impacto en la salud mental
¿A qué se debe este estallido de violencia tan inusual? La pandemia nos afectó a todos y, desde luego, a la niñez y a los adolescentes, quienes se encuentran en una etapa clave de formación y búsqueda de identidad propia. De ahí que la afectación de la salud mental tenga especial repercusión en esta población.
Habrá que investigar más sobre el fenómeno, pero creo que el aislamiento afecta la capacidad de socialización.
Algunos expertos señalan como consecuencias del confinamiento la “afectación de facultades cognitivas y creación de lagunas en el aprendizaje”, así como cuadros de ansiedad y depresión.
Pero la violencia nunca sucede en el vacío; es el resultado de diferentes factores y entornos en los que se desarrollan los jóvenes. Evidencia una pérdida de la capacidad de diálogo, de la escucha al otro, del reconocimiento de emociones y de la falta de competencias para crear empatía. Sobre estas carencias deberían enfocarse las respuestas inmediatas a la violencia escolar.
Sin embargo, la violencia juvenil es más grave que la escolar, porque tiene una dimensión mayor, por ejemplo, la violencia de los alumnos en perjuicio del cuerpo docente o viceversa.
Esta es solo una pequeña parcela del problema, a la que el Ministerio de Educación Pública debe responder y solucionar con inteligencia y, sobre todo, con mucho diálogo.
Más allá de la agresión
Otra escala del problema es la violencia delictiva en la que se encuentran involucradas personas menores de edad, y que también impacta a toda la sociedad y sobre la cual se requiere una actuación inmediata.
Unos 100 menores de edad y jóvenes adultos han sido sentenciados por delitos graves, principalmente, homicidios, narcotráfico y actividades conexas, entre ellas, el sicariato.
No encuentro frase más clara y contundente para sintetizar la gravedad del problema como la dicha por una autoridad regional del MEP: “En Limón, competimos con el narco para que no se lleve a los alumnos”. La respuesta a la violencia escolar, y en general a la delictiva, debe ser integral. No es solo un problema de seguridad, que se soluciona con presencia policial y denuncias ante la Fiscalía Penal Juvenil.
Muchas veces estas apuestas represivas agravan el problema en lugar de solucionarlo. Como afirmaba el Dr. Álvaro Burgos Mata: “Hay que recordar que el fin de la prevención de la criminalidad en la sociedad es suprimir las raíces de la violencia y neutralizar los procesos, ya que es mejor prevenir los delitos que castigarlos”.
El Dr. Burgos Mata fue un distinguido profesor, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, prolífico escritor de libros y artículos académicos en varias ramas del saber jurídico, en virtud de su sólida formación como abogado, criminólogo y psicólogo forense.
Además, fue funcionario judicial de carrera, juez probo y magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre del 2019 hasta su fallecimiento.
Honremos su memoria reflexionando hoy sobre cómo enfrentar la violencia y el delito en general, pero especialmente el juvenil.
carlos@doctortiffer.com
El autor es abogado.