Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.
Aparte de la caída en la intención de voto por José María Figueres, candidato del PLN, la más reciente encuesta del CIEP expone una situación realmente sorprendente de cara a las elecciones nacionales del 6 de febrero.
El porcentaje de electores indecisos aumentó significativamente entre la encuesta divulgada el 3 de noviembre y la del 24 de noviembre. Pasó de un 48% a un 53%.
Lo normal es que, conforme se acerquen los comicios y los candidatos exponen sus ideas, se reduzca el número de indecisos, pero en Costa Rica está pasando lo contrario.
Y ojo a este dato: la mayor parte de estas personas indecisas tienen una alta disposición a votar, no es que se inclinen hacia el abstencionismo.
Estos datos lo que nos muestran es la alta sensibilidad del electorado, explicó el investigador Rónald Alfaro, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR.
La volatilidad es alta. Los electores están confundidos y angustiados, añade el experto del CIEP. Ante los hechos que vayan surgiendo, los electores pueden tomar la decisión de retirar su apoyo a un candidato, pues la identificación partidaria es muy débil y abundan las opciones.
A dos meses y medio de las elecciones, más de la mitad de los ciudadanos no ha decidido su voto, mientras que hace cuatro años la cifra era de un 37% y, hace ocho años, era inferior a un 30%.
Los hechos serán determinantes en los próximos meses. Para esta encuesta, el acontecimiento que más parece haber influido fue el escándalo del caso Diamante, que implicó la detención temporal de seis alcaldes, cuatro de ellos del PLN, por presunta corrupción en obras municipales.
El desempleo y la situación económica, bases del discurso de muchos políticos, dejaron de ser la principal preocupación de los costarricenses. Ahora, el tema preponderante es la corrupción, según la encuesta del CIEP, y la mayoría de la gente considera que el caso Diamante tendrá repercusión en las elecciones.
Figueres interpreta que el enojo por el caso Diamante influyó, mientras que la candidata del PUSC, Lineth Saborío, que entró en un empate técnico con el liberacionista, prefiere no atribuir lo sucedido a un hecho en específico.
Se me sale de las manos, dijo el presidente
Los hechos son determinantes. Repasemos, ahora, las principales noticias de la semana anterior en el campo político.
El presidente Carlos Alvarado advirtió de que está en riesgo el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la falta de acción de los diputados con las reformas estructurales, para equilibrar las finanzas públicas. El asunto se le sale de las manos, dijo el mandatario.
La Asamblea no ha aprobado la reforma al empleo público y se asoma nuevas consultas a la Sala IV sobre este proyecto, impulsadas desde la Asamblea y desde la Corte Suprema de Justicia.
El PLN se unió al candidato del Frente Amplio, José María Villalta, para enterrar el proyecto de ley que eliminaría la exoneración del impuesto al salario escolar de los funcionarios públicos. El plan fue dictaminado negativamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
Figueres justificó la posición de los diputados de su partido sobre este proyecto, el cual forma parte de la agenda de ajuste del FMI, achacando falta de capacidad política al Gobierno. Ese fue su argumento después de que el PLN y demás opositores congelaron los planes del acuerdo durante meses y exigieron a Casa Presidencial presentar textos sustitutivos, los cuales Zapote accedió a enviar.
La misma Comisión de Jurídicos sí dictaminó positivamente el proyecto de reforma al impuesto a casas de lujo, el cual duplicaría el tributo para la mayoría de los propietarios.
Los legisladores, además, se encontraron un portillo para postergar la caída de la guillotina sobre los planes del FMI, a los cuales ya se les venció el plazo de discusión en comisiones.
Debilitamiento de reforma fiscal
Por unanimidad, los diputados aprobaron una reforma para eximir a la CCSS de una de las normas aprobadas en la reforma fiscal, a finales del 2018, para mejorar la liquidez de las instituciones. Se trata de la migración del pago bisemanal a quincenal.
Este plan fue impulsado por el PLN, al igual que otro para eximir a Japdeva de la regla fiscal en el uso del canon que recibe de parte de APM Terminals para invertir en desarrollo.
El Congreso aprobó el Presupuesto Nacional del 2022 pese a que la Contraloría General advirtió de que incumplía la regla fiscal en cuanto al gasto corriente, lo que incluye salarios, intereses de la deuda, transferencias y servicios.
El plan de gobierno de José María Villalta propone debilitar la regla fiscal, también introducida en el 2018, eximiendo de la medida de control de gasto a las instituciones públicas que tienen rentas propias, como lo hicieron los diputados con las hoy cuestionadas municipalidades en el 2020.
Por último, en corrillos legislativos toma fuerza la idea de decretar un receso en enero, para evitar discutir temas álgidos de finanzas públicas en campaña.
El país sigue amparado en la condescendencia del FMI en torno al segundo desembolso del crédito de $1.778 millones del acuerdo fiscal con Costa Rica.