La inspección técnica vehicular debe abrirse a varios oferentes, según el criterio expresado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para quien antes de pensar en ampliar el contrato con la empresa Riteve SyC, deberán valorarse una serie de aspectos legales, ambientales y de competencia para definir el nuevo modelo, que es una incógnita a siete meses de vencer el contrato.
Su valoración, sin embargo, contrasta con la solicitud planteada este martes por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) ante la Contraloría General de la República, para que autorice una prórroga del convenio con la empresa española que tiene a su cargo la inspección vehicular. Ese servicio está establecido por ley para todos los automotores del país.
La decisión del Cosevi se dio tras conocer una acción de inconstitucionalidad presentada por la asociación ambientalista Preserve Planet, la cual defiende el modelo actual, al considerar que ha dado buenos resultados para evitar la contaminación y que el sistema utilizado anteriormente era ineficaz y fomentaba la corrupción.
Esa gestión, dado el tiempo que tomaría el tribunal constitucional para resolverla, que puede ser hasta de dos años, impediría dejar en firme nuevas contrataciones. Es por esa razón que el Cosevi optó por pedir la prórroga como una medida de imprevisibilidad, con el fin de garantizar la continuidad del servicio a partir de julio próximo.
Para el ministro, la solicitud de Cosevi no es posible sin antes realizar consultas más amplias y valoraciones en el seno del Poder Ejecutivo.
“Yo soy creyente en la necesidad de apertura, creo que la valoración de la solicitud del Cosevi es un tema para analizar a lo interior del Gobierno (...) La instancia que me formula el Cosevi es muy específica, habla de una autorización para iniciar negociaciones y eso no lo veo sin consultas más amplias”, sostuvo.
Consultado sobre el próximo vencimiento del contrato y la ausencia de un camino claro para garantizar el servicio, el jerarca insistió en que precisamente por esa razón se iniciaría el análisis legal en el Ministerio.
Entretanto, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recomendó en un criterio emitido el martes, que el MOPT debe procurar la competencia y libre concurrencia para la inspección técnica vehicular. Esa posición se basa en estudios y opiniones recogidos desde el 2018 y concuerda con lo establecido en la Ley de Tránsito, que contempla la existencia de varias empresas para brindar el servicio.
La ley también indica que los centros de inspección vehicular deben ser supervisados por el MOPT y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), pero sin especificar cómo se realizaría esa tarea en caso de existir múltiples oferentes.
La empresa Riteve SyC se encarga de la revisión técnica desde 2002. Inicialmente, el servicio se concesionó por un plazo de 10 años, que posteriormente fueron prorrogados por 10 años más, siendo julio del 2022 la fecha de término definitiva. El contrato establecía que posterior a esa segunda prórroga no había posibilidad de realizar nuevas extensiones.
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Además, una vez que culmine la relación con el Gobierno, las 13 estaciones fijas y las cuatro móviles que tiene la empresa, así como todos sus equipos pasarán a ser propiedad del Estado, lo que permitiría que el MOPT asuma esa función si lo considera factible.