La Sala IV ordenó al Instituto Mixto de Ayuda Social(IMAS) gestionar en 15 días el depósito de un subsidio para la familia de la joven Britney Vílchez Espinoza, quien falleció el pasado mes de setiembre por un tumor cerebral mientras esperaba a que le otorgaran el Beneficio de Atención a Familias por condición de pobreza y vulnerabilidad.
En la resolución, los magistrados señalaron que el Estado no puede aducir problemas presupuestarios para negar o atrasar la atención a personas en riesgo social. Debido a lo anterior, también ordenaron otorgarle una beca Avancemos a Kevin Espinoza Arce, tío de la muchacha.
Así lo dispusieron los altos jueces al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo planteado el 9 de agosto del 2023 por una tía de la joven y Óscar Morera, activista de la defensa de familias víctimas de femicidios.
En 2016, Britney y un hermano menor sobrevivieron al ataque de su padre, Eddy Vílchez, quien mató a machetazos a su esposa, Margarita Espinoza, y a su suegra, Mayela Arce, e intentó hacer lo mismo con su suegro, Álvaro Espinoza. El hombre fue condenado en el 2017 a 71 años de prisión por dos homicidios simples y una tentativa de homicidio.
Al momento del incidente, Britney, de 6 años, y su hermanito de un año, se encontraban en la casa. Ambos se salvaron gracias a que su tío Kevin, de 14 años, se encerró en un cuarto junto a ellos. Desde entonces, los menores vivían con su tía, Miriam Espinoza.
Pero el 22 setiembre del 2023 la tragedia asaltó nuevamente a esta familia, oriunda de Barva de Heredia. Ese día falleció Britney, entonces de 13 años, por un tumor cerebral que le fue diagnosticado 20 días antes de su deceso.
En esa ocasión, el activista Óscar Morera encaró a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, por su presunta inacción antes de la muerte de la niña.
Morera sostiene que la ministra incumplió una promesa de enviar un oficio para garantizarle atención prioritaria a la niña, tal como lo exige la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio (10.263), de mayo de 2022.
“Britney fue abandonada en múltiples ocasiones por el Estado. No les importó su tragedia, no les importó su dolor, pero lo peor, no les importaron sus derechos”, dijo el activista, cuya hija, Eva Morera, también falleció víctima de femicidio.
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Falta de presupuesto no es excusa, afirman magistrados
Miriam Espinoza y Óscar Morera plantearon el recurso de amparo debido a que el IMAS llevaba un año sin atender las solicitudes de beca Avancemos para Kevin Espinoza, y el beneficio de atención a familias para la tía de Britney, en ambos casos por su condición de pobreza y vulnerabilidad.
Espinoza tuvo una entrevista con funcionarios del Instituto el 30 de junio del 2023, sin embargo, le dijeron que su caso quedaba en estudio y pendiente a la disponibilidad de fondos presupuestarios. Desde entonces no tuvo más respuestas.
Los magistrados constitucionales comprobaron que, en efecto, un año después las solicitudes aún estaban en lista de espera. Asimismo, confirmaron que el IMAS brindó la beca Avancemos a Keylan Vílchez, no así a su tío, Kevin, que actualmente cursa la secundaria.
Al analizar el caso, la Sala IV consideró que hubo un quebranto a los derechos fundamentales de la familia Espinoza Arce debido a que el IMAS atrasó la entrega de beneficios basándose en la falta de presupuesto, pese a la condición de riesgo social y vulnerabilidad de los amparados.
Según resolvió, los antecedentes legales determinan que el Estado no puede argumentar limitaciones de carácter técnico o financiero para incumplir sus obligaciones. Por lo tanto, señaló que dilatar el otorgamiento de ayuda económica de esa forma es irrazonable, especialmente porque el IMAS ni siquiera dio un plazo aproximado para resolver.
Por ese motivo, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto, hacer las gestiones para que, en un máximo de 15 días, se le otorguen a la familia Espinoza Arce los beneficios solicitados.
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El incumplimiento de esta orden implicaría una pena de tres meses a dos años de prisión. Asimismo, el IMAS deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados. Los magistrados Fernando Castillo y Anamari Garro salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.
Los siete jueces declararon sin lugar el recurso en lo que respecta a la ley N. 10.263, que obliga el Estado a darle atención prioritaria a los hogares sobrevivientes de femicidios.
Óscar Morera y Miriam Espinoza argumentaron que el IMAS no estaba cumpliendo esa normativa, pero los magistrados explicaron que la Sala IV no debe verificar si una autoridad aplica o cumple una ley en términos generales, sino que eso debe dirimirse ante el propio IMAS, o bien, en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria.
Para Óscar Morera, este fallo es trascendental para la defensa del Estado Social de Derecho, aunque lamenta que la sentencia llegue tarde. Cuando se presentó el recurso, el 9 de agosto, Britney Vílchez aún estaba vivía, pero falleció un mes después en la “Lista de Espera”.
En setiembre pasado, Morera criticó a la ministra Cindy Quesada, por no haber respondido el recurso de amparo en el plazo concedido por los magistrados.