Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) investigar las contrataciones hechas por instituciones públicas a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
“Nos llama la atención que la mayor parte de esas contrataciones se realizan de forma directa, es decir, sin mediar concurso alguno, en lugar de efectuar una licitación pública con agencias de publicidad, en busca de la mejor oferta para los intereses de la institucionalidad pública”, afirmó el socialcristiano Horacio Alvarado.
La nota enviada al ente contralor, con fecha del pasado 31 de julio, fue suscrita por los nueve integrantes de la bancada rojiazul y se fundamenta en informaciones periodísticas, como las publicadas por la La Nación, que dan cuenta de dichas contrataciones.
“Nos inquieta, en particular, en algunos de los casos expuestos por la prensa, los plazos, procedimientos, trámites, requisitos y documentación atinente a las contrataciones no estén siendo debidamente atendidos; los argumentos que se exponen para cuestionarlos son meritorios y podrían estar indicando incumplimiento por parte de los contratantes”, se consigno en ese documento.
“En resumen, señora contralora, los reportajes periodísticos e información recabada, dan a luz una posible estructura de concentración de dineros públicos, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho para evadir la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública”, agrega la nota del PUSC.
La Agencia de Publicidad del Sinart tiene en su poder contratos de publicidad estatal que, en conjunto, suman ¢7.925 millones.
Los acuerdos involucran a 14 instituciones públicas y tienen que ver con serviciospara colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
En respuesta enviada el 21 de agosto a los socialcristianos, la CGR indicó que la solicitud está siendo atendida por parte del órgano contralor y que lo resuelto se les comunicará oportunamente.
La CGR, por su ley constitutiva, está obligada a “instruir sumarios” o realizar “investigaciones especiales”, cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando así lo requieran al menos cinco diputados, de manera conjunta.
Diputados expresan preocupaciones
En la misiva, los legisladores plantean al ente contralor una serie de preocupaciones, como el hecho de que las respuestas a las consultas que se han planteado directamente a las instituciones, solicitándoles información, en algunos casos han sido omisas y en otros escuetas.
“Nos despiertan la alarma de que los cuestionamientos que realiza la prensa podrían tener sustento, en el sentido, de que algo no está bien con esas contrataciones”, indican.
Los diputados critican que, para algunos de los casos consultados, se hagan excepciones “para saltarse el requerimiento que establece la Ley en cuanto a la idoneidad del ente público que se pretende contratar y cumplir con el porcentaje mínimo que este debe prestar del objeto contractual”.
Igualmente, cuestionan el sustento técnico de los estudios de mercado aportados para respaldar los procedimientos de contratación. Además, expresan inquietud sobre la justificación de oferente único y la posible colocación de pauta, sin una base sólida y técnica.
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Otras empresas vinculadas
El Sinart contrató a tres empresas para ofrecer los servicios a las 14 instituciones que le contrataron.
Como productora audiovisual, contrató a la firma RMC La Productora S. A., cuyo nombre comercial es Nocaut y pertenece al productor Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, identificó como “asesor de comunicación” del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Bulgarelli, además, participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, posteriormente, le fue adjudicada.
Los vínculos entre el Gobierno y Bulgarelli fueron denunciados ante el Ministerio Público, a inicios de agosto, por los diputados Ariel Robles y Jonathan Acuña, del partido Frente Amplio (FA), por presunto tráfico de influencias, en el otorgamiento de contratos públicos.
Para productos BTL, es decir, publicidad en el punto de venta, suscribió un contrato con la firma Inversiones del Aire HM S. A., cuyo apoderado generalísimo es Hugo Chinchilla Cascante.
Para marketing digital, el Sinart tiene un ligamen con la compañía Tecnologías Asertivas S. A. (TEAH Digital), que tiene como representante legal a Federico Bazo Alfaro.
Esos tres acuerdos se adjudicaron de manera directa y sin concurso entre el 10 y el 12 de enero pasado, luego de que el Consejo Ejecutivo del Sinart recomendó la contratación de esas tres compañías.
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