Cruzar la carretera hacia Limón (ruta 32) con sus tres hijos se convirtió en una angustia permanente para Sianny Córdoba, quien a diario tenía que arriesgarse para lograr llegar a la escuela La Libertad, en Pocora de Guácimo. Finalmente, tuvo que tomar la decisión de cambiarse de casa y alquilar al otro lado de la vía (donde se ubica la escuela) para así dejar de vivir con miedo.
Ella cuenta que la decisión de poner por delante la seguridad de sus hijos se sustentó en que a la fecha no hay una esperanza de que vayan a contar con un puente peatonal que les facilite pasar de un lado a otro. Lo que sí comprueba todos los días es que, mientras la ampliación de la ruta avanza, el trayecto se vuelve más peligroso por el alto tránsito y la cantidad de vehículos pesados que circulan a toda hora en ese sector de la provincia de Limón.
Precisamente, en Pocora de Guácimo es donde los vecinos más resienten que no se les tomara en cuenta para diseñar obras de seguridad como parte del proyecto de ampliación de la carretera de 107 km que va desde el cruce hacia Río Frío hasta el centro de Limón.
“Cuesta demasiado cruzar, hay demasiados accidentes y mucha negligencia porque a veces un carro le da campo a uno y en eso raya una moto, y eso que ahorita apenas hay dos carriles. Cuando haya cuatro, no me imagino. Además, es una cantidad de gente la que va a las piñeras y a la Universidad EARTH y eso es mucho peligro. Aquí solo se oye de atropellos”, contó Ileana Salazar, quien caminaba junto a Sianny el miércoles por un lado de la calle, esperando para cruzar en el centro de Pocora.
Cerca de esa comunidad, partida en dos por la carretera, se construye un puente peatonal, pero se ubicó a más de 600 metros del centro.
Por ahora solo están las bases de la estructura, que es construida en un punto intermedio porque en teoría serviría tanto a los vecinos de Pocora como a los de las Mercedes. Sin embargo, en la práctica, para ninguno de los habitantes resulta lógico pensar que alguien caminaría hasta ese puente ubicado en medio de la nada para cruzar la calle, exponiéndose además a ser víctima de asaltos.
“Al menos en Pocora, que es donde yo vivo, no vemos indicio de puente peatonal. Hay uno, del cual apenas están las bases, entre Las Mercedes y el río Dos Novillos, pero ese puente va a servir para asaltos, es una zona muy sola y oscura. Mucha gente, antes de ir ahí a esperar que la asalten, va a elegir tirarse por la calle y el problema aquí es que hay niños que viven del lado sur y están matriculados en la escuela que está al norte. Entonces es complicado ese cruce, el colegio diurno y nocturno también están del lado norte y todos los estudiantes que viven al sur tienen que cruzar , cuando la calle esté a cuatro carriles va a ser demasiado peligroso”, se quejó Marielos Muñoz.
Ella es representante de la Unión Caribe, una asociación cívica que se organizó desde el inicio de la construcción de la carretera para tener mayor claridad sobre el futuro de las obras. No obstante, reconoció, en varios meses no han logrado saber exactamente con qué obras de seguridad va a contar la vía.
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El reclamo se repite en comunidades como el Cairo de Siquirres, donde incluso se tenía convocada una protesta para este sábado. Según la invitación, los vecinos reclamarán por la ausencia de un puente peatonal frente a esa localidad, calles paralelas y acceso a propiedades que quedaron aisladas con la construcción.
En Siquirres, la principal preocupación de trabajadores, como Alberto González, es que no hay claridad sobre si contarán con ciclovías. Él teme que los vehículos pesados, que ya de por sí transitan a gran velocidad, se conviertan en un peligro mayor para quienes como él utilizan este medio de transporte para trasladarse a sus empleos en las piñeras.
El proyecto de ampliación tiene un costo de $465 millones e incluye, según la información del Consejo Nacional de Vialidad, 26 km de ciclovías, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, 11 retornos y 18 accesos a calles principales.
Sin embargo, desde que se dio la orden de inicio a los trabajos, el tema de las obras complementarias de seguridad comenzó a sonar entre los vecinos de la ruta, pues alcaldes y asociaciones comunales reclamaron que mucha infraestructura de seguridad quedó fuera del diseño integral que le fue encargada a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
Además de puentes peatonales como el que reclaman en Pocora, las solicitudes incluyen bahías para autobuses, más kilómetros de ciclovías, aceras, accesos a comunidades, retornos, pasos de fauna y vías marginales.
La lista ha ido creciendo conforme avanza el proyecto y también el costo. Inicialmente, se había estipulado que dichas obras tendrían un valor de $65 millones.
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En mayo del 2021, al rendir cuentas a los diputados, el presidente Carlos Alvarado prometió que el dinero para dichas intervenciones se tendría antes de finalizar el año, pero eso no se cumplió.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró a La Nación que el costo de las obras oscila entre los $100 millones y $150 millones, pues se están haciendo ajustes en los diseños y revisando nuevas solicitudes de las comunidades.
La intención del Gobierno es que dichos recursos sean financiados por el banco chino Eximbank, mismo que otorgó el crédito para la ampliación, por lo que las obras también deben encargarse a la empresa china.
Pero, a la fecha, no hay claridad sobre el estado de dicha solicitud. El ministro adelantó a este diario que conversan por la vía diplomática, aunque no dio certeza de que el mismo pueda quedar amarrado antes del término de esta Administración, el 8 de mayo.
Además, los recursos tendrán que estirarse pues también se pretende que estos sirvan para cubrir fallas identificadas durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, la colocación de una carpeta asfáltica adicional para extender la vida útil del pavimento por 10 años más (se diseñó para 10 años), y reparar obras para el manejo de aguas como cunetas y drenajes que se construyen con estudios desactualizados y cuyo impacto ya ha quedado en evidencia durante los últimos temporales.
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A la fecha, el plazo para entregar la carretera vence en mayo próximo, pero la obra tiene un avance de poco más de 50%, según el último informe de supervisión, cuando a la fecha debería superar el 95%.
A pesar de estas circunstancias, el ministro aseguró que el 90% del tramo de 107 km quedaría en servicio a cuatro carriles al terminar este año.
El plan del MOPT es que con la adenda al crédito y la respectiva extensión del plazo contractual para las obras complementarias, se pudiera completar el proyecto integral con todos los pendientes para el 2024 y así subsanar los retrasos producto del lento trámite de expropiaciones.
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Los últimos estudios de tránsito que se hicieron en la carretera (previo al inicio de las obras), estimaban que por esa carretera circulaban a diario unos 14.000 vehículos de los cuales un 30% correspondía a camiones pesados.
Eso sí, dicho análisis no contemplaba el aumento del flujo por la puesta en operación de la Terminal de Contenedores de Moín, puerto que se inauguró en febrero del 2019. Tampoco previó el puesto fronterizo de Tablillas, al que se llega por la ruta entre Chilamate y Vuelta Kooper inaugurada en el 2017.