Según la directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), este órgano tiene claro que debe hacer cambios en el sistema salarial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas universitarias. La discusión, según dijo, debe ser ya.
“Políticamente estamos claros de que es un tema que tenemos que enfrentar ya. No podemos archivarlo, ni dejarlo tirado. Y sí quisiéramos poder entrarle a todo el sistema salarial. Eso no es tan fácil como decir que en lugar de A vamos a hacer C, y después resulta que C, según un estudio actuarial, puede ser peor que A. Empezará toda una discusión de fondo”, dijo Teresita Cordero.
De acuerdo con la psicóloga, el Consejo está “realmente preocupado” y tiene voluntad para valorar, durante los próximos meses, posibles reformas que puedan darle sostenibilidad al esquema de remuneraciones.
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“Hay un reconocimiento de que nosotros tenemos que hacer cambios en nuestro sistema salarial de manera integral. Desde finales de la década del 2000, la Contraloría Universitaria ya había hecho un estudio y una alerta, es algo que ha venido insistiendo, que el régimen salarial tiene que revisarse integralmente”, afirmó Cordero.
Sobre la mesa está la propuesta que hizo recientemente Henning Jensen, rector de la UCR, y que ya había planteado a inicios de año el catedrático Carlos Sandoval, de revivir el tope a la cantidad de años en los que los funcionarios universitarios pueden recibir aumentos salariales por concepto de anualidad.
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Dicho límite fue de 30 años, entre 1999 y el 2009, cuando el propio CU lo eliminó, con base en un voto de 2008 de la Sala Constitucional, que anuló el tope de 30 años en la Ley de Salarios de la Administración Pública.
La UCR paga anualidades de 3,75% sobre el salario base más pluses. Se trata de un aumento salarial adicional por cada año cumplido
Ese es un porcentaje que según Jensen es “insostenible”. Para el 2019, la UCR presupuestó ¢64.000 millones en anualidades para sus 9.794 funcionarios. Según la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau), en cinco años la institución enfrentará un déficit de ¢25.700 millones.
Según la Rectoría, según proyecciones de la misma instancia, la reactivación del tope generaría un ahorro de ¢1.700 millones en el primer año.
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La directora del Consejo Universitario afirma que hay desigualdad entre las condiciones de trabajo de quienes laboran desde hace décadas y ganan varios millones de colones al mes, y de los docentes más nuevos, cuyos salarios son comparativamente bajos. Aun así, la académica se pregunta qué pasaría si el tope se revive.
“¿Cómo usted cuantifica la experiencia, cómo cuantifica el trabajo que ha hecho más allá de 30 años?”, cuestionó Cordero.
Pese a ello, la psicóloga afirmó que al día de hoy, la propuesta de Jensen “tiene ambiente”. Eso sí, no se atreve a decir qué pasará más adelante.
Según Cordero, la expectativa es que la discusión se resuelva en el 2020.
El 27 de noviembre, el Consejo Universitario le comunicó al jerarca universitario que la iniciativa se analizará en su Comisión de Ciencia y Posgrado. El órgano le solicitó al rector trasladarles la opinión de la Oficina Jurídica sobre la iniciativa, así como un informe sobre los factores que hacen factible la reforma, las implicaciones legales de la propuesta, el número de años en el que considera que se debe fijar el tope y el impacto que tendría la medida.
De acuerdo con Cordero, al Consejo le interesa “blindar” las acciones que vaya a implementar, ante el temor de que la Sala Constitucional pudiera frenarlas.
“Don Henning ha insistido muchas veces en que lo cambiemos ya, pero la pregunta tiene que ser: ¿son 30 años, son, 25, o 20? Si esa posibilidad está, ¿dónde está el tope? Donde está la sanidad de lo que significaría las finanzas de la universidad, además hay derechos laborales. ¿Qué pasa con la convención colectiva?”, planteó la académica.
Cordero señaló que el Consejo tampoco puede “correr” a aprobar reformas sin tener en cuenta el contexto nacional. Por ejemplo, señaló que aún debe esclarecerse en qué medida la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas afecta a la universidad.
Dicha reforma obligó a todo el sector público a transformar los incentivos salariales de un porcentaje a un monto fijo, que se calculó a partir de una base de 1,94% para funcionarios profesionales y 2,56% para no profesionales.
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No obstante, la UCR y otras tres universidades públicas se niegan a cumplir con dicha orden, por lo cual presentaron una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Según Cordero, lo que se resuelva en ese tema determinará qué curso toman las discusiones en el CU.
"Eso va a cambiar totalmente, el 3,75% va a cambiar y va a haber un ahorro significativo en cuanto a anualidades, habría que valorar en ese contexto si eso implica también topes.
“Aquí esto debe ser visto globalmente, si este diferendo se resolviera a mediados de 2020, o en enero de 2020, eso marca todo lo demás. En ese contexto, un tope con el nuevo sistema, o el viejo, habría que ver qué implicaciones tiene para las personas”, dijo Cordero.