En un acto que calificó “de transparencia sin precedente”, el mandatario Rodrigo Chaves solicitó, el 5 de diciembre, “hacer público el expediente y el proceso licitatorio que ganó el productor audiovisual Christian Bulgarelli” para ofrecer una “consultoría estratégica en comunicación” a la Casa Presidencial, con fondos donados por el BCIE.
Ese mismo día, en horas de la tarde, la Presidencia de la República facilitó documentación relacionada con el polémico contrato de $300.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó a la empresa Nocaut, propiedad de Bulgarelli, el 17 de octubre del 2022, después de que el propio empresario había elaborado los términos de referencia del concurso.
Sin embargo, la Casa Presidencial no informó de que había ampliado esta contratación de servicios de comunicación, en marzo de este año, en $105.800, para alcanzar un total de $405.800.
Los datos sobre el incremento del 35% no aparecían en la información que Zapote hizo pública.
Al igual que la Presidencia, el BCIE también callaron esa información.
El 5 de diciembre este periódico pidió acceso al expediente completo de la contratación (la 032/2022), tanto a la Presidencia de la República como al banco, pues Zapote solo facilitó el contrato, los anexos, el cartel de licitación y la oferta de Bulgarelli.
Un día después, el 6 de diciembre, mediante un correo electrónico, el banco regional argumentó que la documentación facilitada por la Casa Presidencial correspondía al expediente completo. Agregó que, por tratarse de una “cooperación técnica no reembolsable”, no se requería de “estudios técnicos previos” para las contrataciones.
La Presidencia, por su parte, no emitió ninguna respuesta adicional, a la fecha de publicación de este artículo.
‘Solicitud del Gobierno’
El 11 de diciembre, cinco días después del mensaje del BCIE y tras reiteradas consultas de La Nación, el banco reconoció que el contrato con Nocaut (cuyo nombre legal es RMC La Productora S. A.) fue prorrogado a solicitud del Gobierno tico.
“La ampliación fue del contrato con RMC La Productora S. A., ya se ejecutó en su totalidad y se desembolsó en su totalidad”, detalló el organismo regional por escrito.
La entidad adjuntó una certificación donde constaba que el Directorio del banco acogió positivamente, el 9 de diciembre, la solicitud de Chaves de “hacer público el expediente y el proceso licitatorio”.
Inmediatamente, este medio pidió tener acceso a la documentación de respaldo de la ampliación contractual.
El BCIE respondió que facilitaría la “documentación correspondiente a la solicitud realizada por el Gobierno de la República de Costa Rica, la cual nos encontramos tramitando en las autorizaciones internas a partir de la resolución compartida”.
La tarde de ayer jueves, el banco liberó, en su sitio web, la adenda al contrato de Bulgarelli y otros documentos de esa contratación.
Los $105.800 adicionales provienen del mismo $1 millón puesto a disposición del Gobierno, como donación, para su primer año de gestión. Detalló, además, que el Poder Ejecutivo solicitó tomar esos $105.800 de la partida de $150.000 que estaba destinada para un “análisis y elaboración de una propuesta para remediar la problemática de las pensiones de lujo”.
El banco tampoco facilitó información de la ampliación cuando La Nación le solicitó, desde el 21 de agosto de este año, una copia de ese contrato y dos días después, el 23 de agosto, cuando amplió la consulta solicitando copia del expediente contratación.
El 4 de setiembre, 12 días después, y tras llenar un formulario en línea para acceder a los documentos, este diario solo recibió el contrato, sin los anexos donde se especificaba los detalles de los servicios contratados a Bulgarelli, y otros tres documentos que ya eran públicos en el sitio web del banco.
En esa oportunidad, no se informó ni se aportó ningún documento que acreditara la ampliación del contrato, a pesar de que se había gestionado desde marzo, seis meses antes.
Este diario publicó una entrevista con Christian Bulgarelli el 3 de octubre pasado, en la que él negó que hubiese obtenido una prórroga de ese contrato. Por el contrario, insistió en que el negocio fue de $300.000, que terminó en setiembre de este año y que solo estaba terminando de cobrar algunas facturas pendientes.
Múltiples negativas previas
La Casa Presidencial también se opuso a facilitar la documentación de la contratación ante la solicitud del diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, quien incluso acudió a la Sala IV para acceder a esa información. Este último trámite aún está en curso.
Presidencia levantó la cláusula de confidencialidad del contrato después de que el diario La Nación publicó, el 4 de diciembre, la primera entrega de Los audios de Presidencia, una serie de artículos donde se constató que esta polémica contratación comenzó a fraguarse pocos días después de que el mandatario Chaves asumió la Presidencia, el 8 de mayo del 2022.
De acuerdo con los audios, el propio presidente la habló a Bulgarelli del dinero antes de que el BCIE sacara el contrato a concurso público.
El 3 de agosto, este medio también había enviado un correo electrónico a la Casa Presidencial solicitando una copia del contrato que Christian Bulgarelli o alguna de sus empresas tenía con Casa Presidencial, debido a que la ministra de Educación, Anna Katharine Müller, lo había descrito como “asesor de comunicación del presidente” en una carta enviada a diputados del Frente Amplio, el 13 de julio.
El jueves 17 de agosto, 14 días después, Presidencia omitió entregar el contrato. Solo alegó: “El señor Christian Bulgarelli Rojas no es asesor interno o externo de Casa Presidencial. El señor Bulgarelli es contratista del BCIE”.
Ante esa respuesta, el lunes 21 de agosto, una periodista de este diario envió nuevas consultas. En esa ocasión, se insistió en adjuntar el contrato e indicar, entre otros aspectos, el monto de la contratación, la fecha del contrato, los servicios contratados y el plazo de la contratación.
Dos días después, el miércoles 23 de agosto, La Nación volvió a solicitar una copia del contrato firmado y del expediente de esa contratación.
Ese mismo día, el presidente Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa, aseguró que la información de ese contrato no debía pedírsele a Casa Presidencial, sino directamente al banco, gestión que también se hizo sin éxito, como ya se contó previamente.
Ante la Sala IV, la Presidencia de la República y el BCIE lucharon por ocultar el expediente de esa contratación. El representante de Costa Rica ante el BCIE –nombrado por Chaves–, el exdiputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), negó el acceso a la documentación y pidió a los magistrados declarar sin lugar el recurso, amparándose en la inmunidad del banco regional.
Dichas negativas se produjeron entre setiembre y noviembre de este año.
Nota del editor: Esta información se actualizó el 15 de diciembre a las 6:55 a. m..