El viernes pasado, durante un acto público en San Ramón, el presidente Carlos Alvarado se mostró convencido de que el país debe replantear el modelo de aseguramiento social para los trabajadores independientes.

No obstante, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está muy lejos de su visión.

Con datos en mano, el mandatario expuso su preocupación por el porcentaje de trabajadores informales en el país y por los costos del aseguramiento:

“Tenemos que entrar a discutir otra cosa como país y es la informalidad. El 45% de nuestra fuerza de trabajo es informal, muy asociada con la baja calificación y porque no es rentable”.

“Y esta es una discusión que se ha vuelto tabú en Costa Rica, pero hay que hablarlo. No es rentable entrar en un modelo de aseguramiento cuando el esquema laboral no es suficientemente productivo, entonces la gente opta por la informalidad. Y esa es la verdad.

“Mantenemos un mismo esquema para el gerente de la empresa trasnacional que gana ¢10 millones al mes, pero le pedimos los mismos esquemas a otra persona que gana el salario mínimo y que no tiene tanta productividad.

“Ahí estamos sistémicamente generando una desigualdad, pero hemos vuelto ese tema un tabú. Porque el que toma ese tema le dicen ‘usted quiere destruir el Estado social de derecho’ porque así se financian las instituciones.

“El Estado social de derecho no es un fin en sí mismo, sino que sirve para proteger a la gente.

“Y cuando se deja de proteger a la gente, no hay que destruir el Estado social de derecho, sino hay que repensarlo, sin tabúes ideológicos, sin miedo”, afirmó el mandatario.

A la luz de este planteamiento, que no es la primera vez que Alvarado expone, el Gobierno dirigido por él debería estar buscando la reforma de replantear el esquema de aseguramiento.

No obstante, la CCSS, en lugar de ello, sacó a consulta pública un nuevo reglamento de aseguramiento que, más bien, despertó la molestia de sectores que representan a trabajadores independientes.

El Colegio de Abogados señaló que la Caja pretende aplicar políticas “confiscatorias” y “discriminatorias” en contra de los trabajadores independientes.

“Esto es un insulto a la inteligencia y a todos los procesos que se han hecho para cambiar todo esto, porque pretenden legitimar lo que han venido haciendo con cobros y traslados retroactivos de cuotas, así como las discriminaciones a los independientes con el doble del cobro que los asalariados”, afirmó Adrián Torrealba, coordinador de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Costa Rica.

El abogado constitucionalista, Rubén Hernández, y el especialista en Derecho Administrativo, Alan Thompson, coincidieron en que la Caja comete “abusos” contra los trabajadores por cuenta propia, que representan un 26,8% de la fuerza laboral costarricense.

Los especialistas critican estos cuatro puntos en el reglamento de aseguramiento para independientes:

-Los independientes seguirán cotizando hasta el 18,5% de sus ingresos netos, mientras que los trabajadores asalariados aportan un 10,5% de su remuneración (contemplando el 1% del aporte al Banco Popular).

-Se mantendría el cobro retroactivo. Esto funciona así: si un trabajador independiente se quiere asegurar hoy, la CCSS revisa sus declaraciones de renta ante Hacienda para cobrarle todas las cuotas desde hace 15 años atrás o desde que ese trabajador comenzó su actividad económica. Con el nuevo reglamento, la Caja quiere cobrar diez años en retroactivo.

-Se incorpora una nueva definición de trabajador independiente, la cual establece la obligatoriedad de afiliarse a “toda persona física que desarrolla de forma autónoma una actividad o trabajo generador de ingresos de carácter no salarial”. Con ello, tendrían que cotizar por sus ingresos, por ejemplo, quienes obtengan ingresos por alquileres, así como accionistas que obtengan ingresos por rendimientos.

-A la hora de calcular la cotización, ya no solo se incluirían los ingresos por el trabajo, sino también otras entradas de carácter no laboral, como alquileres o intereses por inversiones.

Los dos primeros puntos son fundamentales. El aseguramiento con la CCSS es fundamental para que la población acceda al seguro de salud y a una pensión para la vejez, con el agravante de que hoy miles de personas están excluidas del sistema y 1 de cada 3 adultos mayores vive sin pensión.

El país debe plantearse si la cotización a la Caja es un “impuesto al trabajo” o es un aseguramiento como tal.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández hizo la siguiente observación sobre el caso de los cobros retroactivos: “Desde hace tres años, la Sala dijo que las cuotas del seguro son contribuciones parafiscales y si son parafiscales, lógicamente tienen que regir por el Código de Procedimientos Tributarios y la prescripción de materia tributaria es de cuatro años y la CCSS está poniendo una prescripción de 10 años. Eso es arbitrario e inconstitucional”.

800.000 excluidos

Según una publicación hecha por La Nación en diciembre del 2019, más de 800.000 personas carecen de seguro de salud de la CCSS y existe una tendencia al alza.

Entre el 2012 y el 2018, la cantidad de no asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó en 118.000 habitantes, al pasar de 686.000 a 804.000.

Para el 2018, las personas sin seguro representaban el 16% de la población nacional.

Durante esos seis años, la población no asegurada creció a un ritmo mayor que la de todo el país. La primera subió en un 17% y la segunda, en un 7%.

De las 800.000 personas sin seguro, la mitad corresponde a pobres y la otra mitad a habitantes no pobres. Los que más han aumentado son los pobres, que pasaron de 284.000 a 399.000 entre el 2012 y el 2018.

¿Eso significa que la CCSS no les da servicios? No. La Caja sí les da servicios, aunque no cotizan, de acuerdo con los principios de solidaridad y universalidad.

De hecho, la entidad está obligada a proyectar el total de personas desprotegidas que requerirían una eventual atención, aun cuando no puedan pagar por ella.

Sin embargo, el dinero disponible no alcanza para cubrir la atención de este segmento. Por ley, la CCSS recibe recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para pagar el aseguramiento, por cuenta del Estado, de las personas pobres.

No obstante, estos fondos solo alcanzan para subsidiar a 297.000 personas, entre asegurados directos y beneficiarios.

La otra mitad de no asegurados la conforman poco más de 400.000 personas catalogadas como “no pobres” por la la Encuesta Nacional de Hogares. Son, por ejemplo, ciudadanos que tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas, pero no les alcanza para pagarle a la Caja por aseguramiento.

Otras son personas que cayeron en la indigencia médica, es decir, que estaban aseguradas porque eran asalariadas, pero perdieron el seguro al quedar desempleadas.

Lo que quiso decir

Si el presidente está convencido de que el país debe superar el tabú ideológico y discutir este tema, sería una lástima que no tenga observaciones precisas sobre el reglamento que impulsa la CCSS.

La Nación consultó al ministro de Comunicación, Agustín Castro, si el presidente se refería al nuevo reglamento de aseguramiento de la CCSS en sus declaraciones del viernes.

Castro dijo que el gobernante no se refería a esa propuesta, sino a la “importancia de analizar mecanismos que permitan financiar la institucionalidad social existente, sin encarecer excesivamente el costo de las planillas que pagan los patronos”.

Adujo que si el costo de las planillas es excesivo, eso perjudica la creación de más empleos formales, especialmente en los trabajos con menor productividad y que requieren menor calificación.

“Claramente, en esos casos, para hacer más atractiva la creación de nuevos puestos de trabajo o la formalización de estos, pero manteniendo el mismo nivel de recursos para las instituciones sociales, esto debe financiarse con otras fuentes de recursos, que no encarezcan la planilla”, argumentó el ministro.

Es evidente que la posición presidencial choca con pared en la Junta Directiva actual de la CCSS.

El Gobierno nombra tres de los nueve miembros que tiene la Junta Directiva de la CCSS. Otros tres los nombran organizaciones de trabajadores y otros tres organizaciones empresariales.

Bajo este esquema de conformación de la cúpula de la Caja, es difícil que el actual y cualquier gobernante prometan y cumplan cambios en el esquema aseguramiento, pues la decisión no depende de ellos, sino de una directiva en la que el Poder Ejecutivo no es mayoría.

Sin embargo, el Gobierno sí coloca al presidente ejecutivo de la institución, quien puede desplegar visión y convencimiento en la institución sobre el tema.

Por lo pronto, el gobierno de Alvarado apoya dos planes que apoyarían de manera distinta a los independientes. Uno es un proyecto del PUSC de amnistía para los deudores de la CCSS y el otro es el plan de renta global, que reduciría el pago de impuestos para los cuentapropistas.

Pero, ojo, hay que tomar en cuenta que, en renta global, para beneficiar a los independientes, se subiría el impuesto a parte de los asalariados.

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