La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, jefa de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que se apartó de la agrupación Aquí Costa Rica Manda (ACRM) porque el presidente de este partido político, Federico “Choreco” Cruz, le incumplió varias promesas.
Así lo declaró a Noticias Columbia el lunes pasado y lo confirmó, con mayores detalles, a La Nación.
La vocera de la bancada legislativa de gobierno recordó que Cruz, quien fuera hasta diciembre asesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves, le había garantizado que la antigua dirigencia de ACRM se retiraría del partido, particularmente el empresario Roberto Vargas Calderón, quien fue procesado por contrabando en Panamá y es investigado por presunto lavado de dinero en Costa Rica.
“Federico lo había planteado. Dijo que tenía en su mano la carta de renuncia de Roberto Vargas y que él se iba, así como su familia, que dominaba la estructura del partido, pero ninguno se fue. Es público y notorio que participaron en las asambleas partidarias y que ahí están”, declaró Cisneros.
La diputada agregó que estas personas no son de su confianza, por lo que realmente no puede dar fe “de la gente que está ahí, de cómo se hicieron las asambleas”.
ACRM antes se denominaba Fuerza Nacional y fue el partido que postuló al periodista Greivin Moya en las elecciones presidenciales del 2022. No obstante, simpatizantes de Rodrigo Chaves, que rompieron con el PPSD, negociaron con los fundadores originales del grupo político, entre ellos, Roberto Vargas, para usar la agrupación como su nueva estructura de cara a los comicios municipales de este domingo 4 de febrero.
Así, Choreco asumió la presidencia partidaria el 17 de mayo pasado y el nombre cambió a Aquí Costa Rica Manda.
La situación llegó al grado de que, el 5 de agosto, Pilar Cisneros y ocho diputados más del PPSD hicieron público su apoyo a ACRM para las elecciones municipales. Cisneros dijo: “Ahora sí tenemos vehículo propio, no tenemos que alquilar ni buscar ningún taxi”. Choreco, en tanto, declaró en la conferencia de prensa: “Acá está la carta de renuncia de él. Ya él se hizo a un lado para no afectar ni su proceso, ni el de Costa Rica Manda”.
Un mes después, Roberto Vargas participó activamente, junto a Choreco, en la Asamblea Nacional de ACRM del 30 de setiembre, en la que los delegados eligieron a los candidatos a alcalde.
El empresario asistió como representante por Limón pese a que Federico Cruz había anunciado la carta de renuncia.
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Cuando trascendió este hecho, el delegado y fundador de ACRM declaró que, en realidad, solo había desistido de ser candidato a alcalde. “¿Por qué voy a renunciar? ¿Acaso yo cometí algún tipo de delito o algo similar?”, dijo. Además de él, asistieron a la asamblea partidaria ocho miembros de su familia que también son delegados con poder de voto.
En noviembre pasado, según una noticia dada a conocer por el medio CRHoy, páginas afines a ACRM empezaron a circular un video en el que Pilar Cisneros pide votos para esta agrupación.
En ese momento, la legisladora declaró que no había dado autorización alguna para el uso de su imagen. Alegó que la información que circula en redes es incontrolable.
Posteriormente, el 14 de diciembre, los 69 candidatos a alcalde y 391 a síndico quedaron, definitivamente, fuera de las elecciones municipales por incumplir el principio de paridad de género.
Pese al alejamiento que ha tenido Cisneros por lo que considera promesas incumplidas de Cruz, las cuentas oficiales y los seguidores de ACRM utilizan la imagen de la diputada para buscar votos para sus candidatos a regidor, que sí quedaron en pie.
“Yo lo que estoy haciendo es que doy un paso al lado y que le pido a la gente que su deber es salir a votar, que haga la tarea y vote por el mejor candidato. Lo peor que podemos es no ir a votar, porque entonces los mismos de siempre van a ganar”, apuntó la legisladora.
Este medio envió consultas a Federico Cruz y a Roberto Vargas para conocer su opinión sobre la posición de la diputada oficialista.
Desde diciembre, el gobierno y los diputados oficialistas comenzaron a dejar solo a Choreco cuando estallaron los escándalos y debió comparecer por el financiamiento de la campaña de Chaves, del 2022. En la Asamblea Legislativa, el 11 de diciembre, el publicista reveló haber recibido una donación de un asesor político argentino que no fue reportada al TSE. Ante ello, Chaves declaró: “Yo no sé qué tipo de relación tuvo él (José Norte) con don Federico. Si se va a judicializar, a don Federico le tocará responder; nada más, son hechos muy sencillos”.
También el 11 de diciembre, el presidente declaró en una entrevista con Diario Extraque Choreco ya no era su asesor, ya no le hablaba al oído y ya no era parte del comité editorial.
Desde el 1.° de octubre, luego de la controversial asamblea del partido para designar candidatos a alcalde, Douglas Altamirano, quien aspiraba a la alcaldía de San José y no resultó designado, afirmó que nunca supo cómo se financiaba el partido. Recordó que, en una ocasión, Cruz le dijo que no se preocupara por dinero, porque había $6 millones sobre la mesa.
Los casos de Vargas Calderón
Roberto Vargas Calderón es investigado por lavado de dinero en Costa Rica y fue procesado por contrabando de cigarrillos en Panamá. La Fiscalía costarricense confirmó en julio pasado que lo indaga por el delito de legitimación de capitales bajo el expediente 20-000446-0066-PE.
En el 2020, el medio CRHoy reportó que fue detenido con ¢8 millones en efectivo, dos armas de fuego y cigarrillos al parecer de contrabando, el 25 de febrero de ese año en Limón.
Posteriormente, el 26 de febrero del 2022, el empresario fue detenido en Bugaba, Panamá, mientras pasaba por un retén aduanero a bordo de un cabezal conducido por un panameño de apellido Flores, informó en aquella época AmeliaRueda.com.
Según citó el medio, las autoridades capturaron al costarricense y al panameño porque transportaban alrededor de 1.200 pacas de cigarrillos sin registro de compra ni pago de facturación, los cuales estaban ocultos bajo documentos aduaneros relacionados con mercancía de ferretería.
El Ministerio Público de Panamá informó a La Nación de que la investigación en contra del costarricense “concluyó con acuerdo de pena”, efectuado el 6 de abril de 2022.